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Procedente, la orden para detener al genocida guatemalteco Alvarez Ruiz
Por Alfredo Mendez Ortiz - México, 13 de diciembre de 2004

Es el primer paso para extraditarlo a España; se ignora el paradero del represor

Al parecer, durante el fin de semana escapó de su domicilio ubicado en Tlalnepantla

Funcionarios de la AFI creen que el torturador se encuentra aún en territorio nacional

Un juez federal con sede en el Reclusorio Oriente concluyó durante la víspera que sí procede una orden de detención provisional con fines de extradición a España en contra del ex ministro del Interior de Guatemala Donaldo Alvarez Ruiz, de 73 años, contra quien pesan denuncias por genocidio y tortura. Los delitos se habrían cometido en el país centroamericano en los años ochenta.

El juez cuarto de distrito en materia penal, Salvador Guillermo González Aguilar, firmará en las primeras horas de este lunes la orden de captura correspondiente y de inmediato notificará a la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) el sentido de su resolución, con el propósito de que el reclamado sea detenido y puesto a disposición del impartidor de justicia.

De acuerdo con fuentes judiciales cercanas al caso, la petición de detención provisional del gobierno español se recibió durante la madrugada del pasado sábado en el juzgado cuarto ­que se encuentra de guardia­, por lo que se inició el expediente de extradición 2/2004.

Aunque el juez tiene 72 horas para resolver, desde la tarde de ayer el órgano jurisdiccional ya tenía listo el proyecto de resolución para ordenar la captura del reclamado. Por la noche, el juzgador aprobó el proyecto que firmará hoy, revelaron los informantes.
No obstante, según las fuentes consultadas, esta determinación no significa que el juez mexicano haya considerado que Alvarez Ruiz es presunto responsable de los delitos que se le imputan, ya que eso se lo impide el tratado de extradición entre México y España.

El juzgador, precisaron los informantes, sólo revisó dos cosas: que la persona reclamada por el gobierno español fuera la misma por la que pidió la captura la PGR, y que las autoridades judiciales del país ibérico se comprometieran con su contraparte mexicana a que, en caso de que el reclama mvt041210_17570 do sea encontrado culpable de las imputaciones que enfrenta, no se le aplique pena de muerte.

Asimismo, precisaron que en su momento el juez únicamente emitirá una "opinión jurídica" respecto a si procede jurídicamente la extradición del reclamado. De cualquier manera, la última palabra del caso la tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al ex funcionario guatemalteco se le imputa el asalto y quema de la embajada de España en Guatemala en 1980, donde murieron 36 personas, y el asesinato de cuatro sacerdotes españoles. Los cargos penales por los que se pidió su captura aquí son tortura y genocidio, ambos considerados graves y sin derecho a la libertad provisional por la legislación de México.

Si logra ser detenido el reclamado, su abogado, una vez que el ex funcionario guatemalteco sea internado en el Reclusorio Oriente, podría solicitar los beneficios de la reforma al artículo 55 del Código Penal Federal (como la prisión domiciliaria a mayores de 70 años) para enfrentar desde su domicilio particular el procedimiento de extradición al que quedaría sujeto a partir de su aprehensión.

El pedido de detención provisional contra Donaldo Alvarez Ruiz que hizo el Ministerio Público Federal al juez cuarto de distrito derivó de la orden de captura que giró el jueves pasado el juez de la Audiencia Nacional de España Fernando Grande Marlaska, dentro de un expediente que de inmediato fue turnado a la SRE. Al siguiente día la cancillería remitió a la PGR la solicitud española, para que tramitara la petición de captura.

Ayer trascendió que Alvarez Ruiz pudo haber escapado de su domicilio, ubicado en Chiapas 18, fraccionamiento Jacarandas, en Tlalnepantla, estado de México, entre la noche del jueves y la tarde del viernes, aunque familiares del indiciado aseguraron el pasado sábado que el ex ministro del Interior de Guatemala nunca ha radicado en México.
En tanto, funcionarios de la PGR revelaron que se tienen reportes de la AFI que hacen suponer que Alvarez Ruiz aún se encuentra en territorio mexicano, aunque no revelaron en qué entidad.
Los denunciantes aseguraron al juez español Fernando Grande Marlaska que el indiciado es uno de los ocho presuntos responsables de genocidio en Guatemala. Precisaron al juzgador que se tienen datos de que el inculpado ha residido en México y Estados Unidos durante unos 22 años.

Entre los casos emblemáticos de represión y terror cuya autoría intelectual y/o material se le atribuyen a Alvarez Ruiz entre 1978 y 1981 se encuentran: el citado asalto y quema de la embajada de España, el 31 de enero de 1980; el secuestro de Alaíde Foppa, el 19 de diciembre de 1980; el secuestro masivo de sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores, el 21 de junio de 1980; secuestro masivo de estudiantes y sindicalistas en el centro Emaús, agosto de 1980; ametrallamiento de estudiantes universitarios en las cercanías de Ciudad Universitaria en Guatemala; ejecución extrajudicial de Oliverio Castañeda de León, secretario de la AEU, y las ejecuciones extrajudiciales de Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta.

Así las cosas, en cuanto Alvarez Ruiz sea detenido deberá ser trasladado al Reclusorio Oriente y puesto a disposición del juzgado cuarto, que en su momento emitirá una opinión jurídica respecto a si procede o no jurídicamente su extradición a España

El asunto podría tardar en resolverse, en definitiva, por lo menos año y medio, y podría terminar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió en el caso del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo

Tomado de www.jornada.unam.mx


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