Abusos de la policía - En manos de una policía acusada de tortura y ejecución extrajudicial
Por el equipo de Investigación de El Periódico - Guatemala, 5 de septiembre de 2006
Torturan sexualmente, coaccionan, roban e implantan evidencias desde mariguana hasta cocaína y crack. Son señalados de desapariciones forzadas y secuestros, de provocar graves lesiones, allanar ilegalmente viviendas y de amenazar, estafar y ser cómplices de narcotraficantes.
Estas y otras son las graves acusaciones que pesan sobre los elementos que conforman la actual Policía Nacional Civil (PNC), a la que sus víctimas, cuyo número asciende a más de 2 mil, señalan de abuso al momento de haberlos interceptado en la calle o en un su casa.
La PNC es un cuerpo de seguridad nacional que cuenta con 21 mil efectivos, 20 mil menos de los sugeridos en los Acuerdos de Paz. Inició con 2 mil agentes, cubriendo 2 comisarías, y a la fecha funcionan en turnos de 14 mil elementos en activo y 7 mil de descanso.
Historias verídicas fueron documentadas en una investigación realizada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG) y la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad (Imasp), en la que se consigna la forma en que los agentes de seguridad actuaron indiscriminadamente. Secuestros y desapariciones forzadas también pesan sobre ellos, incluso, en altos jefes policíacos.
La Imasp revela en su informe La seguridad es tarea de todos, que en 2005 la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) reportó 30 plagios cometidos por policías y 9 desapariciones forzadas.
Aunque las desapariciones forzadas parecían una práctica del pasado, este cuerpo policial cobró vigencia, según el documento de la Imasp, ya que en 2006, este delito se incrementó entre enero y mayo en 18 casos más.
La complicidad con el narcotráfico deja también mal parada a las fuerzas de seguridad. Ana Lucía Morán, del programa Justicia Penal y Género del IECCPG, dice que lo normal es que ningún agente esté involucrado, pero el resultado de una investigación efectuada demuestra que existen 38 policías que son investigados por este hecho.
La Fundación Myrna Mack, en su análisis Guatemala: institucionalidad al acecho, señala que se ha confirmado que agentes de los servicios especializados en la lucha antinarcótica y el combate del crimen organizado resultan ser operadores, cómplices e informantes de las redes.
Los delitos que más incremento han tenido, según la Imasp, son cohecho, abuso de autoridad, violación y detención ilegal. Un muestreo realizado por la IECCPG en 2005, en la prisión de Santa Teresa, evaluó la forma en que la PNC capturó a las mujeres y detectó que el 84 por ciento de 154 mujeres fueron detenidas sin orden judicial, y la Policía falsificó la flagrancia e implantó pruebas. Las víctimas describen a esos agentes como hombres en picops, que ingieren bebidas alcohólicas y cometen asaltos a mano armada, de acuerdo con la Imasp.
Con miedo, recelo y desprecio
En el informe de 2006, la Alta Comisionada para las Naciones Unidas cita que tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y la desaparecida Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua) aseguran la participación de la PNC en actividades del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, cuerpos irregulares, aparatos clandestinos y limpieza social.
Pone de ejemplo la detención, en noviembre, de Adán Castillo, ex jefe de Antinarcóticos por exportar droga a Estados Unidos, lo que muestra la corrupción y la penetración del crimen organizado en la institución policial.
La PNC es una entidad de seguridad cuestionada desde que a sus filas ingresó personal en los mandos medios y altos egresado de los cuerpos de seguridad –Guardia de Hacienda (GH), antigua Policía Nacional (PN) y Policía Militar Ambulante (PMA)–. Morán explica que la actuación de los agentes policíacos demuestra que existe una carga de prepotencia, de abuso, y se marca en los puestos de mando medio.
Violadores de la ruta de la legalidad
Reportes de instituciones como el IECCPG advierten que la PNC viola el debido procedimiento para capturar a un ciudadano.
El Plan Escoba, indica, es un ejemplo. Se puso en marcha en junio de 2003, para capturar supuestamente a pandillas o maras. Henry Hernández, de la PNC, indica que el Plan se hizo para realizar operativos en áreas marginales, incautar armas y detener a pandilleros.
Sin embargo, el IECCPG observó que los detenidos fueron acusados de posesión para el consumo por su perfil de vulnerabilidad social y económica, y a muchos se les implantó mariguana o cocaína.
Para el IECCPG, la PNC detiene arbitrariamente para llenar cuotas, cometer abusos y robos o justificar su trabajo.
Un estudio de posesión para el consumo de drogas efectuado por IECCPG, demuestra que las detenciones coinciden en la misma forma y lugar donde le colocan la droga .
En el caso de las mujeres, las reclusas del Santa Teresa señalaron haber sido víctimas de agresiones verbales y físicas por agentes de la PNC al momento de ser capturadas, desde empujones, jalones de pelo, manadas, patadas hasta insultos y expresiones con violencia sexual.
Acuerdos que no cambiaron nada
En el apartado de los Acuerdos de Paz respecto al fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, el Estado le confirió funciones a la PNC de ser el único cuerpo policial armado con competencia nacional y cuya función es de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas; prevenir, investigar y combatir el delito y mantener el orden público y la seguridad interna, y actúa bajo la dirección de autoridades civiles.
Sin embargo, la organización Washington Office Latin American (WOLA) en su documento Retos para la Modernización y Reforma de Instituciones Estatales Clave, menciona que la Policía cometió un error estratégico en 1997, cuando decidió incorporar agentes de anteriores cuerpos de la Policía, lo que debilitó la meta de reclutar efectivos nuevos sin antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
Agrega el análisis que el Ejército ha mantenido la tutela sobre la nueva institución policial, de manera que no se fortalecieron los proceso de formación, profesionalización, especialización y ascenso por méritos.
La desaparecida Minugua, en 1999, estimó que de los 15 mil 150 efectivos en ese entonces, el 63.4 por ciento era personal reciclado que por ser ex agentes de la GH o PN, los cuales debían hacer un curso de recapacitación de tres meses y entrar en el nuevo cuerpo.
Mientras que un civil tenía que cursar seis meses. Actualmente, no hay limitantes a si se es o no militar para ingresar a la PNC, se tiene que pasar por tres pruebas: psicológica, académica y legal. Se gradúan en un año con un punteo de 60, y el grado de escolaridad mínimo para ingresar es bachiller o su equivalente.
DERECHOS VULNERADOS
- La PDH señala en su informe de 2005 que los agentes de la PNC denunciados violaron los derechos de seguridad, integridad, al debido proceso, a la vida y a la propiedad privada de los habitantes afectados.
Fuente: www.elperiodico.com.gt - 280806 |
