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La corrupción y los niños que mueren en Guatemala
Por Lídice Valenzuela - Guatemala, 22 de octube de 2018

Mientras la élite gobernante se enriquece, la pobreza afecta a un
67 % de la población...

República de Guatemala: Está situada en el Istmo Centroamericano y ocupa una extensión de 108.889 Km. Su presidente es Jimmy Morales Cabrera, que tomó posesión del poder el 14 de enero de 2016 por su partido Frente de Convergencia Nacional, un partido fundado por exmiltares de ultraderecha. Las relaciones diplomáticas de Guatemala con Cuba comenzaron 1902, fueron interrumpidas en 1960 y reanudadas el 27 de enero de 1998.

La pobreza en Guatemala afecta al 67 % de la población, estimada en unos 17 millones de personas. Aunque es el país más próspero de Centroamérica, el enriquecimiento ilícito de las élites y la desigual distribución de la renta afecta en especial a los niños. La mortalidad infantil en la llamada tierra del quetzal es de 30 por cada mil nacidos vivos. Niños que nunca vivirán la infancia.

Mientras el presidente Jimmy Morales, cantante, actor y productor de televisión, evade las continuas acusaciones de corrupción gracias a un Congreso a su servicio —él sustituyó al delincuente Otto Pérez Molina— son los pequeños los más afectados por un sistema institucional fallido.

La última encuesta de salud materno-infantil demostró que “Guatemala mantiene una tasa extremadamente alta de desnutrición, donde casi la mitad de los niños menores de cinco años tiene retraso en el crecimiento”.

Se estima que más del 20 % del presupuesto general de la nación es desviado por la delincuencia política.

Para un mandatario de religión evangélica y que, afirma: “cuento con Dios para todas mis acciones”, es evidente su despreocupación por las denuncias de robos cometidos por él y familiares cercanos, entre ellos su hijo y su hermano. La impunidad ofrecida por el órgano parlamentario y un sistema judicial politizado y al servicio del capital permite el continuo desalojo de las arcas del Estado, en tanto ignora del compromiso estatal de proteger a su infancia.

El subsecretario de Protección Social de la presidencia, Marwin Bautista, reconoció que en ese país hay al menos 5000 niños institucionalizados en hogares públicos y privados para evitar su muerte. La subsecretaría solo se ocupa de 220 menores.

Esta cifra es menor que la real, pues hay miles de pequeños viviendo en las calles o son explotados por adultos sin que aparezcan en estadísticas oficiales.

El subsecretario informó que los niños fallecen, en general, por bajo paso al nacer, ya que las madres carecen de cuidados durante el embarazo. Los que sobreviven al parto mueren antes de cumplir los dos años debido a la desnutrición y las condiciones de vida.

“La impunidad en temas de niñez está por encima del 94 %, no hay ejecución de programas sociales que se enfoquen en ese grupo, tampoco hay hospitales infantiles y 4,2 millones de menores permanecen fuera del sistema educativo”, afirmó Leonel Dubón, director de la organización Refugio de la Niñez.

Dubón reconoció ante la prensa que la situación de los menores es grave, sin que exista un sistema de amparo o de inversiones para este grupo social, no priorizado por el gobierno. Aquellos obligados a trabajar para subsistir, la mayoría en la minería, tienen un régimen laboral de 41 horas a la semana, y solo tres de cada diez recibe un exiguo salario.

El presidente Morales posee la mayor responsabilidad en esta situación, ya que el Estado —según indica la Constitución Nacional— está obligado a proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de los niños y adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para resguardarlos de abusos físicos, mentales, descuido o trato negligente, o explotación, reconoció el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

El desinterés presidencial por el sector empobrecido repercutió en las calles cuando millares de ciudadanos protestaron contra la ineficiencia gubernamental en la tragedia ocurrida con la reciente explosión del Volcán de Fuego, que dejó más de un centenar de fallecidos y unos 200 desaparecidos.

La convocatoria realizada por la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala exigió la renuncia del mandatario, la canciller Sandra Jovel y otros altos funcionarios también involucrados en actos delictivos.

Los manifestantes protestaron también ante la sede del Congreso por la actitud de los legisladores oficialistas de derecha, que aprovecharon la situación creada por la explosión del volcán para evitar que el equipo gubernamental, incluido el mandatario, fueran llevados a un antejuicio por corrupción.

De acuerdo con el semanario Resumen Latinoamericano, la situación de Guatemala carece de salida, pues a diferencia de otros países dominados por la derecha, en el país mesoamericano no hay una oposición progresista o de izquierda preparada para competir con la derecha en las elecciones del 2019 ni con posibilidades de triunfo.

El escenario político es de continuo deterioro; la situación actual resulta más crítica que la existente en el 2015 cuando asumió Morales, quien se convirtió en el ejecutor de los intereses neoliberales que mantienen a una mayoría de los guatemaltecos en pobreza o miseria, a pesar de que su Producto Interno Bruto (PIB) asciende a 68 mil millones de dólares.

Ese país es considerado campeón en las violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos, obligados a emigrar para enviar dineros a sus parientes, a pesar de las políticas de desprecio y discriminación de los Estados Unidos (EE. UU.). “Una Guatemala inconclusa”, como la caracterizó el expresidente Jacobo Arbenz.

La institucionalidad guatemalteca se sostiene sobre los pivotes conservadores, con una evidente fragilidad y absoluto apego a las políticas antidemocráticas estadounidenses, como se demostró en la reciente visita del vicepresidente norteamericano Michael Pence y sus reclamos a Morales.

El presidente-artista quiere mantener a ultranza buenas relaciones con EE. UU., donde residen miles de guatemaltecos que podrían ser devueltos por el régimen republicano de Donald Trump. El fenómeno migratorio se mantiene como opción económica en el contexto del modelo neoliberal. Las cifras ubican a Guatemala como el tercer país hispano con más habitantes en el gigante del Norte. Las remesas enviadas a Guatemala sumaron el pasado año 8 192 20 millones de dólares, equivalentes al 11,2 % del PIB anual. Ese dinero beneficia a unos seis millones de ciudadanos.

Al igual que en otras naciones centroamericanas, las iniciativas de EE. UU. están basadas en el conocido guión intervencionista del combate al narcotráfico y la detención de la emigración impuesta por el presidente Donald Trump. La derecha de Guatemala recibió sin discusión las órdenes de Pence.

En uno de los movimientos de Morales más criticados aparece su postura contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la que expulsó del país luego de ser acusado de irregularidades monetarias, y los acuerdos de libre comercio del llamado Triángulo Centroamericano con Washington, considerado otro pretexto para la militarización de la zona.

En junio del próximo año habrá elecciones presidenciales en Guatemala, y aunque no existe la reelección, Morales manifestó su deseo de seguir al mando. No será difícil que lo logre con el respaldo de los parlamentarios.

Hasta ahora, el escenario político no favorece a las fuerzas progresistas y de izquierda, (Convergencia, Encuentro por Guatemala, Partido Winaq, URNG-MAÍZ y Victoria). Las coaliciones progresistas cuentan con un techo electoral de apenas 10 % de los votos a nivel nacional. Ese panorama podría cambiar solo si proyectan un programa de gobierno capaz de enfrentar a las clases dominantes y encuentran la figura política con el carisma necesario para destronar a las clases dominantes actuales.

El movimiento obrero guatemalteco tiene escasa posibilidad de marcar agenda en el escenario político nacional, ya que la mayoría del trabajo es flexibilizado e informal, lo que frena el desarrollo sindical.

La descomposición política de la sociedad es la tarea fundamental de más de 200 organizaciones no gubernamentales (ONG), 50 de ellas estadounidenses que operan en Guatemala, sin contar las vinculadas a la Iglesia. Estas ONG tratan de suplir un Estado ausente y desarticulado en lo social, pero con fuerte énfasis en la militarización y garante de concesiones mineras a empresas extranjeras.

La ideología de caridad que sustenta el discurso de las ONG opera en favor de la desmovilización de los movimientos sociales y disminuye la capacidad de las alternativas de izquierda, refuerza la dependencia externa de Guatemala y solidifica su carácter de Estado vasallo.

El futuro de los niños de Guatemala podría ser diferente. Pero nada augura cambios en el desconcierto institucional encabezado por un hombre supuestamente caritativo y religioso, pero al que no le importa la muerte de quienes constituyen el futuro de la nación centroamericana.

Fuente: www.cubahora.cu


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