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Organizaciones internacionales temen la impunidad del genocidio de Guatemala
Por la redacción de El Mercurio Digital - Guatemala, 9 de febrero de 2008

Organizaciones internacionales, que han monitoreado los procesos judiciales sobre los delitos cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala, expresaron preocupación por la impunidad nacional prevaleciente en el caso de genocidio y crímenes contra la humanidad llevado por la justicia española.

1983-1985 se inicia una campaña literal de eliminación física de indígenas, muchos de ellos son ejecutados extrajudicialmente, pueblos enteros (hasta 448) son literalmente arrasados por el ejercito y por las “patrullas de autodefensa civil” de extrema derecha.

Más de 35 agrupaciones y personalidades manifestaron su apoyo a las organizaciones guatemaltecas y a otros grupos foráneos, con motivo de los tropiezos que han encontrado las diligencias de la Audiencia Nacional Española en el sistema de justicia guatemalteco y en algunas instituciones.

Las entidades signatarias de un comunicado de prensa, que circuló en el país y fuera de él, señalaron la falta de avances para enjuiciar a los responsables del genocidio en la época de la guerra, tanto en el proceso que impulsa España, como en los que fueron promovidos en Guatemala.

Las organizaciones internacionales destacaron que consideran que el fallo emitido el 12 de diciembre de 2007 por la Corte de Constitucionalidad (CC), en que negó la extradición y dejó en libertad a dos de los acusados, consolida la impunidad en el país y pone en situación de precariedad al Estado de Derecho, porque significa incumplimiento de su deber y compromiso internacional de prevenir y sancionar el delito de genocidio.

Peace Watch Switzerland, de Suiza y los otros firmantes recordaron la resolución emitida por el Parlamento de la Unión Europea en el 2006 y un comunicado de los congresistas estadounidenses del 2007 en los que respaldaron las órdenes de captura internacionales emitidas contra los sindicados de crímenes de genocidio, tortura y detención ilegal.

Agrupaciones guatemaltecas, que se ocupan de los temas de derechos humanos y justicia, reclaman que se lleve a juicio a los militares jefes de estado golpistas Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Victores, así como a los ex altos funcionarios Aníbal Guevara, Pedro García Arredondo, Germán Chupina y Benedicto Lucas García.

Finalmente, las organizaciones internacionales aplaudieron la voluntad de la Audiencia Nacional Española de continuar las investigaciones a nivel mundial y llamó la atención de gobiernos amigos y del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala para que respalden el proceso de paz y la reconciliación como producto de la justicia, reparación y construcción de garantías de no repetición del genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

QUEMA DE LA EMBAJADA ESPAÑOLA

En el caso de la quema de la Embajada de España acreditada en Guatemala, ocurrida en 1980, se presentó un nuevo obstáculo para llevar ante la justicia a los responsables de este delito y la muerte de casi 40 personas, entre éstas tres diplomáticos ibéricos, denunciaron organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los temas de derechos humanos y justicia.
La defensa de los militares retirados José Efraín Ríos Montt, jefe de estado golpista y Ángel Aníbal Guevara, ex Ministro de la Defensa Nacional del régimen de Romeo Lucas García, presentó una acción de reposición, porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el 12 de diciembre de 2007 que España no tiene jurisdicción en territorio guatemalteco.

Los cinco militares retirados y dos civiles imputados en España por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado son los jefes de los gobiernos de factos Óscar Mejía Víctores y Ríos Montt, así como los ex altos funcionarios gubernamentales, Guevara, Germán Chupina y Benedicto Lucas, además de los antiguos burócratas civiles, Donaldo Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo.

Hace 28 años, un 31 de enero de 1980, fuerzas combinadas de la desaparecida Policía Nacional (PN) y del ejército guatemalteco llevaron a cabo un operativo que culminó con el incendio de la representación diplomática, luego de que un grupo, integrado mayoritariamente por campesinos ocupó el edificio en protesta por las acciones represivas contrainsurgentes en el interior del país y la exigencia de la atención a sus reivindicaciones.

En Guatemala se incrementó el clamor por justicia y en España, 17 testigos presentarán su declaración ante Santiago Pedraz, juez ibérico, quien desistió el 16 de enero de seguir con sus investigaciones en el país, pero que dejó activo el correspondiente expediente, así como las órdenes de captura internacional contra los acusados de graves ofensas a la dignidad humana universal.

Dos personas declararon el lunes 4 de enero, dos el 5 y esperan su turno las otras en el extranjero, porque su requerimiento de justicia no ha sido atendido por casi tres décadas en Guatemala, recordaron grupos guatemaltecos acompañantes solidarios de las gestiones.

Fuente: www.elmercuriodigital.es - Cerigua


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