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De cómo los peritos de la defensa le dan la razón al MP (y otras pruebas de suma relevancia)
Por Rodrigo Véliz Estrada - Centro de Medios Independientes - Guatemala, 16 de abril de 2013

centro de medios independientes

Ya atrás han quedado los días en que los testigos presenciales de las masacres presentaron sus relatos. El carácter de los testimonios imprimía cierta dinámica al juicio, por lo que resulta obvio que terminados éstos la dinámica viniera a verse modificada. El respetuoso silencio que cubría la Sala de Vistas durante los testimonios, incluso de parte de los abogados defensores, se ha fugado junto con ellos.

Lo que ha caracterizado los últimos dos días, al contrario, ha sido un intenso debate histórico y técnico, aleccionador en demasía. Esto se ha debido a la llegada de peritos expertos llamados de parte del Ministerio Público (MP) y las partes querellantes, pero sobre todo ha sido la presencia de peritos militares lo que ha ocasionado profundas polémicas que, como se presentó en la última crónica, han terminado por perjudicar a la misma defensa que los refirió en primer lugar. Comencemos por los primeros.

Tal vez el peritaje más completo y abrumador presentado hasta ahora ha sido el que expuso el director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Pericceli tiene una amplia experiencia en presentación de peritajes, que no sólo se reducen al caso guatemalteco sino que se amplían a otros casos de genocidio como el ocurrido en la guerra civil de la vieja Yugoslavia legada por Tito. Sin dejar de mencionar su formación académica y la labor de este tipo que realiza en reconocidas facultades de universidades de los Estados Unidos.

Sería engorroso detallar toda la inmensa cantidad de evidencia presentada por el perito, enfocada en encontrar patrones a partir de toda la información recabada en osamentas. Resaltaremos solamente una de las conclusiones que nos parece central para alimentar el argumento sobre la existencia de genocidio, es decir, sobre la existencia de una aniquilación planificada, en este caso, de población ixil.

Basándose en un reciente estudio, en donde se analiza un total de 25 combates armados ocurridos durante los últimos 60 años en el total de orbe, Pericceli argumenta que el patrón encontrado es que solamente dos de cada diez personas muertas en combate presentan heridas fatales (léase, heridas de arma ubicadas en el cráneo). El área ixil presenta una drámatica diferencia. En esta región, durante el tiempo en que Ríos Montt gobernó de facto el Estado de Guatemala, el patrón es de ocho de cada diez, un número completamente arriba de lo esperado en una situación de combate. Ocho de cada diez personas asesinadas recibieron un impacto de bala en el área craneal.

La conclusión que de esto se desprende resulta obvia. Más que muertes de combate, la evidencia muestra que las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Eso no era una guerra entre ejércitos, sino un asesinato sistemático a civiles. Esto se ve confirmado por un artículo periodístico contemporáneo a los hechos. A inicios de 1983, Allan Noir reportó en el The New Republic que un militar ubicado en el Nebaj le había dicho, con lujo de detalles y de manera abiertamente descarada, que con Ríos Montt había cambiado la manera de ejecutar. El nuevo método consistía en ejecutar a las personas seleccionadas (acusados, sin orden judicial, de ser subversivos), posicionándose a un metro de distancia y disparándole en la cara. Exactamente treinta años después de la publicación del reportaje, Pericceli confirmó lo vertido por el reportero norteamericano.

De igual importancia fueron los peritajes presentados por Marco Tulio Álvarez Bobadilla, antiguo director de los Archivos de la Paz, y por Ramón Cadena, un reconocido jurista a nivel internacional. El primero buscó enfatizar el desplazamiento de niños, proveyendo información, hasta ahora poco conocida, sobre las redes de tráfico y adopción ilegal de niños y niñas, huérfanos luego de las masacres. A decir de Álvarez, no hubo un deseo serio de resguardo a la población más vulnerable, como niños/as, mujeres y ancianos. La consigna era “proteger hasta donde fuera posible”, y esta vaguedad, en vez de una explícita autorización, era la que dio cabida a los abusos conocidos.

Por su parte, Ramón Cadena presentó una largo, sumamente informativo y, por momentos, apasionado peritaje, versado en su centro sobre el incumplimiento del ejército de Guatemala de acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos y situación de los civiles en un contexto de guerra. El cierre que encontró la Cruz Roja internacional para entrar al país en esos años, no sólo muestra un deseo de ocultar al mundo lo que en las apartadas y aisladas regiones del área rural ocurría, sino al mismo tiempo un incumplimiento del mínimo de regularidades que se deben tomar en cuenta en un conflicto de la naturaleza que se vivía por esos años en Guatemala. Muchas fueron las muertes y vejaciones, afirmó Cadena, que se pudieron evitar en esos años de haberse dejado ingresar a la institución mencionada o cualquier otra que buscaba ser intermediario o verificar y colaborar con la vulnerable situación de los grupos inmersos en los ataques contrainsurgentes que desarrollaba la dictadura militar.

Lamentablemente, como lo resaltó bien la defensa de Rodríguez Sánchez, Ramón Cadena había dado en los últimos días, y justo al momento de llegar al Palacio de la Justicia ese día, declaraciones a los medios de prensa sobre el peritaje, deslizando también algunas valoraciones personales al respecto. Como es sabido, esto puede llegar a demeritar su peritaje, como también ocurrió un día antes con el perito propuesto por la defensa, Carlos Méndez Tejada.

La llegada de peritos militares continuó también para estos días, reproduciendo ya un patrón en relación con lo ocurrido con Méndez Tejada. Cada uno de ellos terminó, gracias a un excelente litigio del MP y los partes querellantes, confirmando las hipótesis sobre el conocimiento que tenía el Alto Mando de lo llevado a cabo por las unidades operativas en el área ixil durante las masacres.

El menos obvio tal vez fue el general retirado, Francisco Godoy. El ex militar es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), además de ser presidente del Centro para el Desarrollo de Liderazgo y presidente de la Coalición Cristiana de Guatemala, una asociación cívica que busca la difusión de los principios judeo-cristianos y neoliberales de libertad, familia, gobierno limitado y estímulo a la buena mayordomía de los recursos económicos y financieros.

Su peritaje era acerca de los métodos y estrategias de lucha de las organizaciones guerrilleras. Durante una larga exposición, el perito se refirió al surgimiento de las organizaciones guerrilleras, sus formas de organización, y la manera como se relacionaban con la población. Su peritaje, basado según mencionó solamente en fuentes bibliográficas de segunda mano, contenía, a su pesar, varios datos informativos erróneos. Además de cometer el repetido tropiezo de suponer la organización interna del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) como común al resto de organizaciones guerrilleras y de proveer datos poco precisos sobre el número de bases del EGP en el área ixil («eran varios cientos», dijo), mencionó equivocadamente a la Teología de la Revolución (su nombre verdadero y preciso es la Teología de la Liberación) y que Ricardo Ramírez (Comandante Rolando Morán) había fundado el Partido Guatemalteco del Trabajo en 1944 (en verdad fundado en 1949), en un momento en que este personaje era tan sólo un niño.

Lo más importante fue cuando el MP, al final de una presentación de peritaje que se prolongó por más de tres horas, resaltó que el perito había mencionado al inicio de su presentación que el ejército no adoctrinaba a las tropas para asesinar civiles. Sin embargo, en el anexo del Plan de Operaciones Sofía se encuentra un documento en donde se resalta que los soldados usualmente no deseaban participar en los operativos en las comunidades y la represión a mujeres y niños, «a menos que estén extremadamente bien adoctrinados en la necesidad de estas operaciones», según reza el documento.

La única explicación que Godoy pudo dar, luego de un largo rodeo cortado de tajo por la Jueza, era que ese adoctrinamiento extremo era, de alguna manera, para proteger a la población.

El que tal vez fue, como Méndez Tejada, mejor acorralado por el impecable litigio del fiscal del MP fue el ex general José Luis Quilo Ayuso. Sobre este importante personaje vale la pena mencionar algunos de sus antecedentes.

Recibió durante los sesenta y setenta formación militar en escuelas militares de Estados Unidos y Argentina, además de recibir formación técnica y de adoctrinamiento en la infame Escuela de las Américas, en 1967 y luego en 1968. Durante los años que nos atañen, los de la dictadura de Ríos Montt, Quilo Ayuso fungió como Oficial de Operaciones Sicológicas en el Estado Mayor General del Ejército, y para julio de 1983 fue asignado como Comandante del Segundo Batallón de la Zona Miltar 20 de Quiché. Podríamos decir, basándonos solamente en estos datos, que fue una pieza clave en la guerra que desataba Ríos Montt en ese momento.

Quilo Ayuso es un militar perteneciente a la Promoción 69. Posteriormente fue integrante del grupo denominado Los operadores, conjuntamente con Pérez Molina, que se formaron como el grupo operativo de trasiego de armas y drogas a cargo de la red militar conocida como La Cofradía, cuyo principal líder es el oscuro militar Ortega Menaldo. A fines de los ochenta se tiene noticia, según un reportaje de Frank Smyth basado en documentos desclasificados de la CIA y en información dada por la DAE, que esta red comenzó a tomar autonomía y se constituyó en opuestos a las redes de Ortega Menaldo. A Quilo Ayuso se le señala, al mismo tiempo, de ser uno de los responsables del secuestro de la monja ursulina estadounidense Diana Ortiz, en 1991.

Hasta hace algunos meses, Quilo Ayuso era Secretario General del partido Frente de Convergencia Nacional (FNC), fundado en 2008 conjuntamente con el ex candidato presidencial para las elecciones presidenciales del presente año por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Eduardo Suger Cofiño, rector de la Universidad Galileo.

El objetivo de su peritaje era precisar en conceptos técnico-militares. Pero antes de comenzar el interrogatorio de parte del MP y las partes querellantes, el abogado de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) hizo preguntas sobre la idoneidad del perito, resaltando una de vital importancia. En una entrevista a medios de prensa, realizado días atrás, Quilo Ayuso afirmó que «estamos en un juicio en desventaja, ya que el Tribunal no es competente» (cursiva nuestra). La declaración, como se resaltó para el caso de Ramón Cadena, puede llegar a pesar en el contenido y validez de su peritaje, por asumirse parcial en el proceso jurídico que se lleva.

Aún si esto no se llega a concretar, lo importante de la intervención de Quilo Ayuso fueron sus respuestas a las preguntas del fiscal del Ministerio Público. Especialmente al momento en que el fiscal hizo que el perito leyera un telegrama, ubicado en el anexo del Plan de Operaciones Sofía, en donde un agente de campo, operativo, enviaba información a los directivos de instituciones, entre las que se mencionaba la G-2, cuyo director era en ese momento el acusado Rodríguez Sánchez.

(Ministerio Público, MP): En su calidad de experto militar, ¿usted podría indicar si con base en esta información, el G-2 tuvo conocimiento de la Operación Sofía?
(Perito, José Luis Quilo Ayuso, JLQA): Bueno, yo en lo personal dudo la autenticidad de la Operación Sofía, y le voy a decir por qué. En el Plan Victoria 82...
(Jueza, J): Permítame, señor perito. No es opinión personal, conteste la pregunta directa. Pregunta directa y respuesta directa.
(JLQA): No sé.
(Defensa de Rodríguez Sánchez, D): Perdone señora Presidenta, le está preguntando en base a su opinión y no al peritaje, entonces la respuesta va a ir en su opinión.
(J): Hágale la pregunta directa.
(MP): Señor perito, en la calidad de experto militar, porque por eso es que está acá, ¿podría indicarle al Tribunal si la G-2, con base a esta información que usted leyó, tuvo o tenía conocimiento de las operaciones militares que se desarrollaban en las áreas de operaciones?
(D): Objeción. La pregunta es impertinente, en ningún momento se propuso ese Plan en el peritaje del perito experto.
(J): No, está contestando en base al documento que se le puso a la vista, con base en el artículo 380 del Código Procesal Penal, que el Tribunal autorizó. Conteste.
(JLQA): No creo que haya tenido conocimiento, porque esta es una cuestión del área de operaciones.
(MP): ¿Cómo explica usted esto, si acá dice que va con copia al G-2?
(JLQA): Sí, pero mire, acá dice también... por eso le digo, habría que ver la autenticidad del plan. Aquí dice que va para el S-3. Es cuestión de operaciones. A veces... ¿dónde dice copia a G-2 y G-4? Ah, sí, aquí. Porque son... pero esto es para conocimiento.
(MP): Gracias, señor perito. No tengo más preguntas.

La respuesta de Quilo Ayuso es vital, un perito militar experto, activo durante los años que se investiga, afirmó que la G-2 recibía información directa del campo de operaciones. Esto es, la G-2 conocía con exactitud lo que ocurría durante las masacres. Rodríguez Sánchez, entonces, tenía conocimiento de lo ocurrido. Si lo que ocurrió, calificado tentativamente de genocidio, fue planificado por ellos, como lo resalta el Plan de Campaña Victoria 82, y recibía información periódica de los resultados de éste, como lo muestra el telegrama leído por Quilo Ayuso, es fácil concluir que Rodríguez Sánchez es culpable de genocidio.

Ni una sola palabra de esto fue mencionado por Prensa Libre en su reportaje. Es obvia su posición, entonces. Y no sólo esto, es claro su tergiversado mensaje a la población lectora de este medio.

Los grandes medios de información como Prensa Libre están mintiendo, no así Quilo Ayuso, que no pudo ser más sincero.

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