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Minería guatemalteca, analizada desde dos puntos de vista
Por Carlos F. Rigalt - Guatemala, 3 de diciembre de 2004

Junto al I Foro Nacional se realizó un Foro Alternativo con participación de comunidades indígenas que increparon al ministro de Energía y Minas.

“El Foro es el inicio de un proceso de concertación política y acuerdos para viabilizar operaciones en el ramo”.

- Carolina De la Roca, viceministra de Energía y Minas.

Las autoridades guatemaltecas dispusieron que no propiciarán nuevas inversiones en minería hasta alcanzar un clima de consenso y gobernabilidad entre los grupos que se oponen, y temen los efectos generados por esa actividad.

La viceministra de Minería, Carolina De la Roca, expresó que “este gobierno no buscará inversiones” en esa industria porque “los acuerdos deben proceder a llamar a los inversionistas que deben tener un buen clima de gobernabilidad”.

Esa posición la expuso luego del I Foro Nacional de Minería, al que De la Roca consideró como “el inicio de un proceso de concertación política y acuerdos para viabilizar las operaciones (en el ramo) y asegurarnos que los guatemaltecos tengan claridad de los beneficios, costos, riesgos que enfrentan”.

Debilidades y fortalezas

A partir de hoy, la minería ya no será igual en Guatemala. Aunque el lema del I Foro Nacional de Minería era “Avanzar en la construcción de consensos”, quedó claro que no estaban representados todos los sectores interesados.

Comunidades de Sipacapa manifestaron en la entrada del hotel, quejándose por no haber sido incluidos. Algo parecido sucedió ayer, cuando Roberto González, ministro de Energía y Minas, llegó al Foro Alternativo y fue increpado por los sipacapenses allí congregados.

Durante su presentación en el II Foro, el cual fue organizado por Colectivo Madreselva, la Plataforma Agraria, el Movimiento de Trabajadores Campesinos, Trópico Verde, la Mesa Global y otras instituciones de base, González intentó mantener el tono de apertura. Se refirió a que la mayoría de licencias mineras que se observan en el mapa de concesiones de Guatemala, son de “materiales de construcción”.

González agregó que era sano que generara debate, ya que era necesario que el país diera un vuelco en su institucionalidad, si quería entrar de lleno a la explotación minera. “Las instituciones del gobierno tienen mucho que aprender sobre el tema”, dijo.

El tono conciliador del ministro chocó con los ánimos caldeados de los sipacapenses, quienes le exigieron que se definiera, y dijera si “sí” o si “no” estaba dispuesto el gobierno a cancelar las exploraciones mineras.

Costos y beneficios

La mención de González acerca de fortalecer la institucionalidad en temas como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los controles hacia las mineras coincidió con la mayor crítica que se le hizo en el I Foro.

Robert Morán, hidro-geólogo invitado por Colectivo Madreselva, se había referido un día antes al EIA del Proyecto Marlin como un estudio “ingenuo” e incompleto. Para el técnico estadounidense, el problema con el Foro fue que “no existió un verdadero diálogo” y que los expertos sólo habían presentado “verdades a medias”.

González añadió en el Foro Alternativo que la premisa del gobierno ha sido que sí es posible realizar una minería social y ambientalmente responsable, donde los costos sean “menores que los beneficios”. Si los costos fueran mayores, el mensaje del gobierno sería que “no se realizará” la actividad. El Foro Alternativo de Resistencia a la Minería se realizó en la Casa de la Reconciliación, que fue facilitada por el cardenal Rodolfo Quezada Toruño. El religioso manifestó que “su posición no era para confrontar al gobierno, ni por ser ‘ecohistéricos’, sino porque tuvieron noticias de que peligran muchas personas, y por la salud de los pobres de las comunidades aledañas a los proyectos mineros”.

Entre Sipacapa y el Banco Mundial

La viceministra de Energía y Minas, Carolina De la Roca, manifestó que lo que esperaban del encuentro era sentar las bases para que la minería pueda realizarse en el país dentro de un ambiente de “gobernabilidad” y que además de los conocimientos técnicos que se habían compartido entre los expertos invitados y funcionarios nacionales, el foro había abierto “espacios de comunicación” entre todos los actores del gobierno, las organizaciones ambientales y la sociedad civil.

A pocos pasos, el alcalde de Sipacapa, quien había sido invitado al I Foro, expresaba su percepción desde el centro de la polémica sobre la minería en San Marcos: “Es poca la información que nos ha llegado. Sólo nos han dicho que va a traer empleo y desarrollo, pero no nos han dicho nada sobre los problemas negativos que pudiera traer”. José Vicente Zevallos, especialista del International Finance Corporation, división del Banco Mundial que se especializa en préstamos para proyectos privados, comentó acerca de la viabilidad del Proyecto Marlin, el cual impulsan: “El que recibe un préstamo del IFC tiene la obligación de cumplir con los estándares ambientales y sociales del Banco”. Vicente agregó que están interesados en sacar la polémica del monitoreo ambiental de las organizaciones verdes o del propio gobierno, y que sean las mismas comunidades quienes realicen sus “propios monitoreos”.

Antonio Morales, coordinador de Control Minero del Ministerio de Energía y Minas, compartió la opinión del funcionario. Además de aclarar que la institución a su cargo tiene la capacidad de monitorear y fiscalizar debidamente a las mineras, agregó que el Proyecto Marlin está cumpliendo de sobra con la ley guatemalteca, al ajustarse a los estándares del Banco Mundial. “Sus requerimientos ambientales son mucho más exigentes que los de Guatemala”, dijo.

Fuente: www.elperiodico.com.gt/AP


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