Instituciones débiles y generalizada impunidad fomentan violencia.

Guatemala es "un buen país para cometer asesinatos", afirmó Philip Alston, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de su visita a este país a fines de agosto.

Alston, relator en materia de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, dijo que el clima generalizado de impunidad en Guatemala la hace caldo de cultivo para la actividad criminal. Más alarmante aún, Alston encontró que muchos de los asesinatos y abusos cometidos tras el fin del conflicto armado son parte de una política gubernamental extraoficial de limpieza social.

"No tengo la impresión de que el sistema de justicia tenga intenciones de solucionar el problema a través de los medios legales", dijo, agregando que la tasa de homicidios es ahora más alta que durante los 36 años de guerra civil que concluyeron en 1996.

En 2005 se cometieron 5,473 muertes violentas, de éstas 586 fueron contra mujeres, y de enero a agosto de este año los asesinatos superan los 3,560. De éstos sólo llegan a sentencia el 1%, informó Julio Roberto Chew Martínez, de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida

Alston también se mostró particularmente preocupado por el aumento del número de mujeres asesinadas, 359 en lo que va del año, y la creciente tendencia hacia las "ejecuciones extrajudiciales", esto es, asesinatos cometidos por policías, militares y sicarios supuestamente vinculados al gobierno. Un informe de 30 grupos de derechos humanos guatemaltecos emitido en agosto reveló que entre enero y julio se produjeron 408 ejecuciones extrajudiciales, y la mayoría de víctimas eran jóvenes pandilleros. En seis casos, testigos identificaron a policías como los culpables.

Marca distintiva
"La técnica empleada para matar a todas esas personas lleva lo que llamamos la marca distintiva de todas las ejecuciones extrajudiciales: una bala en la nuca, los cuerpos se tiran en un lugar lejano al punto donde se les detuvo... eso no sucede en los asesinatos entre bandas o delincuencia común", dijo Alston.

Y añadió: "En mi opinión, las autoridades que dirigen las fuerzas de seguridad le transmiten el mensaje a todo el mundo de que lo que hace la delincuencia organizada también lo puede hacer la Policía".

La aplicación de la "mano dura" en el combate al crimen busca intimidar a pandilleros y miembros de las mafias.

Recientes encuestas de opinión muestran que un elevado porcentaje de la población está a favor de la limpieza social, indicó Edgar Zelada, consultor de la Procuraduría de Derechos Humanos.

"Pareciera que el clima de inseguridad que hay en el país se estimula artificialmente precisamente para favorecer aquellas propuestas de combatir la violencia con más violencia", dijo Zelada.

Una revisión de varias leyes de seguridad se encuentra estancada en el Congreso. El país carece de una guía para administrar el sistema carcelario, que se halla en situación caótica desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. También hace falta un instituto estatal forense —que complementaría el trabajo del Ministerio Público para construir casos más sólidos contra los criminales—, regulación de las empresas de seguridad y una ley de control de armas.

Pero la debilidad de las instituciones también es parte del problema.
"Existe una inadecuada capacidad de investigación y poca voluntad [por parte de las instituciones] de comunicarse unas con otras", dijo Alston, agregando que encontró que la Policía y el Ministerio Público casi no se comunican para resolver y procesar casos, y en vez de ello se culpan mutuamente de sus propias deficiencias. Los sistemas judicial y penitenciario sufren de las mismas limitaciones aparte de tener presupuestos reducidos.

Pérdida de gobernabilidad
Un comunicado de prensa de la Fundación Myrna Mack —nombrada así por la arqueóloga guatemalteca Myrna Mack, asesinada por un escuadrón de la muerte en setiembre de 1990— señaló que "la realidad cotidiana muestra que hemos arribado a una situación de pérdida de gobernabilidad, cuya manifestación más significativa es el creciente deterioro de la institucionalidad del Estado, su falta de funcionalidad e inoperancia, y su incapacidad de ofrecer una respuesta a las demandas sociales, políticas y económicas de la población".

Al igual que la mayoría de grupos de derechos humanos de Guatemala, la Fundación Myrna Mack está particularmente preocupada por la infiltración del crimen organizado en las instituciones fundamentales de la seguridad para lograr una mayor impunidad y ampliar sus negocios.

El poco interés que existe en el ámbito internacional respecto a Guatemala sólo agrava la situación, indicó Alston.

"En el extranjero no se comenta, la gente no lo sabe, algunos estamos enterados… Incluso en EEUU no hay gran interés en Centroamérica".

Esto se hizo evidente en una reunión de representantes internacionales radicados en Guatemala. Durante el encuentro, Alston informó sobre sus constataciones y sugirió que la comunidad internacional presione al gobierno, quizás condicionando la ayuda. El embajador de EEUU James M. Derham replicó que su país no apoya los condicionamientos y restó importancia a las cifras de limpieza social, señalando que en el contexto de América Latina no eran tan graves.

"Este tipo de prácticas son mucho más comunes en países como Brasil", dijo Derham.

Alston recomendó la movilización de las instituciones de la sociedad civil, incluyendo el sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base y medios de comunicación para presionar a los políticos y demandar soluciones dentro de la ley, a la vez que se exija a los funcionarios públicos a rendir cuentas. o sobre los impactos de los programas sociales, 60% de la población objetivo del Vaso de Leche y los Comedores Populares no logró acceder a ellos debido al manejo político que se hizo de estos programas, particularmente durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Caballero indicó que en lugar de seguir creando nuevos programas sociales, el gobierno debe intervenir en mejorar la cobertura de los existentes y la calidad del servicio, porque de lo contrario "no va a haber resultados en la reducción de la pobreza".