Guatemala, ¿tierra de injusticia?
Por
Koldo Casla Salazar - Astigarraga, País Vasco, 16 de septiembre de 2006
Hoy cerca de doce millones de guatemaltecos y guatemaltecas, al menos la mitad de los cuales forman parte de alguno de los muchos pueblos indígenas presentes en el país (entre los que sin duda destaca numéricamente el de los mayas), celebran su gran Día de la Independencia. Y es que hoy se cumplen 185 años desde que Guatemala se proclamó Estado independiente del Reino de España. La lucha por la tenencia de la tierra ha sido un fenómeno permanente en la historia de Guatemala antes y después de 1821. Desde los tiempos de la conquista hasta la actualidad, la pobreza y marginación de la población indígena y campesina ha generado disputas sobre la tierra. No debemos olvidar que estamos hablando de un país en el que más de la mitad de los habitantes se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y donde la mayor parte de la tierra está concentrada en manos de unos pocos. Así, según datos del año 2000, mientras el 1,5% de la población poseía el 62,5% de la tierra, el 94,1% de los guatemaltecos y guatemaltecas tenían que conformarse con el 18,6% del territorio.
De hecho, la conflictividad agraria en la actualidad tiene las mismas características que presentaba hace cien años y, en particular, las mismas raíces de injusticia que dieron origen al conflicto armado interno que duró 36 años (desde 1960 hasta 1996) y cobró la vida de más de 200.000 guatemaltecos y guatemaltecas, el 83% de ellos de origen maya.
No obstante, la situación se ha agudizado desde que el presidente Berger llegó al poder en enero de 2004. Concretamente, en los últimos dos años han tenido lugar al menos 60 desalojos que han dejado sin un techo bajo el que resguardarse a miles de familias campesinas que, en la mayoría de los casos, habían ocupado las tierras para protestar contra presuntas violaciones de sus derechos laborales o vivían en tierras que eran objeto de disputa. Las fuerzas de seguridad han hecho un uso excesivo de la fuerza durante numerosos desalojos, lo que ha traído consigo la destrucción de bienes y viviendas, palizas y otros malos tratos, así como algunos homicidios. El pasado mayo la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre Tierra (Contierra) señaló que hoy por hoy hay 1.067 casos abiertos de disputas sobre las tierras, frente a los 911 documentados en octubre de 2004. Alarmada por el incremento notable de los desalojos forzosos violentos a raíz de la llegada al gobierno del afamado terrateniente Óscar Berger, Amnistía Internacional inició una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas dentro del marco de las disputas agrarias. El informe Guatemala, ¿tierra de injusticia?, publicado el pasado 29 de marzo, describe una serie de graves violaciones de derechos humanos contra campesinos, como la negación del acceso a la justicia; los desalojos forzosos y demoliciones de casas sin consultas efectivas, sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado o sin el debido proceso jurídico; la violencia injustificada durante los desalojos; y las amenazas y actos de intimidación reiterados. Estas violaciones a los derechos humanos son cometidas con toda impunidad ante la pasividad e indiferencia de las autoridades.
Un caso especialmente destacado en este informe y que en su momento contó con una considerable resonancia en Guatemala por su alto nivel de violencia es el del desalojo de la finca Nueva Linda, sita en el departamento de Retalhuleu, al suroeste del país. Al parecer, el 31 de agosto de 2004 fueron desalojados por la fuerza 200 campesinos de esta finca, diez meses después de que aquellos ocuparan ésta para protestar porque no se estaba investigando el presunto secuestro del dirigente sindical y administrador de la finca, Héctor Reyes, a manos del terrateniente ocurrido en septiembre de 2003. En aquel desalojo al menos once personas resultaron muertas (tres miembros de las fuerzas del orden y ocho campesinos), hubo 43 heridos (incluyendo un número considerablemente alto de menores de edad y ancianos) y 300 viviendas precarias fueron destruidas junto con las pertenencias de sus ocupantes.
Guatemala es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, así como del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo de 1989. Además, el estado guatemalteco debe respetar los criterios jurisprudenciales progresivamente establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace al menos seis años sobre el respeto debido a los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el gobierno es responsable de velar por el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo cual debe erradicar la práctica de los desalojos forzosos; investigar las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el proceso legal y su ejecución; garantizar la resolución justa e imparcial de las disputas agrarias; asegurar el respeto y la protección de los derechos laborales en el campo; y reconocer los derechos ancestrales indígenas.
Para terminar no puedo sino sumarme a las palabras expuestas por el procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, en su informe sobre el desalojo de la finca Nueva Linda, quien está «firmemente convencido de que no habrá paz en Guatemala mientras persistan formas y actitudes de tolerancia a las violaciones a los derechos humanos». Porque sin lugar a dudas la inobservancia del derecho a la vivienda y a las tierras de que durante siglos los pueblos indígenas han sido poseedores es otra más de las muchas agresiones a los derechos humanos en los albores del siglo XXI.
Fuente: www.diariovasco.com - 150906 |
