Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 9 - 2013

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácteroficial
Comunicados

 

 

 

A un paso de la sentencia
Por Ana García Aupi, Roderico Díaz, Jacobo Mogollón, David Oliva, Rodrigo Véli - Centro de Medios Independientes - Guatemala, 9 de mayo de 2013

centro de medios independientes

Según cifras moderadas, desde enero del 2012 la defensa de los militares acusados de genocidio han presentado un poco más de cien amparos. Tras el inicio de las audiencias públicas, el 18 de marzo del presente año, se cuentan con casi dos decenas de ellas. Era de esperarse que en algún momento los amparos pasarían a alterar la dinámica propia de un juicio. Lo que nadie esperaba, por esta misma incertidumbre, era que el día de ayer comenzara el proceso de las conclusiones y se acercara la etapa final del juicio, la sentencia final.

Como es sabido, el resultado más claro de esta estrategia se vio el 18 de abril, cuando la Jueza Carol Flores decidió, arbitrariamente, retrotraer el proceso hasta fines del 2011. A partir de entonces han surgido un amplio y variado número de resoluciones que han creado diferentes agujeros en la línea del proceso, que ahora las salas de amparo y la Corte de Constitucionalidad (CC) se han encargado de hilar nuevamente y aclarar.

La resolución fue implícitamente resuelta por la orden de la CC del día 23 de abril, cuando afirmó que la Jueza Flores, luego de conocer por segunda vez sobre el estado de las pruebas de la defensa, debía devolver el archivo del caso al Tribunal que ahora lleva el juicio. Es decir, el Tribunal era reconocido aún competente; la decisión de Flores, al pedir que se repitiera, estaba fuera de lugar; y esto reiteraba, además, lo ilegal de retrotraer el juicio. El juicio debía continuar.

Pero faltan aún resoluciones que continúan, simulando un terreno minado, interrumpiendo y creando vacilación en el proceso. Luego de un receso de varios días, tras la petición del recién integrado abogado de la defensa pública con el propósito de estudiar el caso y de la ausencia el martes del abogado de Ríos Montt, este miércoles ocho se dio inicio nuevamente al debate. Y entonces la incertidumbre pasó a desintegrarse con el movimiento del proceso.

Hubo varios aspectos que necesitaban una resolución de parte del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo: la capacidad de los abogados de la defensa, aquellos que se retiraron de la sala mientras el debate estaba en proceso, de regresar a él; la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones sobre la relación de parcialidad entre el abogado de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, con dos miembros del Tribunal; la situación de incertidumbre que generó la resolución de la Jueza Flores, o como lo llama la defensa de los militares, la existencia de dos procesos paralelos; y la situación de los últimos testigos.

El primero y el último de estos aspectos fue resuelto sin ninguna dificultad. Mientras que el segundo resultó en un nuevo episodio que ilustró el carácter violento, tergiversado y falto de ética de los abogados de la defensa.

La audiencia comenzó en tiempo y tras el breve procedimiento de reconocer a las partes procesales, se le cedió la palabra al abogado de José Rodríguez Sánchez, César Calderón. El abogado había estado ausente desde que se retiró abruptamente de la sala, una acción deliberadamente ilegal. El Tribunal ha buscado que no se creen más posibilidades de frenar con el proceso, por lo que ha sido cauto y conciliatorio en sus decisiones. En este sentido, se pronunció a favor del regreso de Calderón, así como también, horas después, del regreso de Francisco Palomo al lado de Rodríguez Sánchez.

En esta situación, el abogado de la defensa pública buscó deslindarse del proceso, ya que Rodríguez Sánchez contaba en ese momento con dos de sus abogados de confianza. En esta situación, no había por qué estar allí.

Lo mismo argumentó la abogada de la defensa pública que fue asignada a Ríos Montt, y tras aceptar su retiro voluntario se creó la situación del martes que recién pasó, donde la ausencia del abogado del acusado ocasionó la suspensión del juicio.

rios mont

Fuente: CPR-Urbana (Red CMI)

A sabiendas de esta posibilidad, y sustentándose en el artículo 103 del Código Penal, el Tribunal le negó su salida. Ese agujero quedó entonces cubierto. Faltaba la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones sobre la relación de parcialidad. El abogado Francisco García Gudiel estaba en el uso de la palabra.

Artículo 103.- (Abandono).
Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra intervendrá el sustituto; ante la imposibilidad de éste, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquéllos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por cinco días corridos, si lo solicita el nuevo defensor; no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiere sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza.


García Gudiel comenzó argumentando que la resolución de la Sala Tercera le exigía al Tribunal pronunciarse dentro de 24 horas luego del lunes seis. Era ya miércoles, por lo que el Tribunal había caído en una ilegalidad.

El martes, día programado para la audiencia, el debate público tuvo que ser suspendido debido, precisamente, a la ausencia de García Gudiel, quien se había excusado por una supuesta enfermedad. El mismo abogado García Gudiel lo detalla, con muy mal gusto, de la siguiente manera:

Hasta ahí todo parecía acorde al peculiar estilo que dicho abogado ha desarrollado en su labor de defensa, donde ha hecho gala de su costumbre de utilizar la verborrea vehemente como forma de argumento. El término varoncito utilizado por el abogado, alude claramente a lo que ha mostrado, no solo el día de ayer, sino incluso antes de que fuera expulsado, donde la violenta forma con la que se expresa, sus gestos amenazantes, su excesivo ímpetu para explicar sus argumentaciones, etc., han sido una clara manifestación de lo que obviamente debe ser para él, un varoncito.

Asumir que el supuesto dolor que sufre por los cálculos renales es superior a los dolores de parto, es una clara evidencia de que la hombría y la superioridad que le da ser varoncito, y no ser hembrita, le permite soportalo.

Los gritos, las amenazas, el señalamiento exacerbado, la violencia en la forma de expresarse, a través de golpes y provocaciones, deben de ser parte de las razones por las cuales el abogado defensor García Gudiel, un verdadero varoncito, puede estar soportando semejantes dolores. Ser varoncito o valiente, significa evidentemente para él darse el lujo de ejercer por la fuerza la emisión su opinión.

El MP respondió a lo afirmado por García Gudiel de manera sorprendentemente sagaz. En su registro de seguridad se contaba con un video que confirmaba que el abogado, pese a haberse declarado enfermo, al medio día se presentó a las oficinas centrales del Ministerio Público.

Y aquí el video:

El abogado García Gudiel reaccionó criticando al MP por publicar el video, ya que a su parecer se le estaba tratando de desprestigiar.

A lo que el MP respondió de la siguiente manera:

Con esto claro, el Tribunal pasó a resolver sobre la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones. A su juicio, la resolución de esta sala daba libertad al Tribunal para pronunciarse al respecto. Y en este sentido, volvió a afirmar que no había una relación de parcialidad entre la presidenta del Tribunal, Jazmín Barrios (enemistad) y del Juez Pablo Xitumul de Paz (amistad) con el abogado de la defensa.

A juicio de García Gudiel, al contrario, a la resolución de la sala debía darle trámite, ya que era innegable que esa relación de parcialidad existía. El abogado, una persona que ha defendido a Zetas, poseído súbitamente por una agresividad poco controlada, pasó a insultar de diferentes y groseras maneras a los miembros del Tribunal.

 

Luego de casi treinta y cinco minutos de una poco ilustre perorata, la Jueza Jazmín Barrios pasó a recordarle al abogado el código de ética y volvió a reafimar la pasada resolución. El juicio debía proseguir.

Terminado el bochornoso episodio, el abogado Calderón tomó la palabra y recalcó, como lo han hecho en numerosas ocasiones, que en ese momento se estaba viviendo un proceso doble o paralelo, ya que por un lado se esta diligenciando esa audiencia mientras tanto, según la decisión de la Jueza Flores, se estaba comenzando de nuevo el proceso. Esa situación, a decir del abogado penalista, era insostenible, por lo que que era necesario suspender el debate.

Como en esas otras ocasiones donde fue mencionad, el Tribunal remarcó que la CC había ordenado a la Jueza Flores devolver el archivo del caso, por lo que éste podía seguir su marcha. Casi al terminar el día, se notificó que finalmente la CC se había pronunciado explícitamente al respecto: la resolución de la Jueza Flores era ilegal y no debía cumplirse. El Tribunal, entonces, tomó la decisión correcta, la corroborada luego por la CC.

El proceso, sin estos tres aspectos más en el camino, podía finalmente continuar. Era momento de pronunciarse sobre los últimos testigos de la defensa, como paso previo al inicio de las conclusiones.

Nuevamente entonces se le otorgó la palabra al abogado García Gudiel, ya que por ellos fueron propuestos los testigos. Argumentó que como suponían que el juicio se iba a suspender, no se les había notificado. Si se deseaba, afirmaron, podían probar arreglar con los últimos tres testigos para el siguiente día.

El Tribunal argumentó que desde el 18 de abril se les había solicitado la presencia de los testigos, y que no se iba a esperar más tiempo. Era el momento de pasar a las conclusiones.

El Ministerio Público, de esta cuenta, tomó la palabra y comenzó la presentación de sus conclusiones. Para el jueves 9 están previstas las presentaciones de los querellantes y la defensa.

Se espera que este viernes o el lunes 13, de no explotar nuevas minas en la marcha del proceso, se dicte sentencia.

Centro de Medios Independientes CMI


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.