La situación de los medios de comunicación comunitarios en Centroamérica será uno de los temas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigará en su 125° período extraordinario de sesiones en los días 18 y 19 de julio, en Guatemala. En este país uno de los casos que más preocupa es el cierre de las radios comunitarias.

Según datos de la Fiscalía Especial de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público, en lo que va del año se han registrado más de 55 allanamientos en contra de las radios comunitarias que operan en el país de forma ilegal debido a que la Ley de Telecomunicaciones vigente, no ha sido modificada para que contemple esta figura radiofónica y se les asignen las debidas frecuencias radioeléctricas.

Las estadísticas de la Fiscalía Especial apuntan que durante estos operativos, también se han producido captura en contra de los directores, dueños y operadores de las emisoras populares, así como el decomiso y secuestro de los equipos de transmisión de las emisoras que han sido catalogadas como "radios piratas".

Los allanamientos realizados por el Ministerio Público se han registrado en los departamentos de Zacapa, Jalapa, Izabal, Chiquimula, Petén, Jutiapa, Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, donde varias personas han quedado sujetas a proceso, se han dictado sentencias condenatorias y se ha llevado a juicio oral a dos radialistas comunitarios.

El Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria (CGCC) ya ha alertado a la comunidad nacional e internacional a no dejarse sorprender por informaciones de desprestigio en contra del movimiento de radios comunitarias en Guatemala, que difunden principalmente la radio y la televisión guatemalteca, que están en manos de monopolios y oligopolios nacionales y transnacionales.

Un ejemplo reciente fue el cierre de la radio Ixchel del municipio de Sumpango, Departamento de Sacatepequez. El allanamiento tuvo lugar el día 07 de julio. Esta emisora es integrante de la Asociación Mujbalbyol, una de las coordinadoras asociadas a AMARC en Guatemala y como tal participa de la Mesa de Diálogo impulsada por el propio gobierno para dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2005, para adecuar su normativa en radiodifusión y dar reconocimiento legal a las radios comunitarias.

Radio Ixchel de Sumpango es respaldada por un alto porcentaje de su comunidad, operada por una asociación de vecinos y no interfiere a ninguna emisora comercial. Un día antes de la agresión, había recibido a una delegación de la Unión Europea quienes se encuentran haciendo visitas a diversas radios comunitarias para hacer un documental sobre su aporte al desarrollo y la diversidad cultural.

AMARC ha reclamado al Ministerio Público que cesen las persecuciones contra radios comunitarias y ha solicitado al gobierno del presidente Óscar Berger que tome medidas concretas para asegurar un mínimo marco de confianza y tranquilidad para seguir con las reuniones de la Mesa de Diálogo.

La petición presentada por el Estado de Nicaragua por supuestas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado de Costa Rica; tratados de libre comercio y derechos humanos en Centroamérica; situación de las mujeres privadas de libertad en Honduras; obstáculos en la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos en El Salvador; caso de las hermanas Mejía Ramírez y el caso hermanos Contreras, de El Salvador; situación de los derechos sindicales en El Salvador; situación del derecho colectivo de propiedad de los pueblos indígenas en Centroamérica; violencia intrafamiliar o doméstica en Centroamérica; situación de derechos humanos de las comunidades campesinas e indígenas en Honduras; y la situación de las personas afectadas por las concesiones de explotación minera a cielo abierto en Centroamérica, son otros temas que la CIDH deberá tratar en las audiencias.