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Menchú denuncia a magistrados de la CC, por discriminación
Por Kenia Reyes - Guatemala, 18 de enero de 2008

Las acciones legales fueron presentadas en el OJ y la Oficina del PDH, después del fallo a favor de ex autoridades de Gobierno acusadas de genocidio.

“Vergonzosa decisión”
El juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, calificó de vergonzosa la decisión de la CC, al anular las órdenes de detención contra los sindicados de genocidio y dictaminar que España no tiene competencias para juzgarlos. “Me llama poderosísimamente la atención”, apuntó. Considera que el tribunal guatemalteco niega la existencia de genocidio en el país, entre 1961 y 1996, en el que murieron 250 mil personas, de las que 45 mil siguen desaparecidas.

El juez español Santiago Pedraz aseguró que las órdenes de captura se encuentran vigentes (a nivel internacional).

Dos denuncias por discriminación fueron presentadas ayer contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la entidad Coordinación Genocidio Nunca Más, ante el Organismo Judicial (OJ) y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos.

La acción legal de Menchú se interpone en contra de la resolución emitida el 12 de diciembre por la CC, que dejó sin efecto la orden de captura con fines de extradición de los ex funcionarios Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo. Esta medida también favoreció a Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona, Benedicto Lucas, Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo.

“Nuestra demanda por discriminación es porque se han contabilizado 667 masacres, tal y como lo indica la resolución de la Audiencia Nacional Española. El 93 por ciento de estos hechos fue perpetrado por agentes del Estado de Guatemala, de los cuales el 83 por ciento de las víctimas son de origen maya; esto constituye una evidencia de que existió este hecho ilícito”, indicó Menchú.

Agregó que sabían, desde hace nueve años, que nunca se iba a juzgar el genocidio en el país, “porque aquí se niega la justicia y hoy esta situación ha quedado clara ante las autoridades españolas. Lo que nos alegra es que 13 testigos se presentarán a la audiencia para declarar”, recalcó.

El magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo que la Ley de Amparo señala que los integrantes del órgano constitucional no pueden ser perseguidos por sus fallos como ejercicio de sus funciones. “Los querellantes (en el caso de España) actúan porque nuestra decisión no favorece a sus pretensiones. La resolución se hará pública en una página web y por medio de comunicados de prensa”, resaltó.

Alejandro Maldonado, también magistrado de la CC, señaló que enviarán la copia del fallo a organismos nacionales e internacionales a efecto de que se analice su resolución.

Los magistrados de la CC gozan del derecho de antejuicio, que debe ser analizado por el Congreso de la República.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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