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Concesión de licencias para explotación minera
Regalías que no alivian la pérdida ambiental
Por Jéssica Osorio, 25 de enero de 2005

La oposición a que continúen los trabajos de extracción de metales a cielo abierto continúa, incluso el respaldo se basa en preceptos constitucionales para oponerse a la actividad, que a criterio de muchos causa daños irreversibles en el medio ambiente.

En una reunión efectuada ayer, el obispo de la Arquidiócesis de San Marcos y el presidente Óscar Berger salió a luz la posibilidad de pedirle más regalías a la Empresa Montana Exploradora, S.A.

También se anunció el consenso para reactivar la Comisión de Alto Nivel entre Iglesia y Gobierno, con el objetivo de considerar un alto en las concesiones mineras.

La revisión de contratos de concesiones de exploración, la posibilidad de solicitar una ampliación de las regalías del 1 al 50 % y establecer un equipo de trabajo conjunto son las principales solicitudes formuladas en el encuentro que limó las asperezas suscitadas por la explotación minera.

Mientras tanto, en el Congreso de la República se hizo el primer intento de unir a la mayoría de sectores interesados en el tema, la modalidad tuvo como objetivo contar con la información necesaria sobre la exploración y la explotación de minas en el país y verificar si se ha cumplido con la legislación vigente.

Sale a colación entonces el artículo 46 de la Constitución Política, que se refiere a la Preeminencia del Derecho Internacional: "Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno".

Según el diputado Alfredo de León, coordinador del encuentro, en el análisis expuesto están además, los artículos 121, 124 y 125, que tratan sobre Bienes del Estado, Enajenación de los Bienes Nacionales, y Explotación de los Recursos Naturales no Renovables, respectivamente.

"Se debe establecer una mesa vinculante para revisar la ley, los procesos de adjudicación de licencias y determinar si la Ley de Minería viola los intereses de la nación" manifestó.

MINERÍA Y SANGRE Y FUEGO

Fueron los acontecimientos acaecidos en la carretera interamericana, vía Los Encuentros entre Sololá y Quiché, quienes derramaron la gota del vaso y provocaron que el presidente Óscar Berger tomara conciencia de la dimensión de la problemática que costó la vida a un campesino.

La manifestación pretendía bloquear el paso de maquinaria hacia el proyecto minero Marlin, ubicado en San Marcos, como parte del descontento de las comunidades que se resisten a la actividad, cuya máxima peligrosidad resulta ser el derrame de cianuro.

El gerente de la empresa Montana, Milton Saravia, expresó durante el encuentro que han cumplido con las regulaciones establecidas en las leyes y le han dado publicidad a cada uno de sus actos, invirtieron Q 60 millones y explotarán 2.2 millones de oro y plata.

Otro de los argumentos presentados indica que pagarán Q 737 millones en Impuesto Sobre la Renta (ISR), Q 30 millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Q 45 Millones de regalías (al 1%: 0.5 para el Gobierno Central y el resto para municipalidades) y Q 8 millones de Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

El conflicto entra con el decreto 48-97 aprobado durante la gestión de Álvaro Arzú, regulación que pretenden modificar pero que, en el caso del Proyecto Minero Marlin no cuenta con efecto retroactivo.

"La Ley de Minería no responde a los intereses de los guatemaltecos" indicó la Mesa de Concertación de San Marcos, cuya demanda sería la ampliación de la retribución que dejaría la exploradora y que el mandatario Óscar Berger analiza aumentar a un 50%.

Los representantes de la instancia solicitan la cancelación de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto y, el cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, existe otra demanda, la derogación de la Ley de Minería por parte del Colectivo Madre Selva, ellos consideran que el estatuto viola la soberanía nacional y que no resulta una actividad sostenible.

"Se debe realizar una revisión profunda, seria y ágil del 48-97, debemos pensar en el modelo de país que queremos" señaló el congresista.

El componente en mención, es utilizado para separar el oro de otros metales durante el proceso previo al respectivo almacenamiento y empaque.

LUGARES CON LICENCIA

Luis Ortiz, titular de la cartera de Energía y Minas, presentó el movimiento de solicitudes y licencias. Entre los lugares en donde ya tienen permiso para efectuar exploración de metales está Santa María, Senahú, Panzós y la Tinta en Alta Verapaz.

Morales, El Estor, de Izabal; Asunción Mita en Jutiapa; Río Hondo, ubicado en Estanzuela, así como Gualán, La Unión y San Cristóbal Acasaguastlán del departamento de Zacapa se suman a la lista de lugares.

También están incluidos Chiantla, Aguacatán, Huehuetenango, San Sebastián, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia, Barillas y Tectitán en Huehuetenango; además de San José Ojetenam, Tacaná, Ixchiguán, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Concepción Tutuapa, Tajumulco, Sibinal, Comitancillo y la cabecera de San Marcos.

En el último departamento mencionado sólo hay dos licencias de explotación autorizadas, las de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, causa de la controversia suscitada recientemente en Los Encuentros, Sololá, desde donde campesinos bloquearon el paso de maquinaria hacia el área en controversia.

UN PROYECTO CONTROVERSIAL

Un informe técnico sobre el Proyecto Marlin fue presentado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mario Dary, en el cual están contenidos datos sobre el estudio de impacto ambiental realizado.

Entre los datos que destacan, está que la empresa Montana inició exploraciones mineras en 1996, los estudios de línea base iniciaron en julio de 2002 y duraron un año.

A la fecha se han presentando dos informes de monitoreo correspondientes a trimestres de agosto y octubre.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, informó que se está realizando una investigación de campo para establecer si se violó la autonomía municipal y determinar si se realizó la consulta de buena fe y con información adecuada.

UNA PRÁCTICA PELIGROSA

La extracción de metales a cielo abierto conlleva una carga peligrosa por el uso de cianuro durante el proceso de separación.
"Existen varios estudios que indican como consecuencia del uso del ácido cianuro la contaminación del agua y de la tierra, ya que puede reactivarse cuando se junta con diésel" enfatizó De León.

El Centro de Investigaciones y Estudios Históricos, Sociales, Económicos y Políticos (CIESEP), Alfonso Bauer Paiz, presentó una ponencia sobre investigaciones de la destrucción que hacen las empresas mineras para llegar a la roca que contiene oro, plata y otros valiosos minerales, con la finalidad de enriquecerse.

También hay otro aspecto que olvidan las autoridades y es que en muchas partes del mundo, las montañas se consideran sagradas, por el significado especial de dichas cumbres, constituyéndose así, la minería en un sacrilegio.

El legislador también hizo referencia a la hipótesis de que la Ley de Minería haya sido aprobada como un contrato leonino que afecta los intereses de la Nación y hay que revisarla, así como las docenas de proyectos que están en proceso de exploración.

Fuente: www.lahora.com.gt


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