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Votación de Sipacapa podría ser legalmente vinculante
Por Aiden Corkery - Guatemala, 23 de junio de 2005

Una votación efectuada el 18 de junio por el municipio guatemalteco de Sipacapa para prohibir la futura exploración mineral dentro de sus límites podría ser legalmente vinculante, dijo a BNamericas una ONG canadiense.

Aunque un tribunal de primera instancia de Ciudad de Guatemala acogió un recurso en contra del referendo, Rights Action -cuya sede está en Toronto- manifestó que la decisión era "completamente irregular", ya que el tribunal no tomó las dos semanas habituales para revisar el tema.

En consecuencia el referendo siguió adelante el sábado 18 de junio y una gran mayoría de los que participaron votaron a favor de la propuesta de prohibir la futura exploración, según el director adjunto de Rights Action, Grahame Russell.

El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) organizó el referendo. "Cocode es un consejo debidamente constituido que tiene el derecho de abordar temas relacionados con el desarrollo de sus comunidades", acotó Russell.

REACCIÓN DE GLAMIS

Glamis Gold (TSX, NYSE: GLG), que tiene una concesión de exploración y parte de la concesión de explotación de su mina Marlin dentro del municipio de Sipacapa, condenó fuertemente la votación. La minera manifestó que el referendo era contrario a la legislación guatemalteca, que estipula que es el Gobierno Nacional y no los municipios locales el que decide temas de tenencia y acceso a minerales.

La compañía también criticó el referendo por haberse realizado en público y añadió que aquéllos a favor de la explotación minera que viven en Sipacapa habían recibido amenazas en los días previos a la votación.

CONVENIO 169 DE LA OIT

Sin embargo, Rights Action rechazó las insinuaciones en cuanto a que se habían realizado amenazas. El grupo añadió que considera que el derecho de las comunidades locales para decidir sobre dichos temas también se encuentra protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Convenio 169 fue ratificado en Guatemala, lo que garantiza la consulta pública de comunidades indígenas antes de que se autorice el avance de actividades que podrían afectar en forma significativa su sustento.

Aunque los compromisos acordados en virtud del Convenio 169 no se han probado en un tribunal guatemalteco, Russell señaló que cree que el municipio tiene un "caso real" para presentar en relación con el reciente referendo.

Añadió que el caso podría introducirse ya sea en tribunales guatemaltecos o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque Rights Action no pretende tomar el caso, estima que podría disponerse asistencia legal para la comunidad de Sipacapa en caso de que el caso llegara a un tribunal internacional.

"No somos guatemaltecos y no somos abogados en Guatemala. Si la comunidad local decide proceder a nivel internacional podríamos conseguir algunos abogados internacionales para que ayuden a presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", expresó.

Fuente: Enviado por: Payal Sampat de Earthworksaction.org - guate_mining List - 230605 - Ref.: BNAmericas - 2200605


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