Demanda formal contra Guatemala
Por Jorge Morales Almada - Los Angeles, 30 de diciembre de 2008
Por no proteger a los refugiados y desplazados de la guerra civil, La Casa de Guatemala en Los Ángeles envió ayer a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos una denuncia formal en contra del Estado guatemalteco.
Ni la República de Guatemala ni Estados Unidos han cumplido con los compromisos establecidos tras la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica para dar protección a los desplazados del conflicto armado, explicó la parte acusadora.
Ayer se cumplieron 12 años de que el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Arzu Irigoyen, firmara los acuerdos de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Byron Vázquez, director de La Casa de Guatemala, explicó que uno de los compromisos tenía el propósito de brindar protección a los guatemaltecos refugiados en el exterior.
La denuncia enviada a la Corte Interamericana señala que en el Artículo 138 de dicho acuerdo se establece que el Estado de Guatemala se comprometía a fortalecer una política de protección de los nacionales en el exterior y llevar a cabo las gestiones necesarias con los países receptores a fin de obtener para ellos una situación migratoria estable.
Pero ese compromiso, aseguró, nunca fue asumido por Guatemala, dejando a los refugiados del conflicto armado en el abandono y a expensas de la decisión de las autoridades migratorias de EEUU.
México y Canadá fueron los únicos países que ofrecieron el beneficio migratorio a los guatemaltecos desplazados, dijo Vázquez.
Como representante del gobierno guatemalteco, el cónsul de Guatemala en Los Ángeles Pablo García, no pudo ser localizado para un comentario al respecto debido a que está de vacaciones. En su lugar, el vicecónsul Billy Muñoz dijo que no tenía una declaración oficial del gobierno guatemalteco.
Actualmente, según estimación de La Casa de Guatemala, existen alrededor de 250 mil guatemaltecos en riesgo de ser deportados de Estados Unidos debido según esta fuente a esa inacción gubernamental.
Son personas que llegaron a este país bajo la protección de asilo político pero que ahora las autoridades migratorias de EEUU, con el argumento de que ya no hay guerra en ese país, los pretende expulsar.
El caso de la señora Audelina "X" es un claro ejemplo. Ella llegó en 1994 como refugiada de la guerra, pero dos años después recibió una carta de deportación por salir del país para ir a trasladar a su hermano que había fallecido en Los Ángeles, a pesar de que tenía permiso para viajar.
"Me dieron un papel, yo estaba desorientada por la muerte de mi hermano, no sabia ni que hacer y firmé unos papeles que no sabía que eran de la deportación", comentó.
Su caso de asilo, que no avanzó para obtener la residencia, quedó desechado y ahora teme que en cualquier momento la vayan a arrestar y expulsar.
"El futuro de miles de familias guatemaltecas se encuentra en un limbo legal y muy próximos a ser expulsados de los Estados Unidos por carecer de argumentos para quedarse con un estatus legal en el país, a pesar de ser víctimas de la guerra", expuso Vázquez.
La Casa de Guatemala ya con anterioridad había entablado una demanda en un tribunal federal en contra de Estados Unidos, también por no cumplir con esos compromisos a favor de los refugiados, pero no prosperó.
"Nos quedamos parados con esa demanda", dijo Vázquez, "porque el gobierno de Guatemala no presentó denuncia formal en contra de la United Food Company".
La intención de esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para obligar tanto a Guatemala como a Estados Unidos a que cumplan con esos compromisos de los acuerdos de paz y buscar estabilidad migratoria para esas 250 mil personas, agregó el director de La Casa de Guatemala.
Por no proteger a los refugiados y desplazados de la guerra civil, La Casa de Guatemala en Los Ángeles envió ayer a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos una denuncia formal en contra del estado guatemalteco.
Ni la República de Guatemala ni Estados Unidos han cumplido con los compromisos establecidos tras la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica para dar protección a los desplazados del conflicto armado, explicó la parte acusadora.
Ayer se cumplieron 12 años de que el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Arzu Irigoyen, firmara los acuerdos de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Byron Vázquez, director de La Casa de Guatemala, explicó que uno de los compromisos tenía el propósito de brindar protección a los guatemaltecos refugiados en el exterior.
La denuncia enviada a la Corte Interamericana señala que en el Artículo 138 de dicho acuerdo se establece que el Estado de Guatemala se comprometía a fortalecer una política de protección de los nacionales en el exterior y llevar a cabo las gestiones necesarias con los países receptores a fin de obtener para ellos una situación migratoria estable.
Pero ese compromiso, aseguró, nunca fue asumido por Guatemala, dejando a los refugiados del conflicto armado en el abandono y a expensas de la decisión de las autoridades migratorias de EEUU.
México y Canadá fueron los únicos países que ofrecieron el beneficio migratorio a los guatemaltecos desplazados, dijo Vázquez.
Como representante del gobierno guatemalteco, el cónsul de Guatemala en Los Ángeles Pablo García, no pudo ser localizado para un comentario al respecto debido a que está de vacaciones. En su lugar, el vicecónsul Billy Muñoz dijo que no tenía una declaración oficial del gobierno guatemalteco.
Fuente: www.laopinion.com |
