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Piden declarar “non grato” a funcionario de OIM en Guatemala
Por José Pelicó/LD - Guatemala, 1 de marzo de 2006

La Cancillería de Guatemala debió haber declarado “non grato” al funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Günther Müssig, por “avalar” la corrupción cometida por los diputados al Congreso de la República y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), sostuvo un periódico local.

La OIM, que hasta el lunes último administraba fondos de un programa gubernamental, está involucrada en un nuevo escándalo, al considerar normal que los Legisladores pidan dinero a las constructoras a cambio de adjudicarles las obras; de acuerdo con publicaciones de prensa, el gobierno guatemalteco separó a esta institución del control de estas finanzas.

Parlamentarios opositores y de la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA), que apoyaron el Presupuesto General de la Nación, disponen de 400 millones de quetzales para el 2006, para proyectos en sus departamentos, a través del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur), controlado por la SCEP, señala la investigación de un medio escrito.

Günther Müssig, funcionario de la OIM en Guatemala, declaró que “en este país no hay obras sin sobra”, en respuesta a los señalamientos, que indican que los diputados exigen dinero a las empresas a cambio de la asignación de obras, en el marco del Pacur, cuyos fondos administraba el ente extranjero.

Por estas declaraciones cínicas y denigrantes para el país, las autoridades debieron dar por terminado todos los convenios de cooperación entre la OIM y este estado y conminarla a que abandonara inmediatamente el país, señaló el editorial de elPeriódico.

Debido a este escándalo, el gobierno de Óscar Berger ordenó dejar fuera a la OIM de la administración de los recursos del Pacur y trasladarlos a la SCEP, a cargo de Eduardo Gonzáles y de Efraín Oliva, responsables de la instancia estatal, también involucrada en estas anomalías.

En el 2005, el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural, un ente “disfrazado”, según los matutinos, para evitar la fiscalización del dinero, recibió 200 millones de quetzales, cifra que se incrementó a 400 millones en el 2006.

Estos fondos estarán bajo la tutela de la SCEP “para evitar suspicacias”, señaló González, mientras que la diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, consideró que la OIM se involucró en asuntos fuera de su labor y se prestó a un juego perverso.

Montenegro pidió a la Contraloría General de Cuentas de la Nación que fiscalice las asignaciones a la referida Secretaría e investigue las actuaciones de los diputados involucrados en el escándalo.

Fuente: www.cerigua.org - 280206


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