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Ejército guatemalteco debe abrir expedientes de guerra interna: FRM
Por la redacción de El Porvernir - México, 27 de mayo de 2008

La Fundación Rigoberta Menchú (FRM) afirmó que las Fuerzas Armadas de Guatemala están obligadas a acatar las resoluciones de la justicia en el caso de la demanda por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la pasada guerra interna.

El director de la FRM, Eduardo de León, dijo a Notimex que autoridades militares y civiles deben contribuir "para esclarecer la verdad" y determinar las responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado interno que finalizó en 1996.

De León se refirió a una reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual consideró procedente que el Ejército abra los archivos y publique los documentos sobre estrategias de lucha antiguerrilla que aplicó en esa guerra interna (1960-1996).

Precisó que el Ejército está obligado a acatar el fallo y poner a disposición de los guatemaltecos sus archivos con las acciones y los planes de guerra regular e irregular en la lucha contra el movimiento guerrillero y además golpeó a la población civil no combatiente.

La decisión de la máxima autoridad en materia constitucional "nos dará luz sobre la participación del Ejército y sus estrategias de guerra antisubversiva que contemplaron el exterminio de la población indígena", pese a tratarse de población civil no combatiente.

El director de la FRM señaló que el fallo de la CC, el cual determina que "no hay ningún impedimento legal para que el Ejército abra sus archivos" es importante, "porque suma otro elemento más para el esclarecimiento de la verdad".

La represión se recrudeció en los gobiernos del presidente Romeo Lucas García (1978-1982) y en el de su colega general Efraín Ríos Montt (1982-83), quien tras derrocar al primero encabezó, con el Ejército y paramilitares, una feroz lucha contra la guerrilla.

En los archivos militares estarían los planes y mandos militares responsables de los operativos contra la guerrilla de Lucas García, Ríos Montt y los jefes de Estado y del Ejército a lo largo de los 36 de vigencia de la guerra interna no declarada de Guatemala.

El representante indicó que la resolución de la CC es una más de las diligencias de la demanda por genocidio interpuesta por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú ante la justicia española, junto con los testimonios de sobrevivientes efectuados en Guatemala y Madrid.

La víspera, la justicia guatemalteca concluyó las diligencias solicitadas por la Audiencia Nacional de España (ANE) en el caso de la demanda contra ex autoridades del país por crimenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada guerra interna.

El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal recibió los testimonios de los últimos cuatro testigos de matanzas hechas por militares en la guerra interna que causó 200 mil muertos y desaparecidos y que finalizó el 29 de diciembre de 1996 con un acuerdo de paz.

La comparecencia de los cuatro testigos fue la última diligencia del apoyo judicial guatemalteco solicitado por el juez de la ANE, Santiago Pedraz, quien lleva la demanda de Rigoberta Menchú contra el gobierno de Guatemala.

La asistencia judicial de parte de los tribunales guatemaltecos a la ANE fue otorgada a pesar de que el 19 de diciembre pasado la CC de Guatemala declaró la falta de competencia de la justicia española para conocer denuncias de genocidio en este país.

Los testimonios de los testigos, que también se cumplen en Madrid, son parte del proceso que sigue la ANE contra ocho ex jefes de Estado, ex funcionarios y ex autoridades militares acusadas de delitos de lesa humanidad en el pasado conflicto armado interno guatemalteco.

El proceso judicial fue iniciado en diciembre de 1999 por la líder indígena guatemalteca Menchú, quien recurrió al principio de "justicia universal" para demandar a las ex autoridades guatemaltecas ante la ANE.

Los procesados ante la justicia española son los generales Angel Aníbal Guevara, Ríos Montt y Oscar Mejía (ambos ex gobernantes de facto) y Benedicto Lucas, y los civiles Pedro García y Donaldo Alvarez.

La demanda también fue planteada en contra del ex presidente Lucas García, y el coronel Germán Chupina, quienes fallecieron por causas naturales en los últimos años.

Además de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, el juez Pedraz también investiga la presunta participación de los imputados en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, que dejó 37 muertos.

Fuente: www.elporvenir.com.mx - Ref.: Notimex


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