Organizaciones de derechos humanos señalaron que la tortura es una práctica que persiste en Guatemala y que las víctimas son personas privadas de su libertad, así como el resto de la población que vive sometida a una “tortura” psicológica por los altos índices de violencia en el país.

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Unión Europea y otras entidades, informaron cómo afecta este flagelo a la sociedad guatemalteca.

Los abusos tienen lugar en cárceles, hospitales mentales, albergues de migrantes y reportes de los medios de comunicación informan de cadáveres con fracturas, quemaduras y con señales de estrangulamiento y asfixia, señaló Nery Rodenas de la ODHAG.

De acuerdo con Rodenas durante 2007 y 2008 se registraron 455 y 402 denuncias respectivamente, sin embargo en lo que va del 2009 ya se han conocido 471 denuncias de abusos cometidos contra mujeres, migrantes, adolescentes y defensores de derechos humanos.

El activista de derechos humanos resaltó el caso de Gladys Monterroso, esposa del Procurador de Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, quien fue secuestrada y torturada en marzo pasado, hecho que aún no ha sido esclarecido por las autoridades.

Amérigo Incalcaterra, representante de la OACNUDH, señaló que el Estado guatemalteco debe prevenir, investigar y reparar los actos de tortura que se cometen en contra de la población; para ello debe modificar su código penal para que el crimen sea tipificado acorde con la convención contra la tortura de las Naciones Unidas dijo.

Incalcaterra señaló que actualmente instituciones del gobierno, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y organizaciones civiles están trabajando en un proyecto de ley de prevención de la tortura en centros de prevención con el apoyo de la Oficina.

Por su parte Nieves Gómez, del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), manifestó que la sociedad guatemalteca se percibe a si misma como “torturada”; fenómenos como la muerte de chóferes o femicidio mantienen a gran parte de la población en una situación de terror al subir a un autobús o imaginar que puede ser una víctima más de la violencia, dijo.

Gómez indicó que la impunidad en hechos de tortura en el pasado y la no reparación de las victimas hace que las secuelas se agraven y que las repercusiones recaigan en toda la sociedad.