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Afectados por la crisis
Por Adital - Guatemala. 11 de noviembre de 2005

En un documento Plataforma Agraria de Guatemala resume el contexto en que se estableció el Plan de Atención Social por la Crisis del Café, sus escasos resultados, las obligaciones adquiridas por entidades gubernamentales y el significado de su incumplimiento. Asimismo, hace unas consideraciones acerca del papel de los medios de comunicación y da pormenores del proceso de auditoría solicitada a la Contraloría General de Cuentas.

El propósito del documento es explicar a la opinión pública cómo en un proceso de lucha de organizaciones sociales, en lugar de tener como resultado la solución a las demandas planteadas, se violan los derechos humanos de sus integrantes. "Esto sucede porque las instituciones del Estado conciben a las organizaciones del movimiento social como una amenaza, no como un actor que puede desempeñar un rol importante para avanzar hacia una sociedad más cohesionada. Además alientan la existencia de una sociedad civil débil y fragmentada, ya que carecen de mecanismos y no les interesa crearlos en la perspectiva de entender, respetar y aplicar las dinámicas organizativas de las comunidades rurales e indígenas".

Plataforma Agraria solicitó desde finales de 2001 una política pública para beneficiar a 50 mil familias afectadas por la crisis del café. Después de participar durante un año en mesas de trabajo con representantes gubernamentales, desarrollar una estrategia de medios y realizar diversas acciones de presión social, esta alianza multisectorial logró que el entonces presidente de la República, Alfonso Portillo, aprobara el Plan de Atención Social en diciembre de 2002.

Conciente que en ese tiempo se encontraba próximo un año electoral, Plataforma Agraria propuso mecanismos a fin de que la ayuda económica para cada familia (establecida en el Plan de Atención Social) se canalizara a través de sus comunidades y organizaciones con personería jurídica. Con ello se buscaba impedir que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y/o las municipalidades intervinieran en su ejecución a fin de evitar que se politizara la entrega de fondos no reembolsables.

Pese a que el Plan de Atención Social fue diseñado como una acción de urgencia nacional, el gobierno tardó cinco meses en aportar los primeros 15 millones de quetzales. El retraso en la entrega de fondos motivó a las organizaciones de Plataforma Agraria a convocar a nuevas acciones de presión y denuncia. En julio otorgó 6,1 millones y en diciembre 9,8 millones de quetzales. La suma total recibida ascendió a 30,9 millones, que fueron distribuidos entre 12.485 familias campesinas pobres, que aportaron ideas para diseñar el Plan, participaron en el proceso de negociación y se movilizaron para lograr que se institucionalizara.

Con la publicación del Acuerdo Gubernativo 475-2002, el Plan de Atención Social se convertía en una política pública de interés nacional y urgencia social, que respondía a las necesidades de la población más afectada por la crisis generada por la caída de los precios del café. Se concebía como un instrumento para alcanzar la coordinación interinstitucional y de soporte para exigir los recursos financieros requeridos. En suma, establecía obligaciones y responsabilidades para el Estado de Guatemala y su gobierno.

Ninguna de estas obligaciones fue cumplida por el gobierno, ya que el único resultado del Plan de Atención Social fue la entrega limitada y con importantes retrasos de 30,9 millones de quetzales. Cabe señalar que en los municipios productores de café aproximadamente el 74% de la población vive en estado de pobreza, de ese total, dos terceras partes sobreviven en pobreza extrema.

Para Plataforma Agraria el incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 475-2002 representa la violación a cuatro derechos fundamentales de las personas y de las organizaciones beneficiarias que se consignan en el mismo: derecho a la organización social; protección de las mujeres y las organizaciones de mujeres; derecho al trabajo; y derecho al comercio y a la propiedad privada.

Fuente: www.adital.org.br


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