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En una carta, cerca de 80 personalidades apremian al gobierno foxista a capturar a Donaldo Alvarez
Por Blanche Petrich - México DF, 6 de junio de 2005

El ex represor guatemalteco Donaldo Alvarez cumple ya seis meses prófugo

Elementos de la Agencia Federal de Investigación catearon la casa del ex ministro guatemalteco Donaldo Alvarez el 16 de diciembre de 2004, ubicada en avenida Chiapas número 18, colonia Jacarandas Santa Mónica, en Tlalnepantla, estado de México FOTO La Jornada
Septuagenario, con una rutina conocida que lo llevaba de su lugar de residencia en Tlalnepantla a frecuentes viajes a Miami, el ex ministro del Interior guatemalteco Donaldo Alvarez Ruiz ha logrado mantenerse en fuga desde hace seis meses, cuando el 13 de diciembre un juez mexicano ordenó su captura en respuesta a otra orden de búsqueda y detención de la Interpol.

Ese día, alertado de manera anónima, quien fue mano derecha del genocida Romeo Lucas García evadió un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR), entonces al mando del general Rafael Macedo de la Concha, y de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Fundación Rigoberta Menchú Tum, habían logrado identificar y ubicar al ex funcionario, quien tenía 22 años de residir legalmente en México.

Fue denunciado ante la Audiencia Nacional de España como uno de los responsables de un ataque en 1980 contra la embajada de España en Guatemala, que dejó 37 muertos, entre ellos el padre de la premio Nobel de la Paz guatemalteca, Vicente Menchú. También se le señala como culpable de la matanza de campesinos de Panzós, en el Quiché, en 1979, cuando el ejército disparó contra una multitud, dejando un saldo de 120 muertos, y de la desaparición de dos periodistas, Alaide Foppa e Irma Flaquer, entre muchos actos represivos durante el periodo en que estuvo al frente del Ministerio del Interior, de 1978 a marzo de 1982, cuando Romeo Lucas fue derrocado por otro general, Efraín Ríos Montt. Todos estos hechos siguen impunes.

Integrantes de la Fundación Rigoberta Menchú que dan seguimiento al caso se entrevistaron la semana pasada con el nuevo procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, para apremiarlo a que reanude, esta vez con mayor eficacia que su antecesor, la búsqueda y captura de Donaldo Alvarez. Después de esa reunión, Cabeza de Vaca declaró a la prensa que este es "un caso relevante y sí lo estamos atendiendo con toda diligencia". Añadió que aunque los gobiernos de México y Guatemala han intercambiado información sobre el particular, al prófugo "no se le ha localizado de manera concreta".

Durante los últimos meses de la gestión de Macedo, la PGR ordenó cinco cateos de rutina en domicilios de Tlalnepantla, donde Alvarez Ruiz podría ser localizado. Aunque se especuló inicialmente que el guatemalteco podría haber cruzado la frontera sur y refugiarse en su país, el Instituto Nacional de Migración no registra ninguna salida de México de este hombre, quien en el año 2000, durante los últimos días del gobierno de Ernesto Zedillo, obtuvo el último resello de sus documentos de inmigrante.

Se sabe también que Donaldo Alvarez viajaba regularmante a Miami, donde tiene familia, un domicilio y un negocio de renta de limusinas bajo identidad falsa, como puertorriqueño. La fundación, que es interesada directa en la captura como parte demandante en el caso de la embajada española ante la Audiencia Nacional de ese país, solicitó hace seis meses a la embajada estadunidense que cancele la visa de Alvarez Ruiz para facilitar su arresto, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

La captura de Donaldo Alvarez "debe ser un caso prioritario para la administración del presidente Vicente Fox, quien en varias ocasiones ha asegurado que el país no se convertirá en refugio de delincuentes", señala una carta hecha pública ayer y suscrita por cerca de 80 personalidades, entre ellas el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; monseñor Samuel Ruiz; los escritores Eduardo Galeano, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Gianni Miná y Oscar René Matute; los cantantes Luis Eduardo Aute, Oscar de León y Nina Pacari; el sacerdote Miguel Concha; el pintor Vicente Rojo y, por supuesto, Rigoberta y Anita Menchú Tum, hijas de Vicente, una de las miles de víctimas del prófugo.

En ese texto se expresa que "es preocupante" que a casi 180 días de que el juez de la audiencia española Fernando Grande girara la orden de detención de Alvarez, las autoridades mexicanas no hayan podido cumplirla.

Además de Donaldo Alvarez, la querella de Rigoberta Menchú ante la audiencia española es contra los ex dictadores guatemaltecos Romeo Lucas García; José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía Víctores (1983-1986). También se incluyó a los ex ministros de Defensa Benedicto Lucas y Angel Aníbal Guevara; el ex jefe de la Policía Nacional Germán Chupina, y Pedro Arredondo, ex jefe de una unidad de investigaciones de la policía.

"Sáquenlos a como dé lugar"

Los sucesos en la embajada de España el 31 de enero de 1980 son paradigma de la sangrienta guerra civil que convulsionó a ese país durante 30 años, y son señalados como detonante de las masacres que se multiplicaron después y que abarcando los mandatos de tres generales golpistas dejaron una estela de al menos 42 mil víctimas documentadas, 93 por ciento de ellas ultimadas por fuerzas armadas, policiacas y paramilitares. Estas son las cifras de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Se estima que la suma total de muertos puede llegar a 200 mil.

En 1979, cuando ya la represión militar en las zonas rurales cerraba el cerco en muchas comunidades, un grupo de campesinos quichés de San Miguel Uspantán acudió al Congreso en la capital guatemalteca para denunciar esas matanzas. Sin embargo, los diputados, lejos de escucharlos, ordenaron el desalojo de los campesinos y de un grupo de estudiantes universitarios, dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y pobladores que los acompañaban. Cinco de ellos fueron secuestrados y desaparecidos en días posteriores.

En enero de 1980, ese grupo de quichés del Comité de Unidad Campesina (CUC) regresó a la ciudad para pedir la desmilitarización de sus pueblos. Como ninguna instancia oficial aceptó escucharlos, decidieron ocupar de manera pacífica la misión diplomática española, que en aquel entonces era encabezada por el embajador Máximo Cajal y López. Pedían que se integrara una comisión que investigara la violación de los derechos humanos en ese departamento.

El embajador español se ofreció como intermediario ante las autoridades. El ministro del Interior Donaldo Alvarez Ruiz se negó a recibirlo.

En el documental del cineasta español Lluis Crous "Saber quién echó fuego ahí", se entrevista a un testigo presencial que escuchó al general Lucas ordenar a Donaldo Alvarez: "sáquenlos a como dé lugar". El ministro del Interior, a su vez, envió a los jefes policiacos Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo a dirigir personalmente el ataque.

Después de varios días de ocupación, la embajada estaba cercada por fuerzas de seguridad y rodeada por familiares, periodistas, miembros de la Cruz Roja y activistas sociales. "Cuando la puerta se derribó -relató más tarde el embajador Cajal y López en una entrevista periodística-, el sofá y la consola cayeron, todos retrocedimos unos pasos, y súbitamente se produjo una enorme llamarada en la puerta, después de una leve explosión, como una detonación amortiguada. (...) Vi mis manos ardiendo. No lo pensé dos veces. Salté hacia delante, por entre el fuego."

La mayoría de los ocupantes, sin embargo, no pudieron huir y murieron calcinados. Un campesino, Gregorio Yujá, sobrevivió. Fue llevado a un hospital. A las pocas horas un comando militar lo secuestró. Su cadáver apareció días más tarde en la ciudad universitaria. El día del entierro colectivo otros dos estudiantes también fueron abatidos.

Fuente: www.jornada.unam.mx


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