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Investigación: Minería
Por el equipo de investigación de El Periodico - Guatemala, 2 de noviembre de 2004

“¿Dónde está el negocio?”

En San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, la edificación de la planta industrial sigue su marcha.

De acuerdo con Milton Saravia, gerente general de Montana, las operaciones comenzarán en enero de 2006.

El volumen del oro y plata que se contempla extraer, de acuerdo a las estimaciones de la empresa, representa un valor de US$1,183 millones, a razón de US$424.80 la onza troy de oro y US$7.31 la onza de plata, según la cotización en Nueva York al día de hoy.

Esta suma es equivalente a una tercera parte de la deuda externa de Guatemala (US$3,500 millones). Mientras tanto, los dividendos que Guatemala obtendrá por la extracción de esa riqueza de su suelo ascienden a US$10.1 millones (1 por ciento).

El director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), Yuri Melini, se opone al negocio y advierte que ese monto de beneficios no guarda relación con el impacto ambiental que tendrá el proceso de extracción del metal precioso (cambio de uso del suelo, pérdida de bosque y de la diversidad biológica, agotamiento y contaminación del agua por uso del cianuro, etcétera).

Melini sostiene que “el negocio (para la compañía) está en que el potencial de la licencia (25 años de explotación) es de 5 millones de onzas troy”, aunque la licencia otorgada inicialmente indica que son 2 millones de onzas.

Ministerio defiende ventajas

- En cuanto al tema de los escasos beneficios, como el 1 por ciento de las ganancias que arrojará la explotación minera, el director de Minería del MEM, Jorge García, no lo ve desfavorable para Guatemala. Explica que esta actividad genera otros beneficios a través de los impuestos que pagan las compañías mineras. En el caso de “Marlin I”, estima que ascenderán a unos Q300 millones en diez años de operaciones, a razón de Q30 millones anuales.

- Parte de estos recursos provendrán del 31 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que la compañía Montana reporte. Como garantía de una justa asignación, García afirma que, tanto el MEM como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ejercerán controles estrictos para evitar que la empresa declare beneficios inferiores.

- Melini no confía en estas promesas y observa una contradicción oficial. “Es contradictorio que el Presidente salga defendiendo el proceso de desarrollo de la industria minera y le dé Q26 millones este año al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales”, un monto que considera insuficiente.

- “¿Cómo va a poder cumplir un control ambiental un organismo que tiene que ser fuerte y coercitivo, si no tiene presupuesto?”, se pregunta.


Explotación de la riqueza natural

Glamis Gold al igual que la mayoría de mineras, son de procedencia canadiense-estadounidense, según un informe del Movimiento Mundial de los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

1% de regalías, es lo que obtiene el Estado, en Guatemala, por la explotación minera. Compañías canadienses han obtenido licencias de exploración y explotación a partir de 1997.

0% de regalías, es lo que obtiene el Estado, en Chile, por la explotación minera, que es la columna vertebral de la economía de ese país. La diferencia con Guatemala es quke toda la producción es estatal.

12% de regalías, es lo que obtiene el Estado de Canadá por la explotación minera. Además pagan derechos de uso de suelo a las comunidades que aceptan que su territorio sea utilizado para esa actividad.


México

Glamis Gold, invierte U$100 millones en la mina El Sauzal-Chihuahua para explotar 18.5 millones de onzas de oro.

Guatemala

Licencia para 25 años, exploradora Montana, susidiaria de Glamis Gold, iniciará en 2005 a explotar la mina de oro en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, con los mismos ofrecimientos de otros países.

Estados Unidos

Demanda por U$50 millones Glamis Gold Ltd. Demandó al gobierno de EEUU por U$50 millones por haberle sido denegada la licencia para operar el Proyecto Minero Imperial, durante el gobierno de Bill Clinton.

Honduras

Minas de San Martín

Glamis Gold obtuvo en 2001 114 mil 215 onzas de oro, o sea que exportó más de U$31 millones, pero con el precio ecológico de la destrucción de bosques y contaminación de aguas.


En Guatemala

San Marcos
10 minas con yacimientos de oro

Huhuetenango
13 Bajo exploración
13 Solicitudes de exploración
13 Solicitudes de reconocimiento
6 minas con yacimientos de oro

Quiché
27 Solicitudes de exploración
12 Solicitudes de reconocimiento
2 minas con yacimientos de oro

Totonicapán
28 Solicitudes de exploración
4 Solicitudes de reconocimiento
7 minas con yacimientos de oro

Quetzaltenango
2 solicitudes de reconocimiento
2 minas con yacimientos de oro

Sololá
7 Solicitudes de exploración
5 solicitudes de reconocimiento

Chimaltenango
13 Solicitudes de exploración
6 solicitudes de reconocimiento
1 mina con yacimientos de oro

Sacatepéquez
1 mina con yacimientos de oro

Alta Verapaz
4 Minas bajo explotación
9 Solicitudes de explotación
22 solicitudes de reconocimiento
8 minas con yacimientos de oro

Baja Verapaz
6 solicitudes de exploración
1 solicitud de explotación
13 solicitudes de reconocimiento
4 minas con yacimientos de oro

El Progreso
26 solicitudes de exploración
2 solicitudes reconocimiento
7 minas con yacimientos de oro

Zacapa
8 solicitudes de exploración
1 solicitud de reconocimiento
5 minas con yacimientos de oro

Chiquimula
1 mina bajo explotación
25 solicitudes de exploración
1 solicitud de explotación
7 solicitudes de reconocimiento
12 minas con yacimientos de oro

Jalapa
2 solicitudes exploración
7 solicitudes de reconocimiento
8 minas con yacimientos de oro

Jutiapa
2 solicitudes de exploración
7 solicitudes de reconocimiento
8 minas con yacimientos de oro

Guatemala
1 Mina bajo explotación
42 solicitudes de exploración
3 solicitudes de reconocimiento
10 minas con yacimientos de oro


La ley: ¿protege o entrega el oro?

Un decreto promulgado durante el gobierno de Arzú abrió las compuertas para la explotación minera.

Batalla contra debilidad de la ley

1.Melini proyecta llegar a la Corte de Constitucionalidad mediante un amparo contra la licencia para explotar la mina “Marlin I”. Sin embargo, por ahora, se limita a cumplir con una “petición” ante el MEM, para que la licencia se anule, aduciendo que “en el momento en que se otorgó, el procedimiento no cumplía con todos los requisitos que los reglamentos de estudio de impacto ambiental, que son regulados por los manuales operativos que la Ley de Minería, exigen previo a la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Según Melini, hasta la fecha no han sido emitidos ni aprobados por el MEM.

2.Una segunda acción administrativa también reclama la nulidad de la licencia, alegando que no se respetó el Convenio 169 de la OIT, ya que no se consultó a los indígenas sobre la explotación minera. En tanto, Milton Saravia, de Montana, afirma que el proyecto fue dado a conocer por medio de publicaciones en español y dos idiomas de la región.

3.Mientas tanto, la comisión legislativa de Medio Ambiente dictaminó a favor de una iniciativa propia que persigue reformar la Ley de Minería, ampliando el margen de regalías para el país, de un 1 a un 10 por ciento.

4.La aprobación de estas reformas tomará varios meses. Alfredo Cojtí, presidente de la Comisión de Energía y Minas, pedirá revisar la ponencia antes de que sea sometida a la discusión plenaria. Esto tomará otros dos meses y abrirá nuevos procesos de debate legislativo, con lo que la aprobación de la iniciativa se irá retardando.

Guatemala se está convirtiendo en un país de explotación minera de recursos metálicos. Una legislación creada durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), abrió las compuertas para que transnacionales incursionaran en el campo de la minería.

En los registros del Ministerio de Energía y Minas, existen 97 solicitudes de exploración de metálicos, que incluyen oro, plata, níquel, cromo, plomo y zinc. A éstas se suman 114 que están en su primera fase de “reconocimiento”.

Ante el auge minero, los ambientalistas presionan para que se corrijan cláusulas legales que, según ellos, favorecen a las empresas. Piden además, que se detengan los proyectos que consideran causarán daños irreversibles a los recursos naturales.

Según el director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), Yuri Melini, la legislación tampoco resarce al Estado con las utilidades que genera la explotación minera. Sólo el 1 por ciento de las regalías le corresponden al país, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Minería (Decreto 48-97)

De todas las licencias mineras, la que comienza a crear polémica es la que se concedió para explotar la mina “Marlin I”, ubicada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán y en menor extensión en los municipios de Sipacapa y Comitancillo, San Marcos.

Ésta fue otorgada en 1996, durante el gobierno de Arzú. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo, fue aprobada su explotación a favor de la compañía Montana Exploradora de Guatemala, S.A., subsidiaria de la transnacional Glamis Gold.

La empresa, una minera aurífera canadiense con sede en Vancouver, proyecta extraer 2.2 millones de onzas de oro y 34 millones de onzas de plata en diez años, según sus propias estimaciones.

LAS DEBILIDADES DE LA LEY

La Ley de Minería es débil frente a los intereses de las compañías transnacionales, según un estudio de Calas. Algunas de las razones son las siguientes:

1. Mientras la Ley de Protección al Ambiente (68-86), define como obligatorios los estudios de evaluación de impacto ambiental para extender una licencia de aprovechamiento minero, la Ley de Minería (48-97) deja a discreción de la Dirección General de Minería extenderla, aun sin los estudios aprobados.

2. La autoridad ambiental deja la posibilidad a la empresa para que por medio de técnicos contratados por ésta, rinda sus propios informes sobre los controles a daños que puedan ocasionar.

3. La Ley de Minería vigente no contempla ni garantiza mecanismos de inclusión, participación y consulta a las poblaciones afectadas en materia de las actividades mineras, lo que contradice la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Convenio 169 de la OIT. En ambos casos se requiere que las poblaciones afectadas sean informadas y otorguen su consentimiento a través de un mecanismo de consulta de buena fe.

4. La Ley de Minería contempla que la regalía minera se paga únicamente por los minerales metálicos declarados, no así por las denominadas tierras ácidas o raras (que incluyen oro, plata, otros metales y tierras inertes, cuando todavía no son separados).

5. El monto de las regalías no es negocio para el país, porque sólo le corresponde el 0.5 por ciento al municipio y el 0.5 por ciento al Estado, pero en ninguno de los dos casos se garantiza que dichos recursos se reinviertan en desarrollo rural, mitigación y protección ambiental.

ASÍ CONVIRTIERON A GUATEMALA EN PAÍS MINERO

La expansión minera en Guatemala tiene un origen sospechoso, según Melini. “El marco regulatorio, el Decreto 48-97, surge en 1997 al tenor de una ola de desarrollo de legislación minera en Centroamérica con financiamientos dudosos provenientes de Canadá”.

Esto dio como consecuencia “que en Guatemala tengamos una legislación minera débil”, lo cual atrajo a las compañías mine ras transnacionales, lamenta Melini.

Resume que dicha debilidad se presenta “en los temas de estudios de impacto ambiental, participación ciudadana, derechos de los pueblos indígenas y en la parte de regalías mineras”.

Recordó que esta ley se aprobó sin mayor discusión, y que “cuando algunos grupos de ciudadanos y sectores opinamos sobre temas como las debilidades en los controles ambientales, no se nos escuchó”.

“Procesos similares ocurrieron en otros países de Centroamérica, lo que significa que hubo algún tipo de lineamiento de algún interés foráneo por tener legislaciones blandas en la región”, dijo.

Melini no sugiere a los posibles responsables, pero de acuerdo con los expedientes de la Dirección Legislativa del Congreso de Guatemala, esta ley fue propuesta por el diputado Arturo de la Cruz, general retirado, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), que por entonces era el partido oficial.

Posteriormente, fue aprobada el 11 de junio de 1997 durante el período legislativo presidido por su correligionaria Arabella Castro y publicada en el Diario de Centroamérica el 17 de julio de 1997, tras ser sancionada por el entonces presidente, Álvaro Arzú.

La iniciativa apenas tuvo un trámite de siete meses en la Comisión de Energía y Minas.

El tema de la aprobación de esta ley resultaba de interés directo para el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a cargo de Leonel López Rodas, quien luego retornó al Congreso como presidente en 1999, el último año del período legislativo del PAN.

El diputado y general retirado De la Cruz ocupó en el mismo período el cargo de primer secretario, una especie de representante legal del Congreso.

López Rodas no respondió a llamados telefónicos a su casa y oficina.

El gerente general de Montana, Milton Saravia, confirm a que la legislación “la creó el gobierno de Álvaro Arzú” con el fin de “incentivar y promover la inversión extranjera”.

“Fue el propio gobierno, en 1996, quien invitó a la transnacional, por lo que respondimos atendiendo al llamdo y se vino a explorar”, justificó. Como resultado del trabajo de exploración, que duró siete años, dos guatemaltecos encontraron la mina “Marlin I”, indicó Saravia.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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