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La recta final del juicio. El último peritaje del MP-AJR-CALDH
Por Rodrigo Véliz Estrada - Centro de Medios Independientes - Guatemala, 17 de abril de 2013

centro de medios independientes

Han sido varios las personas asistentes al juicio por genocidio que salen de alguna manera decepcionadas de la Sala de Vistas. Uno imaginaría que un juicio de esta profundad, en un país históricamente tan conflictivo como Guatemala, sería una oportunidad de oro para debatir con claridad y certeza sobre aspectos fundamentales de nuestra constitución histórica como sociedad. Uno de esos momentos, presentados con una mezcla de azar y otro tanto de planificación, que permitirían mirar hacia el fondo de problemas que en ningún otro espacio se debaten. Sobre todo cuando este debate implicaría a fuerzas contrarias u opuestas.

La realidad, muy a pesar de los entusiasmados visitantes, es muy diferente a como la siempre alterable imaginación se las presenta.

Y no es que a lo largo de estas semanas de caso haya quedado ausente la tensión y las pasiones. Éstas han sido, en determinados momentos, elementos dinamizadores del proceso. Pero un debate pulido y un litigio capaz, de parte de las dos partes, sí ha quedado fuera de la realidad. El MP y las partes querellantes lograron poner en jaque en varias ocasiones a los peritos de la defensa, volviéndolos en el mismo litigio en testigos. Pero el arte del litigio es una característica que la defensa, simplemente, carece por completo. Su rudeza, show mediático, y, al menos en el caso del abogado Danilo Rodríguez, poca habilidad intelectual, decepcionan al público exigente.

El día del lunes 15 fue el mejor ejemplo del pobre desempeño de la defensa. En una sala llena de activistas, diplomáticos y jefes de misiones internacionales, presentes ante la cercanía de la sentencia, fue esta vez el turno del último perito del MP. El peritaje lo realizó un militar peruano, en retiro desde 1993, año en que se hizo pública la existencia de grupos de ejecución extrajudicial dentro del ejército peruano, causantes de masacres ideadas por las reprobables figuras de Fujimori y Montecinos, que junto con las realizadas por Sendero Luminoso provocaron un hondo daño a la sociedad peruana.

Desde entonces, este personaje, que nos recuerda a los guatemaltecos que sí pueden existir militares democráticos, aunque acá suene a oximoron, ha participado en varios juicios como perito. En el caso guatemalteco su labor fue la de un análisis técnico sobre las cadenas de mando en el ejército guatemalteco.

Su trabajo fue ejemplar, construido a base de una variada bibliografía y un análisis y estudio minucioso del archivo de pruebas del MP. Sus conclusiones ayudaron a enfatizar y complementar el resto de la evidencia presentado hasta ahora. El Alto Mando tenía control de todo el aparato militar, y ejercía una supremacía institucional sobre el resto de instancias, entre las que figuraba el ejército. Sabiendo, como quedó demostrado por el perito de la defensa, Quilo Ayuso, que había una cadena de mando con información fluida en ambas direcciones de la jerarquía militar, la condena es por los efectos reales que la planificación permitió. El Alto Mando no buscó en ningún momento, pese a la llegada de informes diarios y quincenales, frenar las arbitrariedades y excesos que perpetuaban las unidades operativas.

Una orden pudo haber detenido semejantes hechos. Y no se dio. Esa es su responsabilidad.

Otro elemento a destacar es su análisis sobre lo vago de algunas de las indicaciones de los planes de campaña y de operación, como la definición de enemigo interno, o el cuidar de la población civil “hasta donde sea posible”, lo que dio un margen amplio de acción para que se cometieran los asesinatos masivos. Sobre el problema del cuidado de la población civil, el militar retirado enfatizó que esto ponía un orden prioritario de la misión por sobre el resguardo de civiles. En el momento en que existiera una contradicción entre la misión y los civiles, el militar a cargo debía escoger la primera por sobre la segunda.

Uno esperaría que por ser un campo que los militares guatemaltecos dominan, el litigio de la defensa mostraría su mejor cara. Pero nada de eso ocurrió. Durante la presentación del perito los abogados de la defensa veían su celular, a veces tomaban notas, eran sorprendidos con la mirada perdida en un punto fijo, en fin, se mostraban ajenos al debate. El litigio quedó, incluso, a cargo de un técnico, que cometió error tras error al momento de plantear sus preguntas al perito. La Jueza tuvo que frenarlo en varias ocasiones para instruirlo en la formalidad que debe llevar el litigio, incluso llegó a sugerir a la defensa la posibilidad de que uno de los abogados ayudara al técnico. Ni cinco minutos para reorganizarse, dados por la Jueza en vista de la pobre situación de la defensa, ayudaron, y el aporreado litigio continuó.

En verdad, la estrategia del técnico tampoco era la más clara. Preguntó al perito sobre la formalidad de los planes, sobre sus objetivos, misión, facultades, y cómo éstas chocaban con lo que él afirmaba. El perito, con toda calma, aclaró esos aspectos formales y los pasó a contrastar con lo que realmente había ocurrido, que era lo realmente importante, y no al revés. Hasta allí quedó el esfuerzo de la defensa.

El juicio está en este momento en su última etapa. Tan sólo faltan ocho testigos de la defensa para que el Tribunal pueda dictar una sentencia. Parecería que, llegado este punto, la defensa no tiene ya ni una esperanza puesta en el proceso. Anteriormente al menos un cuarto de la sala estaba llena de familiares y personajes que apoyaban a los militares. No hay ya rastro de ellos.

Como se ha venido argumentando, este juicio no se termina con la sentencia del Tribunal, sino que se prolongará a otras instancias como las salas de apelaciones, la Corte de Constitucionalidad, y otras, donde tienen más posibilidades de frenar o repetir el caso, como ha sido hasta ahora su objetivo.

Centro de Medios Independientes CMI


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