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Guerrillas, pandillas y Estado de Derecho en Centroamérica
Por Andrea Costafreda - Centroamerica, 7 de septiembre de 2005

Honduras con siete millones de habitantes, ha registrado en los últimos cuatro años 14.000 homicidios. El Salvador, con una población de seis millones de habitantes, tiene unos 25.000 miembros en pandillas. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala ha pasado a ocupar el primer lugar en homicidios de toda América Latina, con una tasa de 69,98 crímenes por cada 100.000 habitantes.

En Centroamérica, el drama de la violencia política que afectó duramente a la región hasta comienzos de la última década, se ha resuelto en lo formal a través de los procesos de pacificación y democratización en curso. Cada país ha tenido, entre los ochenta y los noventa, su propia ruta hacia la transición política. El fenómeno de la violencia, no obstante, lejos de desaparecer se ha transformado en una violencia de distinto orden, pero igual de amenazante y persistente. Aunque haya sido objeto de transformaciones como fenómeno, sus protagonistas y las causas estructurales que la subyacen han permanecido más bien como elementos inalterables. En estos momentos, a tenor de lo que señalan las encuestas, la inseguridad ciudadana es percibida por la mayoría de la población como la principal amenaza al bienestar.

¿Cuáles son las raíces de este problema endémico para Centroamérica ? Más allá de los efectos devastadores sobre la población, ¿Cuáles son sus efectos sobre la gobernabilidad democrática y el desarrollo de sus sociedades ?, y, consecuentemente, ¿Qué desafíos pueden vislumbrarse en un escenario de medio plazo ? En lo que sigue, esbozamos algunas ideas que pueden resultar útiles para ilustrar el tema.

Una de las primeras causas del fenómeno de la violencia social en la región debe buscarse precisamente en la desarticulación de la violencia política. El lastre de décadas de conflicto armado y de militarización de todos los ámbitos de la sociedad tiene un peso importantísimo en el análisis del fenómeno actual de la violencia. Como han señalado numerosos expertos, entre ellos J.M. Cruz, las transiciones políticas en Centroamérica no sólo le retiraron al ejército el control directo del poder, sino que también crearon una amplia legión de desempleados con habilidades militares en un contexto de paz. A modo de ejemplo, y como señala Torres-Rivas para el caso guatemalteco, las creación de Patrullas de Autodefensa Civiles para realizar tareas de guerra sucia y de represión, supuso la ocupación de prácticamente el 20% de la población adulta guatemalteca.

Por su lado, los jóvenes y adolescentes que en la década de los setenta ingresaron a la causa revolucionaria ante una falta absoluta de expectativas vitales, continúan enfrentando los mismos problemas que estaban en la base del conflicto, los graves bolsones de exclusión social propios de sociedades desarticuladas, fracturadas, con un mercado prácticamente volcado en la informalidad y donde la violencia y las armas fueron un activo para resolver el problema primario de la supervivencia. Debe recordarse que en los cuatro países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, más del 45% de su población se encuentra viviendo bajo la línea de pobreza.

La segunda causa estructural del problema de la inseguridad vinculada a la violencia tiene que ver con la debilidad del Estado en el conjunto de países de la región, con la salvable excepción de Costa Rica. En efecto, los déficits de articulación del Estado en el conjunto del territorio están en la base de problemas como la dificultad para garantizar el monopolio de la violencia, la emergencia de contra-respuestas a la violencia que van en paralelo al Estado, los conflictos asociados a los corredores del narcotráfico, etc.

Sociedades como la guatemalteca, donde en demasiados momentos uno siente que el "hombre es un lobo para el hombre" al más puro estilo hobbesiano, el riesgo de colombianización es altísimo. A ello debe añadirse el dato preocupante de los bajos niveles de confianza que la población expresa en relación a las instituciones del Estado de Derecho. Otra vez, refiriéndome al caso guatemalteco, los datos que se extraen de la última encuesta de Opinión Pública en América Latina, coordinada por Selligson, muestran cómo el 73% de la población encuestada del área metropolitana cree que la policía está involucrada en los casos de delincuencia.

El principal desafío frente a este estado de las cosas viene del elevado grado de socialización de la cultura de la violencia en la región y unido a ello el reto de re-socializar a unas generaciones que se han educado en un escenario protagonizado por la violencia y el crimen. El lenguaje de la violencia tenía sus códigos, sus pautas y sus instituciones, que aunque informales, se encuentran profundamente arraigadas en las sociedades centroamericanas. El conflicto violento, la represión, la dictadura, los procesos carcelarios, la salida hacia las maras, etc, han sido procesos de institucionalización muy poderosos y muy encontrados con los procesos de socialización requeridos para construir ciudadanía democrática.

El caso de los linchamientos en Guatemala ilustra de forma paradigmática el peso de la institucionalización de determinadas expresiones de violencia, que tienen que ver con cómo se resolvían determinados conflictos durante la guerra. Según recoge el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales de Guatemala, entre 1996 y el 2000, más de 600 personas perdieron la vida en linchamientos. Este tipo de violencia de naturaleza comunitaria tiene su raíz en el uso histórico de las comunidades indígenas, por parte del ejército para luchar contra los guerrilleros. En la actualidad, una vez resuelto el conflicto, las comunidades indígenas continúan empleando estos métodos para castigar a los criminales o sospechosos.

Como pudo leerse en un artículo reciente sobre las maras publicado en el País, el fenómeno de las pandillas es una expresión del impacto sociológico y las consecuencias evidentes de las últimas guerras que ensangrentaron Centroamérica. Según comenta en este mismo artículo un buen conocedor del fenómeno : "Hay una tremenda violencia de padres a hijos. Los padres salvadoreños de hoy son los niños de los ochenta que traen esa violencia dentro" En el mismo reportaje, otro ex pandillero salvadoreño comenta : "En el Ejército nos habían enseñado a asesinar a nuestro padre si era necesario, a defender la integridad de la patria a costa de nuestra vida".

Como anticipábamos en las primeras líneas de este artículo, los efectos de la violencia en términos de vidas humanas y de dramas individuales son elevadísimos, pero además no pueden olvidarse los altos costes que supone a la generación de condiciones de gobernabilidad democrática y desarrollo. En efecto, cada vez se alzan más voces alertando de los efectos negativos que tiene la percepción o la experiencia vital de episodios de agresión física sobre las actitudes políticas en general y democráticas en particular. Un estudio empírico elaborado por José Miguel Cruz, y amparado por el PNUD, demuestra que existe una relación entre la violencia y la legitimidad del régimen democrático. El estudio pone de relieve que los ciudadanos encuestados víctimas de la violencia común tienden a expresar menos apoyo al sistema que el resto de población, a la vez que las personas más afectadas por el temor y la inseguridad tienden a sentirse más desencantados con los regímenes democráticos.

Seligson, por su lado, en el informe antes mencionado afirma que quienes se perciben inseguros en su ambiente social le dan menor apoyo a su gobierno local y al sistema político en general. También tienden a preferir la mano dura y a tener menor confianza interpersonal. ¿Cómo compatibilizar actitudes autoritarias y voluntad de mantener mano dura con los principios de democracia y respeto a los derechos humanos ? En efecto, la presencia persistente y cotidiana de la inseguridad y la violencia de gran crudeza que se vive en las calles centroamericanas fortalece las posturas más radicales, como la del presidente del congreso hondureño, Profirio Lobo, favorito en las elecciones presidenciales de finales de año. Su lema de campaña es la reimplantación de la pena de muerte "para los crímenes que van más allá de los límites de tolerancia".

La pregunta que emerge, entonces es : ¿Cómo construir Estado de Derecho en estas circunstancias ? Los retos no son únicamente penitenciarios, de seguridad, de monopolio de la violencia sino de creación de ciudadanía.

Cuando la reforma política parece haber ganado terreno en la agenda de la cooperación internacional, tras años de ser ignorada repetida y voluntariamente y desconsiderar la viabilidad política como una condición sine qua non para que reformas institucionales dirigidas a mejorar la eficiencia del Estado pudieran llevarse a cabo, el momento actual parece requerir la necesidad de volver a reivindicar la importancia de tender puentes conceptuales, programáticos y estratégicos entre ambas agendas, esta vez para reivindicar la necesidad de la reforma del Estado. En efecto, en regiones como la centroamericana, la ausencia de Estado en su versión de creación de ciudadanía está en la raíz de los principales desafíos del desarrollo de sus sociedades. Por tanto, otra vez si cabe : más Estado sí, y de mayor calidad.

Fuente: www.elcorreo.eu.org


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