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El Gobierno de Guatemala socava la seguridad democrática y amenaza la paz
Por la Redacción de eldiario.es - Guatemala, 31 de enero de 2019

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, denunció este miércoles que durante el año pasado el Gobierno realizó "una serie de acciones regresivas a los avances en la seguridad democrática" que representan una "amenaza para la seguridad y la paz".

En su Informe Anual Circunstanciado de Actividades y Situación de Derechos Humanos 2018, el magistrado de conciencia menciona entre ellas las que intentan "debilitar la profesionalización" de la Policía Nacional Civil y las que afectan a la lucha "contra la impunidad y la corrupción", impulsada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta situación, que a su juicio es preocupante, se basa en que el fortalecimiento de la Policía se ha visto "descuidado" porque el Estado mantuvo "de forma permanente" la participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana con un presupuesto anual "significativo" que pudo haberse designado para el instituto armado.

"No obstante que las autoridades anunciaron el retiro definitivo del ejército en tareas de seguridad ciudadana en mayo 2018, entre agosto y septiembre se continuó observando presencia militar en las calles, lo que dejó en duda los compromisos reales del Gobierno de cumplir con dicho retiro", denunció el procurador.

Asimismo, aunque tilda de "positivo" de que por noveno año consecutivo descendiera la tasa nacional de homicidios, advierte que "incrementó la criminalidad y la criminalización hacia defensoras y defensores de derechos humanos por la serie de asesinatos contra liderazgos comunitarios y de organizaciones indígenas y campesinas".

Además, asegura que la incidencia delictiva se mantiene con una "prevalencia alta" en delitos como la extorsión, los sexuales, la muerte violenta de mujeres o la trata de personas, afectando "la integridad, libertad, vida, seguridad de las personas y la paz social".

"El Estado de Guatemala continúa mostrando debilidades para proteger a las personas de todas aquellas situaciones consideradas como riesgos, amenazas y vulnerabilidades a su seguridad, vida, integridad, libertades fundamentales y a la paz social, en algunos casos tratándose de problemas sociales estructurales que no han sido abordados de forma integral en las políticas de seguridad ciudadana", arguye.

Ante esta situación, el magistrado de conciencia recomienda revisar las políticas de seguridad ciudadana para definir estrategias "de contención con atención a la coyuntura y situaciones estructurales que afectan la seguridad" y pide retomar el proceso de "consolidación de la seguridad democrática".

Esto "evitando acciones regresivas a la doctrina de la seguridad democrática, que está basada en un enfoque de derechos humanos," y dejando a un lado "acciones que representen ataques a operadores e instituciones de justicia del país y el debilitamiento a la lucha contra la corrupción y la impunidad".

El pasado 7 de enero, el presidente, Jimmy Morales, anunció el cese unilateral anticipado de la Comisión Internacional acusándola de haber "injerido" en asuntos internos; una decisión que el Constitucional contradijo con resoluciones a favor de amparos que anulaban esta determinación, aunque el Gobierno se mantiene firme en su decisión.

Fuente: www.eldiario.es


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