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Buscan nacionalizar servicio energético
Por la redacción de La Prensa Gráfica -Guatemala, 8 de marzo de 2008

Diputados oficialistas consideran que empresa española cobra precios altos

Diputados oficialistas de Guatemala quieren nacionalizar los servicios de energía eléctrica en poder de la española Unión Fenosa desde 1998, con el fin de reducir altos costos para la población más pobre, que representa más de 50% de 13 millones de habitantes.

La propuesta es impulsada por un grupo de 23 legisladores de la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata), que considera que la empresa española cobra precios demasiado elevados por la distribución de la energía, comentó el legislador de ese bloque, Inés Castillo.

“Hemos recibido quejas de cobros excesivos y mal servicio por parte de esas empresas, que fueron vendidas por el Estado en 1998. Creemos que la mejor solución es recuperarlas”, afirmó el congresista.

Unión Fenosa, después de la privatización, concentra el suministro en 19 de los 22 departamentos del país por medio de la Distribuidora de Energía de Occidente S. A. (Deocsa) y Distribuidora de Energía de Oriente S. A. (Deorsa).

Según el diputado, las familias guatemaltecas están pagando una “factura de más de $100 al mes a empresas extranjeras. Creemos que el Gobierno y el Estado deben lograr un equilibrio”.

“Ante un sector privado que está saqueando la economía guatemalteca, nosotros, como diputados distritales, no podemos permitir el abuso y el monopolio”, agregó Castillo.
Compartidas

Castillo detalló que el proyecto de ley contempla que al nacionalizar las empresas que pertenecen a Unión Fenosa, un 50% de las acciones quedaría en poder del Estado y el resto podría ser puesto a la venta a los ciudadanos. Consideró que se puede tomar como experiencia modelos de empresas mixtas que han tenido éxito en Chile y Bolivia, entre otros países.

El gerente de Comunicación de la firma española, Héctor Salvatierra, comentó a la prensa local que la empresa respeta la decisión de los diputados, pero considera que “sería un mal mensaje para las empresas que deseen invertir en el país, porque se estarían cambiando las reglas establecidas hace 10 años”.

Fuente: www.laprensagrafica.com - 060308


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