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Guatemala, ¿paraíso laboral?
Por Luis Linares
- Guatemala, 23 de marzo de 2020
El dato siempre llama la atención. Guatemala —país situado
entre los últimos lugares de América Latina y el Caribe en
indicadores de desarrollo y bienestar— tiene una envidiable
tasa de desempleo: 2,9% en 2012 y 2,5% en 2019.
En un país desarrollado, ese porcentaje significaría pleno
empleo y se traduciría en un incremento sostenido de los
salarios, porque los empleadores se disputarían a los
trabajadores y harían todo lo posible por retenerlos. Habría
un alto cumplimiento de la legislación laboral y mayor
respeto de los derechos de los trabajadores. Como dijo el
jurista argentino Arturo Bronstein, el mejor Código de
Trabajo es el pleno empleo.
Lamentablemente la realidad es muy diferente. Es cierto que
en el mundo no hay paraísos, salvo para unos pocos
privilegiados. Pero en muchos países —debido a la acción
sindical y a la preocupación de los Estados por garantizar
un grado razonable de bienestar para toda la población— los
salarios y las condiciones laborales permiten acercarse a lo
que se define como un trabajo decente: el realizado en
condiciones de dignidad, libertad, seguridad e igualdad, con
ejercicio de derechos, salario digno y protección social.
El Índice de mejores trabajos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) mide las condiciones laborales en América
Latina con dos indicadores cuantitativos (participación
laboral y ocupación) y dos cualitativos (formalidad y
salario suficiente). El promedio regional era de 54,91 sobre
100 en 2010 (el primer año del índice) y subió a 57,12 en
2015 (el más reciente). En esos dos años, Guatemala ocupó el
último lugar, con 38,01 y 44,94 respectivamente, con una
mejora importante, pero muy lejos de Uruguay, el primero en
2010 con 67,98, y en 2015, con 71,91.
En el subíndice de cantidad no estamos tan mal, por lo mismo
que tenemos bajo desempleo (67,90, comparados con 89,26 de
Uruguay), pero caemos al fondo en el subíndice de calidad
(21,98 contra 63,56 de Uruguay). Respecto a diferencias
entre hombres y mujeres, en todos los países hay brecha de
género, y la regional es de 22,5, pero Guatemala tiene la
mayor con 33, muy arriba de Uruguay, el de menor brecha, con
15,6.
Un estudio elaborado por el laboratorio de ideas
guatemalteco ASIES en 2017, Evolución del empleo asalariado
en Guatemala, 2002-2016, indica que en 2002 el 59% de los
asalariados tenía un salario igual o inferior al salario
mínimo, y que en 2016 el porcentaje se había elevado a 71%.
Guatemala es también el país de América Latina que tiene el
menor porcentaje de clase media (14,7%), comparada con un
promedio simple para la región de 33,1% y, nuevamente
Uruguay el más alto, con 61,7%. Las encuestas de empleo lo
confirman: en 2002 el 6% de los asalariados devengaba cuatro
salarios mínimos o más, cayendo a 1% en 2016.
En 2016 el salario promedio de los asalariados era el
equivalente de 279 euros al mes (el salario mínimo estaba
fijado en 343 euros). El promedio para las mujeres era de
262 euros, de los hombres indígenas 176 euros, de los
hombres no indígenas 321 euros, y de los trabajadores
rurales 202 euros.
Estos datos confirman algo que ya es un lugar común en
Guatemala: las mujeres, los indígenas y los habitantes de
zonas rurales se encuentran en la peor situación en
prácticamente todos los indicadores.
Un fenómeno preocupante, pues evidencia un futuro aún más
precario, es el de los impropiamente denominados NiNis
(porque ni estudian ni trabajan), pues se trata más bien
jóvenes que carecen de oportunidades porque la sociedad no
se las facilita. Otro estudio de ASIES, Nivel educativo e
ingresos laborales en Guatemala, 2002-2017, reporta que de
un total de 4,9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años
estimados para 2017, el 26% no estudia y no trabaja, con un
incremento de cuatro puntos porcentuales con relación a
2002.
Hay más mujeres jóvenes excluidas (57%) que sus pares
hombres. Y, nuevamente, tenemos la tasa más elevada de
América Latina. Según el Panorama laboral de América Latina
y el Caribe de 2019 de la Organización Internacional del
Trabajo, el promedio de América Latina en 2018 era de 17% y
el menor, no hace falta ser adivino, lo tiene Uruguay con
10,5.
El país más desigual de la región, en la región más
desigual del mundo
Las raíces de la creciente precariedad laboral y de la falta
de futuro para una parte considerable de la juventud se
encuentran en la desigualdad. Es otro lugar común decir que
Guatemala es uno de los países más desiguales de la región
(América Latina), que es, por su parte, la más desigual del
mundo.
El estudio de Harald Waxeneker (Desigualdad y poder en
Guatemala, 2019) demuestra que las ganancias netas del
capital no solamente aumentan con relación a la remuneración
del trabajo y los impuestos, sino que están desmesuradamente
concentradas. Las grandes empresas (3% del total de
empresas) acaparan el 65% del excedente de explotación,
mientras que las microempresas (56% de total de empresas)
obtienen solamente el 4%.
A la desigualdad en la distribución del ingreso se agregan
la desigualdad en cuanto a poder político (que se traduce en
la captura del Estado por los grupos de mayor poder
económico), y en el acceso a la información, al
conocimiento, a la salud y a la seguridad alimentaria.
La desigualdad tiene en Guatemala raíces profundas y para
explicarlas no es necesario retroceder hasta el período
colonial. En 1871 toma el poder una facción política que se
identificaba como liberal, pero que no lo era en sentido
económico ni político. Inició un proceso de modernización
del Estado para ponerlo al servicio de la producción y
exportación de café, dando lugar a la ampliación de la élite
oligárquica de origen colonial.
La economía cafetalera se asentó en dos pilares: una reforma
agraria regresiva, que despojó a las comunidades campesinas
—mayoritariamente indígenas— de las tierras que eran aptas
para cultivar café; y un régimen de trabajo forzoso para
levantar las cosechas.
Se llegó al extremo de emitir una Ley contra la Vagancia,
que obligaba al campesino que carecía de tierra a demostrar
que había trabajado 150 días al año para una empresa
agrícola, pues en caso contrario era condenado a prisión de
30 días, conmutable mediante el trabajo gratuito en obras
públicas, caminos y otros servicios del gobierno.
En resumen, durante más de 70 años imperó un régimen
político al servicio de la competitividad de la agricultura
de plantación. La iniciativa empresarial no estuvo sujeta a
límites, pero nunca se produjo lo que se conoce como la
“teoría del derrame” (trickle down): al llenarse el vaso de
las ganancias, comienza el derrame de bienestar sobre la
población.
Ese infame régimen de trabajo finalizó con la revolución
democrática de 1944, que hizo entrar a Guatemala en el siglo
XX. El mayor hito del período fue una rápida y efectiva
reforma agraria, que concluyó con la contrarrevolución de
1954 auspiciada por los Estados Unidos de América, novelada
en Tiempos recios por Mario Vargas Llosa. Si bien
persistieron algunos avances de los gobiernos
revolucionarios, como el Código de Trabajo y la seguridad
social, la situación de los trabajadores, especialmente en
la agricultura de exportación, sufrió un severo retroceso, y
el poderoso movimiento sindical y campesino que surgió en
ese período fue desmantelado con el pretexto de defender las
instituciones democráticas.
Un testimonio recogido por ASIES en 2015, en Historias de
vida laboral de trabajadores agrícolas temporales, de los
años 50 a 90 del siglo pasado, describe la realidad laboral
post 1954 en toda su crudeza: “La vida en la costa [la zona
donde se ubican plantaciones] era dura. ¡Nadie que no fue,
puede imaginarse!”.
El reto para Guatemala y sus vecinos: impulsar un
desarrollo orientado a los pobres
Las deplorables condiciones laborales existentes se explican
por la herencia histórica mencionada y por la gran asimetría
de poder que hay en la sociedad guatemalteca. En ningún país
de América Latina los empresarios tienen tanta influencia
sobre las decisiones públicas como en Guatemala, y en pocos
países las restantes fuerzas sociales —sindicatos incluidos—
son tan débiles, como para tener capacidad de equilibrar el
terreno de juego.
¿Es posible erradicar la miseria y que existan condiciones
dignas de trabajo? ¿O los trabajadores guatemaltecos son
“condenados de la tierra”? Uruguay —un pequeño país para las
dimensiones sudamericanas— con una matriz exportadora (pasta
química de madera, carne, soja, arroz y lácteos) bastante
parecida a la de Guatemala (vestuario y textiles, banano,
azúcar, café y aceite de palma) lo ha logrado. ¿Qué lo
impide en Guatemala?
Una diferencia fundamental es que en Uruguay las
instituciones del mercado de trabajo (salario mínimo,
seguridad social, inspección del trabajo, justicia laboral)
funcionan en forma bastante satisfactoria, mientras que en
Guatemala su desempeño es insuficiente y en ocasiones nulo.
Su buen o mal desempeño —como lo evidencian Fernando Soto y
Emilio Klein en Mercado de trabajo y pobreza rural en
América Latina (2012)— influye en el ingreso de los
trabajadores y en el aumento o reducción de la pobreza. El
reto para Guatemala y sus vecinos centroamericanos —El
Salvador, Honduras y Nicaragua— los países peor ubicados en
el Índice de mejores trabajos, es impulsar un desarrollo
orientado a los pobres, que debe tener como uno de sus
objetivos centrales la consecución del trabajo decente para
todos.
Fuente: www.equaltimes.org
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