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Iduvina Hernández: Guatemala aún en busca de paz y democracia
Por Cándida Cotto- Puerto Rico, 23 de marzo de 2006

Iduvina Hernández estuvo en días recientes de visita en la Isla para ofrecer varias conferencias invitada por el Centro para la Libertad de Prensa. Forzada a salir de su país, Guatemala, a fines de los años 70, la colega ejerció el periodismo en el exilio, luego a su regreso cubrió las fuentes militares y de las fuerzas revolucionarias; y los procesos de negociaciones de paz entre el Ejército de Guatemala y los grupos armados, representados en la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URG).

“Vivimos como en la montaña rusa con sus subidas y bajadas. Después de la firma de los acuerdos, al momento hubo algún entusiasmo”. Así describió la colega Iduvina Hernández, el ambiente que aún se vive en su país, Guatemala, tras la firma de los acuerdos de paz en diciembre del 96.

A juzgar por lo expresado por Hernández durante nuestra entrevista, la “montaña rusa” en la cual viven los guatemaltecos es peligrosa. La compañera apuntó que, aunque en la actualidad hay un buen número de personas con posibilidades de ejercer sus derechos y de pensar que en el marco del juego democrático se puedan producir algunos cambios en Guatemala, “todavía hay dos factores que están afectando enormemente el estado de seguridad en el que uno siente que vive”.

el primero es la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, semejantes a los escuadrones de la muerte de antaño, esta vez vinculados a las actividades del crimen organizado y a ciertas estructuras del estado guatemalteco, que a su vez están vinculadas a estructuras de seguridad, o que como mínimo cuentan con su apoyo para funcionar. Hernández precisó que estos grupos se han dedicado a atacar a las personas defensoras de los derechos humanos, en particular y de forma constante, contra aquellos que trabajan por esclarecer el pasado. En el año que acaba de pasar la represión también se volcó de una manera “muy virulenta” contra activistas en pro de los derechos económicos, culturales, grupos sindicalistas, dirigentes campesinos y protectores del ambiente.

El otro factor es el Ejército. “Hasta cierto punto estamos en una guerra con un ejército invisible que es la delincuencia común enriquecida con lo que nosotros denominamos, ‘acciones de limpieza social’ que son fuerzas de policías involucradas en la ejecución selectiva de personas de quienes las autoridades tienen información o sospechan que están vinculadas a actividades delictivas o marras, como se les llama en Guatemala”.

Agregó que el clima de violencia diario está llegando casi a los mismos niveles que durante el conflicto armado. “La violencia surge entonces en Guatemala como un aprendizaje de la guerra y creo que en estos momentos se está manifestando en muchas acciones de indiferencia ante las ejecuciones y la crueldad con que esas ejecuciones se dan, principalmente contra mujeres”, precisó la entrevistada.

Hernández describió una situación de violencia que culmina en asesinato contra las mujeres similar a la que se vive en la ciudad mexicana de Jalisco. Dijo que en el 2004, 527 mujeres sufrieron muerte violenta y en el 2005 estas ejecuciones extrajudiciales superaron las 600. La policía atribuye los asesinatos a pandillas que desarrollan ritos de iniciación pero nunca presentan datos de investigación ni se establecen procesos judiciales en contra de nadie.

“Por otro lado se está desarrollando lo que nosotros llamamos la criminalización de la organización y participación social”. Se refirió a que el Gobierno está llevando procesos judiciales contra dirigentes sociales, ya sean campesinos, comunitarios o dirigentes de grupos de mujeres, bajo la excusa de una ley de orden público que tipifica las actividades de protestas como una acción en contra de la seguridad del estado. Es una medida, “parecida a la de Bush, sólo que la nuestra está vigente desde el 1936 y se le resucitó como una manera de endurecer la persecución política”, reveló.

Administrar el riesgo

Aunque hace una década que la compañera guatemalteca no ejerce como periodista resaltó que el ejercicio de la profesión es uno en donde el periodista “administra el riesgo”. El narcotráfico –apuntó – es un enemigo declarado de cualquier investigación periodística seria. “La actividad periodística sigue siendo igual de peligrosa”, reiteró.

En el caso particular del Ejército, apuntó que todavía le cuesta mucho asumir y aceptar que el trabajo del periodismo y la prensa son algo normal en una democracia funcional. Esta aceptación, destacó, es una difícil dado que el Ejército es una institución, “comprometida con las violaciones de derechos humanos que van desde secuestros, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y violación de mujeres, asesinatos de niños indefensos y población civil desarmada. Cuando tú cubres de forma periodística un ejército con estas formas de funcionamiento que no se modifican, porque no son superadas, porque no hay persecución judicial de los responsables directos o autores intelectuales, tienes entonces una institución que siempre va a buscar cómo hacerse los quiebres para que no haya ninguna evidencia que los comprometa”.

A pesar de todos esos candados, dijo que se ha logrado acceso a información y declaraciones juradas que han permitido llevar algunos procesos judiciales. Sin embargo, reiteró que el Ejército de Guatemala ha construido una estructura de impunidad tan grande que realmente no se han dado los procesos judiciales, ni hay la información, ni la cantidad de militares que tendrían que estarse procesados por los crímenes que cometieron contra la población durante años de guerra.

Un hallazgo insólito

De una forma accidental, en julio de 2005 la Oficina del Procurador de Derechos de Guatemala descubrió tres edificios en donde se guardaban los archivos de la antigua Policía Nacional, la que cambió su nombre luego de los acuerdos de paz por Policía Nacional Civil (PNC). “Es casi un siglo de información de la Policía que estaba ahí guardado a cargo de seis personas, cinco de ellas mujeres que eran trabajadoras, agentes de policías, responsables de cuidar los archivos que trataban de mantener hasta con sus propios recursos”, narró sobre el insólito hallazgo.

En una historia singular detalló que los archivos fueron encontrados en un edificio que se construyó en 1980 que se supone fuese un hospital para la Policía. Durante ese periodo el país tuvo uno de los gobiernos militares más corruptos al mando de Romero Lucas García.

En una entrevista con las mujeres policías a cargo del archivo, éstas le revelaron que habían recibido la orden de quemar los documentos en varias ocasiones. Es obvio que las mujeres no siguieron la orden. Por esa acción la Oficina del Procurador les hizo un homenaje recientemente. Al resaltar la importancia histórica de los documentos encontrados Hernández comentó que los archivos datan de la Policía de su país desde el 1902, incluso todo lo que fue la etapa del conflicto de la invasión estadounidense a Guatemala en el 1954 se encuentra en estos archivos. El trabajo de personas voluntarias ha logrado rescatar –hasta el momento- 250 mil fichas de personas, entre ellas las fichas políticas de algunos dirigentes de lo que fue el partido comunista de Guatemala.

Como era de esperarse, el Gobierno trató de incautarse del hallazgo pero una orden judicial nombró al Procurador como depositario de los archivos y autorizó una investigación sobre derechos humanos.

¿Qué observaciones puede hacer sobre los acuerdos de paz?

Iduvina Hernández, quien se apartó del periodismo para, como ella misma dice, “pasarse al ejercicio de la ciudadanía” respondió que el “incumplimiento tan grande” que hay sobre los compromisos de paz se debe al enorme grado de debilidad con que negoció la comandancia de la guerrilla guatemalteca. La debilidad con que negoció la guerrilla, la falta de una vinculación fuerte y sólida con la población guatemalteca, no permite que haya fuertes exigencias para que se cumpla con los acuerdos y que éstos sean el eje de una transformación social en el país.

Como sucede en otros países latinoamericanos, en Guatemala, la población se está organizando y trabajando por cambios fuera de los partidos políticos.

La activista en pro de un país más democrático describió que a nivel nacional hay una base grande de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que van desde campesinos, sindicales, mujeres, salud, derechos de los niños, derechos culturales y otros.

“Hay distintas expresiones del movimiento campesino, también hay distintas expresiones de los movimientos sindicales. Como sociedad civil hay un movimiento fuerte con altísima capacidad de propuestas. Si algo ha desarrollado la estructura de organizaciones sociales en Guatemala es la capacidad de propuestas serias, técnicas, formales, documentadas en todos las campos”, manifestó.

Al calificar la estructura del Gobierno como una “sumamente mediocre”, expresó su deseo de que “ojalá hubiese posibilidades de que expresiones organizadas de la sociedad pudieran participar de la capacidad legislativa en el Congreso”.

Prosiguió que “lamentablemente el sistema actual en Guatemala es tan antidemocrático que la única vía por la que pueden ir (los líderes de los grupos) es través de la representación de un partido político”. Esto no es posible, atribuyó, debido al esquema de partidos corruptos, deslegitimados, que existen en la Legislatura de su país. “Francamente no hay posibilidades de acceder por esa vía”. Esta conducta es igual entre los partidos de derecha y de izquierda.

“Yo le sueño que haya la capacidad de que el movimiento social pueda conformar una organización y fije sus ojos en un liderato que se pueda confiar”, aunque confesó que no es fácil en estos momentos identificar quién puede ejercer ese liderato.

Fuente: www.claridadpuertorico.com


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