A pesar de su crueldad, los asesinatos de unas 350 mujeres en Guatemala en los últimos 8 años y medio son apenas la cara más drámatica de una descomposición social y una ineficacia oficial de las cuales se nutren la violencia y la impunidad.

Si bien en esta nación se carece de estadísticas exactas sobre las mujeres muertas de forma violenta, las manejadas por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el organismo judicial (OJ) y agrupaciones feministas coniciden en algolos crímenes esconden una realidad mucho más espeluznante.

A raíz de la visita que realizó recientemente al´país la peruana Susana Villarán relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la percepció oficial sobre las causas de los llamados feminicidios varió, al menos publicamente.

Los culpables
Hasta fecha reciente, el Ministerio de Gobernación y la PNC se inclinaron por achacar la mayoria de los decesos a las pandillas juveniles o maras y al crímen organizado, en particular el narcotráfico, criterios que se alteran sobre la base de datos del MP.
De acuerdo con la jefa de la Fiscalía de la Mujer, Sandra Zayas, el 21 por ciento de los homicidios contra féminas es atribuible a la violencia familiar, otro 20 porciento a las maras, un ocho porciento al narcotrafico y un tres a la prostitución.

El 48 porciento restante, sostiene la funcionaria, es asignado al rubro de causas aún no establecidas.

El informe presentado por Zayas a Villarán refiere, además, que en 2004 el Mp ha trabajadoen 157 casos de esa naturaleza ocurridos en el departamento de Guatemala (donde se ubica la capital) y 30 de ellos no han avanzado por tratarse de víctimas sin identificar.

" No hay manera de identificarlas por que no existe un registro nacional de personas desaparecidas con el que se pueda cruzar esta información", acotó la emisaria de la OEA.

Por sí solos, los datos reflejan la precariedad de todo el andamiaje estatal involucrado en garantizar el orden, emprender la persecución penal e impartir justicia, toda vez que del total de casos de violencia intrafamiliar, 13 de cada 100 víctimas habrian hecho su denuncia previamente.

Según Villarán, las medidas de protección son débiles en el país, lo cual conlleva a que muchas de las denuncias de féminas sobre atropellos en el hogar (más de 20 mil en los últimos tres años) terminen en homicidios.

A partir de tales cifras, se corrobora que en el flagelo de la violencia en Guatemala inciden problemas de deficiente estructura y estrategia institucional, unidos a la indiferencia, la incapacidad o negligencia de algunas autoridades para enfrentarlos.

Lo anterior se complementa con la falta de recursos que esgrimen los funcionarios, aunque para analistas se trata, más bien, de mala distrivbución y empleo de estos.

Al pedir que se derribe "esa pared maldita de impunidad", la emisaria dela OEA profundizo en las causas sociales del asunto, entiéndase falta de oportunidades de desarrollo para la juventud que en ocasiones conlleva a la delicuencia, pobreza y discriminación por sexo y razas, en especial de la mujer indígena.

Por demás, activistas sociales como Miguel Angel Albizures advierten en circulos políticos y parlamentarios una tendencia a tratar de silenciar el problema, al alegar que buscan evitar que se dañe más la imagen externa de Guatemala y que los relatores foráneos se inmiscuyan en asuntos internos del país.

Antes que Villarán, visitó Guatemala la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres, la turca Yakinb Ertuk, quien basada en datos de la PNC señalo que de 2001 a esa fecha se cometieon mil 49 homicidios de mujeres.

Basta apuntar que en 2003 la cifra de feminicidios sumo 383, de los cuales, 200 casos correspondían a féminas entre los 13 y los 30 años, mientras que 306 no habían sido resueltos por las autoridades ni se había podido identificar a los responsables.

Agruaciones como la Red de la No violencia contra la Mijer reconocen que se registran más crímenes de hombres, pero en le caso de féminas, que conforman el 51 por ciento de los 11,2 millones de guatemaltecos, aprecian otra dimensión por la forma en que mueren, ya que son violadas sexualmente y mutiladas.

Al clamor femenino de "ni una muerta más!" se unen demandas al gobierno de Oscar Berger para que adopte medidas "drásticas, eficientes y eficaces" que frenen los feminicidios, permitan investigar y castiguen a los culpables.