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Una navidad más y en La Puya no se respeta el derecho de la gente
Por Nelton Rivera - Guatemala, 12 de enero de 2016

En noviembre del 2015 un grupo de vecinos de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc, dos de los municipios del departamento de Guatemala viajaron a la Corte de Constitucionalidad –CC-, ellos traían una petición concreta: “debe respetarse la voluntad de la gente y la ley en su territorio, la empresa minera debe cerrar y el proyecto minero El Tambor Progreso VII Derivada debe de ser cancelado”.

Quienes viajaron forman parte de la resistencia pacífica en La Puya, en la CC hablaron con los medios de comunicación, al mismo tiempo fueron solidarios con las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango que viajaron para participar en una vista pública en una de las salas de la corte por los casos de criminalización de los presos políticos de Huehuetenango, desde allí marcharon hacia la Casa Presidencial.

Veinte días después, la gente de La Puya volvió a viajar desde sus comunidades hacia la Casa Presidencial, permanecieron desde temprano el día 3 de diciembre sobre la 6a avenida esperando que el Ejecutivo finalmente diera señales de tener voluntad política para dialogar, comunidades y Estado.

Finalmente regresaron con más excusas e incumplimientos que avances, acordaron realizar una nueva reunión días después, el Ejecutivo justifico la falta de presupuesto para atender las demandas de La Puya, “los ministerios no pueden actuar sin presupuesto” afirmaron, en un contexto de investigaciones y juicios por casos de redes de corrupción en el Estado. La gente quedo a la espera que se realizara el levantamiento de un muestreo de las aguas en los dos municipios que están siendo afectados por la minería, esa era su demandan principal.

Unos días antes de la navidad finalmente llego una delegación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Energía y Minas para trabajar en la toma de muestras del agua, los resultados que son más que notorios deberán reafirmar lo que los comunitarios por años han afirmado “hay altos indices de arsénico en el agua, de funcionar la empresa minera esta contaminación se agravara en todo el departamento y la capital”.

La ruta de diálogo se fijó nuevamente, debe ser la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH la encargada de avisar sobre una nueva fecha para darle continuidad al dialogo, el ofrecimiento del Ejecutivo es que deberá darse antes del cambio de gobierno, los resultados del análisis del agua deben mostrarse en esta reunión.

José Ángel Llamas delegado de la comunidad manifestó: “Es verdaderamente lamentable que el Ejecutivo sigue sin la voluntad política de escucharnos y garantizar que la ley y la voluntad de la gente se haga cumplir… al Gobierno no le importa el cuidado del agua y por lo tanto no le importa la vida que está en juego, desde el 2012 cuando pedimos a la COPREDEH y al Sistema Nacional de Dialogo un acercamiento estas instituciones se convirtieron en voceros y negociadores de la empresa minera EXMINGUA.”

“El Ministerio de Gobernación no ha dado un solo informe responsable sobre el porqué continua en el lugar instalado un campamento de la PNC adentro de la empresa, custodiando y protegiendo la actividad minera… ellos son quienes están violando nuestros derechos y son quienes irrespetan las resoluciones que están en ley, la Municipalidad ordeno la suspensión de los trabajos de EXMINGUA.”

Fuente: comunitariapress.wordpress.com


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