A pesar de la ratificación de numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos hechos por los gobiernos de Guatemala y Honduras, la Amnistía Internacional sigue documentando gran cuantidad de violaciones a los derechos humanos, sociales e culturales de comunidades más marginados de estos países. El informe titulado "Persecución y resistencia: La experiencia de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala y Honduras", expone los ataques sistemáticos y reiterados que se cometen contra quienes defienden los derechos de las comunidades marginadas, como los pueblos indígenas o las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.
Ratificar tratados de derechos humanos significa asumir voluntariamente el compromiso jurídico de respetar las disposiciones de dichos instrumentos, los cuales están a cima de la legislación ordinaria del país. En este caso, es obligación de los gobiernos, ante los órganos internacionales, garantizar el respecto por los derechos humanos y tomar medidas efectivas para asegurar que los agentes estatales puedan actuar con el fin de impedir abusos, investigarlos cuando se cometen, llevar ante la justicia a quienes participan en violaciones de derechos humanos y proporcionar reparación a las víctimas. En este informe, la Amnistía cuenta caso que traducen exactamente lo contrario.
El documento presenta casos de violaciones que siguen sin respuesta del gobierno, tanto en relación a la punición de los violadores cuanto a la reparación de las victimas, lo que es condenado por la entidad. "Cuando un gobierno no condena, impide ni remedia violaciones contra defensores o defensoras de derechos humanos, transmite el mensaje de que tales violaciones se toleran", dice lo informe.
Uno de los casos de violación presentados en el informe ocurrió al tesorero de la Asociación Arcoiris (organización hondureña de defensa de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), Donny Reyes. Según relató a Amnistía, Reyes fue detenido el 18 de marzo de 2007 por seis agentes de policía que le dieron el alto cuando salía con una colega de las oficinas de la asociación en Tegucigalpa. Ellos le pidieron sus documentos de identidad y aunque los mostró, los agentes lo golpearon y lo obligaron a subir al vehículo policial.
Cuando llegaron a la comisaría de Comayagüela, Donny oyó al agente que lo había metido en la celda anunciar a los otros detenidos: "Miren, aquí les traigo a una princesita, ya saben lo que tienen que hacer". Esto fue el señal para Reyes ser golpeado y violado por los otros detenidos. El tesorero quedó en libertad al cabo de seis horas y media, cuando pagó una suma de dinero. A pesar de la denuncia ante el Ministerio Público y ante un alto cargo de la policía, hasta la publicación del informe no ha habido avances en las investigaciones de la detención arbitraria y tortura infligidas a Donny Reyes. Esto seria solamente uno de los frecuentes ataques sufridos por la Asociación Arcoiris.
Sobre casos como este, la Amnistía Internacional afirma que "al no adoptar los gobiernos medidas positivas, decisivas e integrales que protejan al colectivo de defensores de los derechos humanos de modo que puedan llevar a cabo su trabajo, se genera un entorno susceptible de contribuir a socavar su labor y a comprometer gravemente su seguridad". Para garantizar que estos grupos puedan desempeñar su trabajo sin sufrir ataques, miedo ni intimidación, el informe concluye formulando recomendaciones a los gobiernos sobre los principales pasos que deben dar para hacer de los compromisos contraídos una realidad.
