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¿Quiénes decidirán sobre la continuidad del juicio por genocidio? Sobre la composición de la Corte de Constitucionalidad
Por Rodrigo Véliz Estrada - Centro de Medios Independientes - Guatemala, 23 de abril de 2013

centro de medios independientes

La solución al tenso estado en que se encuentra el juicio por genocidio en contra de dos miembros del antiguo Alto Mando está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC). En los siguientes días deberá dar una resolución que decida si lo planteado por la Jueza Carol Flores, señalada de tráfico de influencias en varios casos polémicos y ahora investigada por la CICIG, fue dentro de los márgenes de su jurisdicción y apegada a la resolución que este órgano ya había decretado el 5 de abril del presente año (ilegalidad de retrotraer el juicio). Según es formato, uno de los cinco magistrados de la CC deberá presentar un documento de resolución que pasará a ser votado por todos. En una votación de esta naturaleza se hace necesario conocer, aunque sea de manera sucinta, los historiales de cada uno de los magistrados, con tal de informarnos sobre las personas que tienen en sus manos la continuidad del caso de la planificación de las masacres a ixiles.

El primer personaje que resalta de la CC es Alejandro Maldonado Aguirre, elegido por el Congreso. Maldonado Aguirre fue diputado del Congreso por el MLN (extrema derecha) de 1966 a 1970, Ministro de Educación durante el gobierno del militar Arana Osorio (1970-1974), reconocido por su labor represiva en el oriente del país en el anterior gobierno. Para las elecciones de 1982 fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional Renovador (derecha), una escisión menos radical del MLN, en alianza con la Unión Nacional Opositora (UNO), de Vinicio Cerezo. Tras obtener un tercer puesto en unas elecciones calificadas como fraude, volvió a competir por la presidencia en 1985, pero esta vez se colocó en la séptima posición. Se rumoró en el 2006 que podía ser parte de un binomio que trataría de llevar nuevamente a Álvaro Arzú al poder, pero el proyecto no prosperó.

Cuenta con cargos por resoluciones violatorias a la Constitución, además de denuncias por abuso de autoridad y coacción.

Con respecto a sus resoluciones en materia de derechos humanos, se le acusa de haber retrasado por un año, al no presentar su firma en el documento final, la resolución que daría vía libre para la continuación de la investigación sobre el caso Gerardi. Se menciona que Arzú no deseaba que Lima Oliva, hijo de un miembro de su Estado Mayor Presidencia, Lima Estrada, fuera condenado. Fue hasta que Maldonado Aguirre dejó la Presidencia de la CC que pasó a firmar el documento. Para el 2007 fue el que realizó la redacción de la resolución favorable a Ríos Montt, para evitar la extradicción para ser juzgado en España, que se puso a votación en el consejo de la CC. La extradicción fue finalmente negada.

Por parte del Consejo Superior Universitario, se encuentra Mauro Chacón, que es hermano de Gladys Chacón Corado, que fungió como magistrada de la CC del 2006 al 2001. Fue elegido en una contienda electoral con Bonerge Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la USAC. Fue Presidente de la CC de mayo del 2012 a abril del presente año.

Fue el magistrado que presentó la resolución que buscó dar con lugar la apelación de Alfonso Portillo. La resolución buscaba dejar en suspenso el Acuerdo Gubernativo 422-2011, que daba vía libre para extraditar a Portillo, para que el Presidente Otto Pérez Molina tuviera la última palabra en la materia. El texto fue redactado en parte con el recién mencionado Maldonado Aguirre. Tras conocerse esto, diferentes organizaciones le pidieron que se inhibiera de votar en el caso, pero no lo hizo. Al final se votó unánimemente en contra del amparo de Portillo.

El actual Presidente de la CC es, a partir del 30 de abril del presente año, Héctor Pérez Aguilera, que fue propuesto tras una segunda vuelta en elecciones a lo interno del Colegio de Abogados. Forma parte de la Alianza por el Derecho y la Justicia.

Otro polémico magistrado es el propuesto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Molina Barreto. Es parte de la CC desde el 2006, cuando fue propuesto como magistrado por el presidente Oscar Berger. Se menciona que es cercano al llamado sector privado, pero específicamente al CACIF. Laboró como asociado-propietario del Bufete Profesional de Abogados, asesor de varias firmas privadas.

Tiene un listado considerable de denuncias penales en su contra. Además de cinco denuncias que se encuentran ahora archivadas, en trámite tiene denuncias en el Ministerio Público por Agraviado del delito de abuso de autoridad y delito de Incumplimiento de deberes (de funcionarios), Resoluciones violatorias a la Constitución. En cuanto a las denuncias en investigación está Agraviado del delito de falsedad material y Agraviado del delito de amenazas. Por último es sindicado del Delito de coacción, amenazas, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución.

Fue señalado en el 2011 por el ahora diputado de la UNE, Orlando Blanco, de haber emitido opiniones contrarias a la persona de Sandra Torres, por lo que debía inhibirse en la votación sobre la posible participación de la ex primera dama como candidata presidencial. Finalmente no lo hizo y la resolución fue votada unánimamente en contra.

Gloria Porras, la última magistrada de la CC, tampoco se inhibió de votar para la recién mencionada votación, pese a que fue ubicada en ese espacio por Álvaro Colom, en lo que muchos catalogaron como un movimiento estratégico para obtener una resolución favorable. Pese a esto, terminando votando en contra.

Tan sólo por estos breves historiales, parecería que el panorama para que el juicio continúe no es tan claro. Hay varios personajes que han sido señalados de tráfico de influencias, con cargos penales en su contra, algunos con un pasado político ligado al terrorismo de Estado, y en específico dos de tener relaciones con Ríos Montt y Alfonso Portillo. Es sabido que la CC es de las instituciones autónomas más politizadas, una que no ha pasado aún por reformas que otras instituciones de este tipo han tenido, donde al menos son propuestas por comisiones postuladoras en procesos que buscan ser más transparentes.

Pero el pasado no necesariamente determina la manera en que votarán, como se ha visto en algunos de los casos mencionados, donde las circunstancias y la presión pública-mediática logran que eviten pronunciarse como se esperaba.

Lo que sí es claro es que hace casi dos meses la CC resolvió que retrotraer el juicio, como lo hizo la Jueza Carol Patricia Flores, sería ilegal. Pronunciarse de manera distinta sería una incoherencia demasiado notable. Aunque es sabido que los magistrados no están obligados a razonar su voto, lo que en un caso como el que ahora está en juego, de votar en contra, sería lamentable.

En sus manos está entonces el proceso.

Centro de Medios Independientes CMI


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