La organización de derechos humanos Cejil (Centro por la justicia y el derecho internacional) se manifestó en contra del fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que favoreció a 17 militares acusados de haber participado en una matanza en 1982.

"Con ese fallo se dejan sin efecto, entre otros, las declaraciones de algunos militares en calidad de prueba anticipada- que reconocieron su participación en los hechos", dijo en un comunicado el martes el Cejil, que apoyó a los familiares de las víctimas para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Cejil, que tiene su sede en la capital costarricense, dijo que los magistrados guatemaltecos notificaron la semana pasada a la Asociación de familiares de detenidos-desaparecidos de Guatemala la acogida de un Amparo presentado por algunos imputados en el caso de la Masacre de la Aldea Las Dos Erres.

También afirmó que la preocupación radica en que el fallo podría tener un impacto negativo "en una sociedad caracterizada por la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos".

"Este fallo, que no contiene argumentos jurídicos que fundamenten la decisión, aumenta la preocupación por la falta de eficacia de la justicia guatemalteca para responder por los crímenes cometidos en el país, tanto del pasado como del presente", señaló Cejil.

Además la Corte inhibió al juez que conoce la causa de seguir con su labor en el proceso y remitió el caso a otra sala.

El proceso judicial por la masacre en Las Dos Erres, ocurrida en diciembre de 1982 cuando Efraín Ríos Montt era jefe de gobierno, fue iniciado por la Asociación en 1994.

Luego fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1996, y en el 2000 se acordó con el Estado guatemalteco una solución amistosa.

En ella Guatemala asumía compromisos como la investigación de los hechos, la determinación de los responsables y su respectiva sanción así como una reparación a las víctimas.

"Al día de hoy los términos de la reparación no se han satisfecho en su totalidad y con el fallo de la Corte... es obvio que lo poco que se había avanzado en administración de justicia queda anulado", criticó la organización.