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El gobierno carece de política para reinsertar a los pandilleros
Por Carlos F. Rigalt - Guatemala, 1 de abril de 2005

Lo que existe son esfuerzos aislados para trabajar con jóvenes, no con los mareros. El año pasado se habilitó la finca Santa Tomás para personas en riesgo.

El año pasado, además de un ofrecimiento del presidente Óscar Berger de dialogar con algunos jefes de maras y la habilitación de la finca Santo Tomás para un programa de la Alianza para la Prevención del Delito (Aprede) con jóvenes en riesgo, no se le oyeron más propuestas.

La Vicepresidencia, por su parte, autorizó el Consejo Nacional de Prevención del Delito (Conaprevi), para articular los esfuerzos de las instituciones del Ejecutivo que tienen que ver con el asunto.
A pesar de que hay quienes ven positivas estas acciones -según Eugenia Rodríguez, de Aprede, fueron importantes porque pusieron en la agenda del Gobierno el tema-, las cosas no han mejorado. Anabella Rivera, de Conaprevi, por ejemplo, no ve una iniciativa estatal para reinsertar a los mareros .

El ácido sabor de el limón

Mauro* no es marero, de hecho, se ha encargado de que los “cholos”, como les llama, no “bajen” al sector de la colonia El Limón, en la zona 18, donde vive. Su detención se debió a la última riña con ellos.

Tampoco es un antisocial. Desde hace tres años se junta con sus amigos y comparte aficiones -comunes también entre los mareros- como escuchar música, beber cerveza y “echarse los primos”, o sea, combinar crack con mariguana. Para Mauro, la droga es en gran parte responsable del comportamiento antisocial de los mareros.

Según el informe Heridas en la Sombra(Avancso 2001), hay relación entre el aumento de las maras y el incremento del tráfico de drogas: “Desde 1994, el número que opera en La Esperanza -en El Mezquital- ha aumentado junto con la expansión del narcotráfico, los asesinatos y las detenciones de mareros por la Policía”.
Para algunos, ahí reside el problema. Marco Antonio Castillo, director del Grupo Ceiba, que trabaja con jóvenes en riesgo de El Limón, dice: “Los chavos son sólo la punta de lanza”. A las mafias que les proveen las armas y los organizan para distribuir la droga “no las están combatiendo”. Manuel Conde, analista político que ha trabajado este tema en países como Colombia, agrega que en ese lugar “los jóvenes tatuados no pueden salir de su barrio. Si la Policía los ve, los agarra. Pero no hacen nada contra los adultos que les venden las drogas”.

Rivera considera que el fondo de todo es el crimen organizado, que abona la falta de oportunidades que la sociedad les niega. Hay todo un sistema “pululando en el país, del cual el marero es sólo el brazo operativo”, señala.

Mucho ruido

Si bien durante cada campaña política los candidatos vuelven a tocar el tema de las pandillas como estrategia para ganar votos, la ausencia de un enfoque preventivo es notoria, dice Avancso. No se ha visto ni oído un gobierno que enfrente el problema en sus causas, no sólo en sus efectos.

El Conaprevi, creado en diciembre de 2004, podría ser la excepción. Un mes antes de ser instituido, Frank La Rué, comisionado presidencial para los Derechos Humanos, se refirió a éste: “Será una política para la prevención de las pandillas, que coordinará a las instituciones del Estado relacionadas con el tema”.

Tres meses después, Conde lo pone en duda: “No se nota nada. Tendrían que armonizar tareas con la fuerza pública y la Policía no sabe qué hacer con ellos”.

Juan Coromac, director de la Comisión Nacional de Acción por la Niñez, la Juventud y la Familia (Aconani), dice que lo único que han escuchado es sobre las iniciativas de leyes antimaras que impulsan varios partidos políticos. Para Alejandra Vásquez, del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Juventud, estas propuestas no sólo no resolverán el problema, sino que son inconstitucionales. Esto debido a que no contemplan que ya existe la Ley de Protección a la Niñez y la Adolescencia, impulsada en 2003.

Pocas nueces

A favor de la labor de Conaprevi, Eugenia Rodríguez, de Aprede, declara: “Son distintas organizaciones, el Consejo Nacional de la Juventud, la Municipalidad, el Ministerio de Educación, de Cultura y Deportes, que se reúnen una vez al mes para crear programas de prevención del delito”.

Entre éstas se encuentra la Dirección de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Rubén Chavén, director, comenta sobre los 170 centros de capacitación técnica con que cuentan en igual número de municipios. Reciben un promedio de 60 personas cada uno, la mayoría mujeres y hombres de entre los 14 y los 25 años. Imparten cursos de carpintería, corte y confección, cocina, repostería y computación, pero muy pocos pandilleros asisten.

Otro programa son los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (Nufed), 304 centros que imparten la educación básica junto con capacitaciones prácticas -agricultura, ganadería, artesanía, textiles-, en aldeas del país. Atienden a 16 mil jóvenes no necesariamente mareros.

Si bien acciones del Estado como las de Conaprevi o las que realiza Aprede en la finca Santo Tomás pueden resultar beneficiosas para prevenir que nuevos jóvenes caigan en las maras, los consultados coinciden en que la falta de un programa nacional para reintegrar a los que ya se encuentran dentro de las maras no contribuye a resolver la problemática.

* Nombre ficticio.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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