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Guatemala, ¿cantera de bebés?
Por Laura Smith-Spark - Guatemala, 23 de diciembre de 2007

Esto coloca a Guatemala sólo por debajo de China en la lista de países de donde provienen la mayoría de los bebés adoptados desde Estados Unidos, y significa que uno de cada 100 niños guatemaltecos crece como ciudadano estadounidense.

No obstante, esta situación podría estar a punto de cambiar.

Luego de intensos meses de debates, el congreso de Guatemala aprobó una ley la semana pasada que supone que el sistema nacional de adopciones deberá mejorarse para estar a la altura de los tratados internacionales sobre la materia.

Quienes respaldan la nueva normativa creen que pone fin a un tenebroso "comercio de bebés", en el que los abogados obtienen grandes beneficios y a las mujeres se les paga o coacciona para que entreguen a sus hijos.

Los críticos -entre ellos padres adoptivos y abogados-, sostienen que en cambio el nuevo sistema va a acabar con las adopciones, con el riesgo que ello implica: que estos niños acaben en la calle.

Los miedos de que se estancaran los procesos de adopción en curso de 3.700 familias estadounidenses, quedaron disipados cuando se estableció que los casos ya iniciados continuarán de acuerdo a la legislación antigua.

Cifras y sombras

Si uno mira de cerca el mundillo que se ha desarrollado en torno a las adopciones en Guatemala, enseguida salta a la vista que no hay respuesta fácil a los interrogantes que surgen.

En el centro de todo se sitúa la pobreza, que llega a sus peores niveles entre las comunidades indígenas que todavía luchan por superar las consecuencias de una guerra civil de 36 años, que acabó hace tan sólo una década.

Cerca del 80% de los 13 millones de guatemaltecos vive en la pobreza.

Al mismo tiempo, la falta de acceso a programas de control de la natalidad contribuye a las altas tasas de natalidad. La desnutrición es un hecho de la realidad cotidiana.

Y las familias estadounidenses entusiasmadas con la posibilidad de darle una mejor vida a algún niño, están dispuestas a desembolsar los US$30.000 necesarios para completar el proceso de adopción.

De ese monto, cerca de US$20.000 van a parar al bolsillo de los abogados y notarios, en un proceso que durante mucho tiempo no fue controlado por el gobierno.

Quienes defienden la adopción sostienen que hay muchas madres que se ven obligadas a entregar a los hijos que no pueden alimentar.

Los críticos replican con pruebas que muestran que algunos abogados se valen de "jaladores", unas figuras siniestras cuya tarea es hallar mujeres embarazadas a quienes ofrecen un pago y coaccionan para que cedan a sus bebés tras el parto.

Así, los abogados se aseguran la oferta de niños para cuando lleguen padres deseosos de adoptar.

"El paraíso de la adopción"

El Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, Unicef -que estima que las adopciones representan entre US$100 y US$150 millones anuales para Guatemala- había reclamado en varias oportunidades la reforma legal.

"Esto es lo que el país necesita después de tantos años de ser el paraíso de las adopciones", dice Manuel Manrique, el representante de Unicef en Guatemala.

"(Necesitamos) un sistema que garantice la transparencia, en el que la adopción se dé cuando un niño necesita un hogar, y no cuando una familia necesita un hijo", agrega.

Manrique cree que el hecho de que un tercio de las madres guatemaltecas involucradas en procesos de adopción entreguen a más de un niño, respalda las denuncias de que lo hacen motivadas por la recompensa económica, que en ocasiones llega -según los rumores- hasta US$2.000.

Mientras, algunas organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, como Fundación Sobrevivientes, ayudan a las madres que dicen que les robaron a sus hijos para satisfacer la presión de la demanda del "mercado de bebés".

Norma Cruz, directora de Sobrevivientes, dice: "No estamos en contra de la adopción de niños que están solos".

"Nos oponemos a este negocio en el que se ha convertido, donde la gente se hace rica vendiendo niños que han sido arrancados de los brazos de sus madres".

"Repulsivo"

Para las parejas que buscan adoptar en Guatemala -que son en un 95% oriundas de EE.UU.- estas denuncias suscitan interrogantes difíciles sobre un proceso en el que han invertido mucho tiempo, dinero y, por supuesto, amor.

"Pensar que a alguna madre biológica se le paga, o se la presiona, o algo así me resulta repulsivo", dice Katherine O'Meara, de Novi, Michigan, quien junto con su marido Brien intenta adoptar a dos mellizos.

"No importa cuánto te esfuerces, no creo que puedas garantizar una adopción 'limpia' cuando eso no ha sucedido", agrega.

"Al mismo tiempo, no pienso ni por un segundo que (el dinero) sea el motivo por el que las madres entregan a sus hijos. En la raíz del problema está la pobreza", sostiene.

Los niños que O'Meara intenta adoptar viven en la Casa Quivira, en Antigua, un orfanato que fue escenario de una redada policial en septiembre por presuntas irregularidades. Los directores del establecimiento aseguran que no habían cometido delito alguno.

Esa redada, y el debate político que desató, fueron el punto de partida de los vaivenes en los que se encontraron muchos padres adoptivos, cuya mayor preocupación es que los niños sufran o que sus procesos se vean afectados por la nueva ley.

Hasta ahora, adoptar en Guatemala resultaba muy atractivo puesto que el proceso era relativamente rápido -duraba unos nueve meses en promedio- y porque los niños son muy pequeños, lo que facilita el proceso de adaptación familiar.

La seguridad del ADN

Pero ese atractivo podría disminuir ahora que en Guatemala se implementará la Convención de La Haya sobre adopciones internacionales, a partir del 31 de diciembre.

Todos los procesos que se inicien después de esa fecha deberán cumplir las nuevas normativas.

Éstas incluyen la supervisión de una autoridad central, que otorgará permisos únicamente a las agencias de adopción de demuestren la transparencia de los procedimientos.

En EE.UU. la Convención de la La Haya se aplicará a partir del 1º de abril.

El pasado agosto, la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala empezó a exigir una segunda prueba de ADN para asegurarse de que el niño presentado al comienzo del proceso -cuando también se realiza la prueba a la madre para corroborar que efectivamente es la progenitora del menor- es el mismo que obtiene la visa al final.

El embajador estadounidense en Guatemala, James Derham, dijo a la BBC que es muy poco probable que las historias de niños robados a sus madres biológicas sean verdaderas, ya que se realizan estos exámenes de ADN y se requiere la firma de la madre en toda la documentación.

Sin embargo, el hecho e que tantos bebés provengan de comunidades indígenas marginadas suscitan "preguntas muy justificadas sobre el nivel de consentimiento de los padres biológicos", dijo.

La situación resultante, dijo, trae muchas dificultades a la embajada, que debe lograr el equilibrio entre la necesidad que tiene el país de la reforma y la obligación de apoyar a los padres adoptivos estadounidenses.

"Llegan hasta aquí, se enamoran de esos niños que quieren adoptar y ciertamente no tienen interés alguno en 'comprar' o coaccionar la entrega de los bebés", agregó el diplomático.

"Tiran barro"

Entre aquéllos que se oponen a la reforma se encuentra la abogada Susana Luarca, especializada en adopciones, directora de un hogar de niños y madre adoptiva de dos pequeños.

"La Convención de La Haya no es un tratado que ayude a los niños", dice. "Es más bien un tratado que ha acabado con las adopciones en todos aquellos países donde se ha ratificado e implementado", asegura.

Sostiene que muchos niños abandonados acabarán en las calles, porque sin el financiamiento de los pagos por adopción, los orfanatos privados que los acogen deberán cerrar.

Luarca cree que las críticas contra los abogados que presuntamente se enriquecen es una "campaña sucia" que ignora los costos que supone alimentar, vestir y cuidar a los niños dados en adopción.

"La mejor forma de sacarnos con una patada de este negocio sería ofrecer lo mismo. Continuamente preguntamos a los funcionarios por qué no ofrecen el mismo servicio en forma gratuita, con todos los recursos que tiene el Estado", dice.

"Nosotros recibiríamos muy bien a la competencia, porque eso ayudaría a que más niños encontraran familias de acogida", dice.

Un futuro incierto

Con la nueva normativa por entrar en vigencia, la cuestión de qué ocurrirá con los niños abandonados en el futuro es acuciante.

Apenas hay un puñado de establecimientos públicos, y no se sabe con certeza si el gobierno tiene las intenciones o las posibilidades económicas de hacerse cargo del resto.

Nidia Aguilar del Cid, responsable de los derechos de los niños en la Oficina del Ombudsman por los Derechos Humanos, calcula que hay unos 500 hogares de niños privados, aunque señala que el gobierno apenas tiene registrados a 300.

Aunque estos hogares podrán seguir trabajando siempre y cuando se registren, queda por verse cuántos resolverán seguir adelante cuando entre en vigor la nueva ley.

"No queremos que cierren, queremos supervisarlos", afirma Aguilar. "Unos 20.000 niños han dejado el país en los últimos 10 años; queremos saber qué es lo que sucede con ellos", dice.

Quienes impulsaron la reforma no esperan que genere ninguna oleada de niños abandonados, porque la mayoría de los que viven en los hogares ya están en proceso de adopción, prometidos a familias interesadas. Tampoco creen que la "oferta" de niños vaya a desaparecer una vez que el incentivo económico desaparezca.

Pero el diputado Rolando Morales, uno de quienes apoyaron la nueva ley, reconoce que las autoridades no tienen ni idea de cuántos niños resultarán afectados, ni saben qué es lo que los hogares piensan hacer con los niños que no están "colocados" una vez que se implemente la nueva normativa.

"No sabemos si van a devolverlos a sus padres biológicos o qué es lo que harán. Pueden pasar un montón de cosas horribles", dice.

Fuente: www.bbcmundo.com - 191207


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