Otro proyecto de seguridad
Por Arnoldo Villagrán - Guatemala, 30 de septiembre de 2005
Sería la misma experiencia que se dio durante el enfrentamiento armado interno, cuando se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC; que fueron creadas y movilizadas por el Ejército, como fuerzas contrainsurgentes; o fuerzas locales del Ejército. A partir de la ola de violencia que sacude el país, varios expertos y no expertos, han hecho las más variadas propuestas para resolver la crisis, la cual tiene como una de sus principales vertientes, el desarrollo de la delincuencia, en sus múltiples manifestaciones, pero principalmente a aquella que afecta a la seguridad ciudadana. Estas propuestas provenientes desde diversos sectores de la sociedad y desde el sector público, proponen políticas y planes que van desde los más objetivamente elaborados, hasta los más superficiales y descabellados. Cada uno hace su propio diagnóstico, y cada quien pretende tener la respuesta adecuada.
Existe una condición que nadie pude dejar de lado para hacer frente a la inseguridad, y en la que todos llegan a coincidir: es necesaria la creación y el fortalecimiento de las instituciones que tiene a su cargo la seguridad. Es necesario que el Estado cumpla con una de sus funciones básicas: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Se ha visto que los planes de seguridad anunciados por el Gobierno han dado poco o ningún resultado. No ha servido de mucho que la PNC se haya equipado con nuevos vehículos, porque éstos poco han incidido en los resultados esperados por la ciudadanía. Está por demás demostrado que tampoco los patrullajes conjuntos entre la PNC y el Ejército, han arrojado resultados positivos. Por si fuera poco la delincuencia tiene de rodillas a la sociedad y los pandilleros se han constituido en las autoridades más temidas, que además, pueden darse el lujo de realizar operaciones tipo comando, al tomar por asalto instalaciones donde sin temor alguno han realizado masacres, al menos eso se cree. Ante el fracaso de los planes de seguridad la población siente miedo al sentirse desprotegida, lo que crea desconfianza en las instituciones del Estado y sobre todo en la Justicia. Crecen los niveles de incertidumbre y los niveles de frustración. Esto repercute en la ingobernabilidad que se va acumulando, lo cual podría llegar a transformarse en una peligrosa inestabilidad política.
Esa situación se refleja en la patética realidad política que vive el país, ya que por mucho que se pretenda plantear que vivimos un Estado de Derecho y por muchas leyes que se pretendan impulsar desde el legislativo; el régimen de legalidad ha perdido credibilidad. A ello se suma que los derechos políticos y libertades civiles siguen siendo negados a muchos sectores sociales; que las instituciones existentes son precarias y débiles al igual que el propio Estado. El ejercicio del poder político no se está traduciendo en bienestar y mejores condiciones económicas para la sociedad. No en este momento, en que Guatemala ocupa el lugar número 117 en Desarrollo Humano en el mundo, y el último lugar en Desarrollo Democrático en América Latina; todo agravado por la crisis energética que eleva los niveles de pobreza y desempleo.
Por todo esto, se hace necesario ya no recurrir a la prueba y error en materia de seguridad. Se han hecho propuestas objetivas desde el Consejo Asesor de Seguridad, CAS; desde varias mesas de diálogo y como producto de otros ejercicios académicos, por demás democráticos y participativos; que no han sido tomados en cuenta por varias administraciones. En estos ejercicios se encuentra el marco teórico, las políticas, la institucionalidad y hasta la metodología.
No se puede seguir dándole vueltas a la crisis y terminar en el mismo lugar, llegando a la “asombrosa” conclusión de que estamos mal. Por esa razón nos parece aventurera y desfasada una propuesta que pretende ser un proyecto de ley que le daría vida a los Consejos Comunitarios de Seguridad, y que fuera presentada hace poco a la Comisión de Gobernación del Congreso.
En primer lugar no se puede y no se debe asumir las funciones que le corresponden al Estado y sus instituciones. Estamos de acuerdo que se debe apoyar a las instituciones, encaminando esfuerzos a su fortalecimiento. Concretamente el proyecto pretende legalizar la organización comunitaria de apoyo a la PNC, y que podrían funcionar en todas las comunidades o zonas, municipios y departamentos del país. La PNC, de manera organizada pretenda convertir a la ciudadanía en base social, para que de manera conjunta se le haga frente al flagelo de la inseguridad.
Sin embargo, una cosa es un comité creado por los vecinos para apoyar a las fuerzas de seguridad y otra cosa es que lo impulse la Policía. Si lo crea la PNC tendría características de fuerzas para-policiales, que girarían en torno a las funciones y necesidades de ésta. Sería la misma experiencia que se dio durante el enfrentamiento armado interno, cuando se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC; que fueron creadas y movilizadas por el Ejército, como fuerzas contrainsurgentes; o fuerzas locales del Ejército.
La situación actual tiene desventajas para la PNC, porque nadie, en su sano juicio daría información a una Policía corrupta e infiltrada por el crimen organizado, a sabiendas de que la delincuencia conocería la fuente de esa información, y que generaría represalias contra el informante. Lo otro, es que no se puede encargar a la población descontenta y deseosa de justicia involucrarse en labores de vigilancia, porque también sería el origen de otros males: abusos de poder y generadores de más violencia, tomar la justicia por propia mano; tal como lo hicieron las PAC; aún que la vigilancia se haga sin la portación de armas.
Tampoco se puede dejar a estos consejos o comités de vecinos, la elaboración de estrategias para controlar su área de acción. En todo caso el comité se debe integrar con la participación de varios actores, vecinos, autoridades civiles, alcaldes y policías y así elaborar el diagnóstico, logrando consensos. Los planes que resulten, debe impulsarlos la Policía, sin pretender dirigir a los vecinos, aunque éstos la apoyen.
Un aspecto fundamental para hacer viable cualquier plan de seguridad que involucre a la población, a nivel nacional es la depuración y el fortalecimiento de la PNC. Pero haciéndolo de manera seria y profesional, sometiéndola a una verdadera transformación.
Sin embargo, existen otros proyectos que se han convertido en un obstáculo para lograr ese fortalecimiento, como las empresas de seguridad privadas, que ya desarrollan planes en coordinación con comités de vecinos de determinadas colonias, y hasta les ayudan a patrullar por las noches. Estas además de constituir un gran negocio, son una fuerza que sextuplica a la PNC en tamaño; y que se ha convertido en un ejército privado, que podría responder a intereses políticos particulares; y que además estaría amenazando la democracia y el Estado de derecho. Ni las empresas de seguridad privadas ni los vecinos deben sustituir las funciones del Estado, el cual tiene la obligación de crear, desarrollar y consolidar las instituciones de la democracia en general y las de seguridad en particular. La Constitución prohibe la existencia de otros cuerpos armados que no sean los establecidos por el Estado.
Lo preocupante de los proyectos e iniciativas como la presentada para crear los Consejos Comunitarios, es que prenden convertirse en ley en el Congreso e introducir al país en otra variante de la violencia, además de que no estaría dentro del Sistema Nacional de Seguridad, que acertadamente se ha planteado crear. Esta nueva aventura se haría sobre la base de intereses casuísticos determinados y a partir de que algunos diputados tienen poca claridad y desconocimiento de los temas. En todo caso, es necesario que este tipo de iniciativas pasen por el rigor del análisis, y poder darnos cuenta que este nuevo proyecto legislativo, es tan débil y superficial, que cae de su propio peso.
Fuente: www.i-dem.org - 290905 - Nueva Época No. 826 |
