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El Estado reconoce sus crímenes
Por la redacción de El Periódico - 25 de marzo 2004

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) alcanzó ayer un acuerdo negociado con la familia del escritor Luis de Lión por medio del cual reconoce la responsabilidad institucional del Estado de Guatemala por su desaparición forzada. Además, se reconoce la denegación de justicia para los familiares de Luis de Lión, quienes han intentado a lo largo de cinco años obtener una reparación de parte del Estado. Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron testigos de las discusiones y el acuerdo entre la familia de De Lión y Copredeh.

Luis de Lión era al momento de ser desaparecido forzosamente, el 15 de mayo de 1984, un militante del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), levantado en armas en contra del Estado. Los métodos utilizados por el Estado para aplacar ese levantamiento quebrantaron sin ninguna duda el marco legal existente.

La información que conduce al actual gobierno a admitir la responsabilidad institucional en ese crimen proviene del llamado Dossier Secreto, hecho público cinco años atrás por la organización estadounidense National Security Archives. El Dossier contiene un conjunto de hojas de papel en las cuales se encuentran las fichas de 182 integrantes del PGT que cayeron en manos de las fuerzas de seguridad. Las fotografías de la mayoría de estas personas y los datos respecto de su captura son acompañados en muchos casos de términos que sugieren que estas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente luego de haberles extraído información. Existen razones para temer que muchas de las personas que cayeron en manos de las fuerzas de seguridad fueron objeto de salvajes torturas.

El acuerdo alcanzado entre Copredeh y la familia de De León supone un reconocimiento tácito de parte del Estado de la autenticidad de la información contenida en ese documento.

De manera que es previsible que los familiares del resto de personas incluidas en ese listado exijan un trato semejante.

El caso de De Lión no es el primero en el cual el Estado admite su responsabilidad. Al menos en dos ocasiones durante el gobierno de Alfonso Portillo se produjo, un acto de este tipo. Sin embargo, la decisión del gobierno de Oscar Berger de negociar un acuerdo que ponga fin a la demanda judicial de la familia, contribuye en el largo proceso de sanar las heridas provocadas a lo largo del conflicto. El propio Estado puede ahora deslindar responsabilidades a quienes desde sus altos cargos procuraron la comisión de estos delitos.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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