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Las consecuencias del "Estado de sitio" decretado en Guatemala
Por la Redacción de eldiario.es - Guatemala, 9 de septiembre de 2019

El Congreso de Guatemala dio este sábado su visto bueno al "Estado de sitio" decretado por el Gobierno en casi una veintena de municipios del noreste del país durante un mes para combatir una supuesta proliferación del narcotráfico.

A continuación algunas preguntas y respuestas de esta medida, establecida en la legislación, pero que a lo largo de su aplicación en la historia ha generado controversias por el mal uso de los fondos y la represión.

- ¿QUÉ ES EL ESTADO DE SITIO?

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades "terroristas, sediciosas o de rebelión" que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves "pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado".

También cuando se registran o se tengan "indicios fundados" de que se van a producir "actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva".

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar "el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia".

Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, "intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento" cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios "preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados" cualquier acción.

Además, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión o la portación de armas, entre otros.

- ¿DÓNDE APLICA? UNA ZONA DE COFLICTOS SOCIALES

El "Estado de sitio" estará vigente durante al menos 30 días en una veintena de municipios de seis departamentos del noreste del país.

Estos son el departamento de Izabal; los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de Las Casas, en el departamento de Alta Verapaz; a los de Gualán, Río Hondo, Usumatlán y Teculután en Zacapa; Purulhá en Baja Verapaz; y San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasuagastlán, en El Progreso.

Estos municipios forman parte de un área del país que ha estado rodeada de conflictos sociales, no solo por la presencia de grupos del narcotráfico, sino de empresas mineras y de aceite de palma contra las que muchos habitantes se oponen por sus efectos en el medioambiente.

De hecho, la Corte de Constitucionalidad tiene pendiente resolver una serie de amparos presentados en contra de algunas de estas compañías, pues las comunidades aseguran que se instalaron en el área, entre otros hechos, sin realizar la consulta popular que se establece en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para estos proyectos.

- UNA DEMANDA: DERECHOS HUMANOS

Después de conocerse la declaratoria del Estado de Sitio por parte del Gobierno, organizaciones nacionales e internacionales han coincidido en demandar a las autoridades un respeto a los derechos humanos.

Desde la Procuraduría de Derechos Humanos a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para la ONU han pedido respetar los principios de "estricta legitimidad, necesidad y proporcionalidad", pero otras organizaciones han sido más contundentes y se han posicionado en contra.

La Convergencia por los Derechos Humanos, formada por varias organizaciones, ha rechazado la medida porque no está en riesgo "la vida de la nación" y asegura que los hechos registrados en Izabal no "constituyen amenaza alguna a la vida nacional" para suspender algunas garantías constitucionales.

Aunque el "Estado de sitio" no impide la actividad turística en la veintena de municipios afectados, el Instituto Guatemalteco de Turismo ha girado una circular al cuerpo diplomático en el que sugiere una serie de recomendaciones.

Entre ellas están que los visitantes de estas áreas eviten movilizarse "en horarios nocturnos", llevar siempre identificación, "evitar participar en manifestaciones o reuniones públicas", no llevar armas y prestar apoyo y colaboración a las autoridades civiles y militares.

- LOS ARGUMENTOS OFICIALES DEL ESTADO DE SITIO

El Gobierno argumenta que esta emergencia se decreta después de "una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y que han puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida la paz y el desarrollo integral".

En concreto la medida se anunció después de que una brigada de la marina, que supuestamente rastreaba un vuelo ilegal en el departamento de Izabal, fuera emboscada por un presunto grupo de narcotraficantes, dejando a tres de ellos muertos, cinco heridos y uno ileso.

Este hecho fue entendido por las autoridades como una muestra de la proliferación de los grupos de narcotráfico en el país, que por su posición geográfica es un punto estratégico para el paso de droga desde Suramérica a Estados Unidos.

- EL NARCOTRÁFICO EN GUATEMALA

Guatemala integra junto a Honduras y El Salvador el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerado una de las zonas más pobres y violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales y el accionar de las pandillas.

Durante 2017, el 90 por ciento de la cocaína que llegó al mercado de Estados Unidos, el mayor consumidor de esta droga en el mundo, pasó por el corredor centroamericano, según el informe anual del Gobierno estadounidense sobre narcotráfico en el mundo.

En los últimos tres años, de acuerdo con las estadísticas oficiales de Guatemala, se realizaron incautaciones récord de esta droga, llegando en 2016 a los 12.818 kilos, un año después a los 13.659 kilos y en 2018 a los 16.829.


Fuente: www.eldiario.es


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