Guatemala a 10 años de los acuerdos de Esquipulas

Tres mujeres guatemaltecas, representantes de diferentes sectores de la sociedad, presentaron en Suecia un informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres, reclamando la atención de la comunidad internacional a la situación de feminicido e infanticidio que se vive en ese país ante la ausencia del Estado en el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Iliaina Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Anabella Noriega, integrante de la Procuraduría de Derechos Humanos (No gubernamental) y Consuelo Cabrera, integrante del partido Alianza Nueva Nación, coincidieron en Malmö en el seminario organizado el Departamento de Salud y Sociedad del Hospital Universitario de Malmö.

Una oportunidad perdida
Ileana Alamilla, directora de la Agencia Cerigua, subrayó que el país apenas lleva poco más de 10 años de democracia, después de haber vivido una guerra de 36 años donde se produjo un genocidio. Más de 200 mil muertes, 38 mil desaparecidos, 669 masacres constatadas por la posterior Comisión para la Paz, e innumerables secuelas sociales que aún se reflejan en la sociedad.

Recordó que después de la intervención norteamericana para el derrocamiento de Jacobo Arbenz, en 1954, los militares que llegaron al poder, pasaron de ser el brazo armado de la oligarquía a ser parte de ella al enriquecerse y adquirir poder económico.

El conflicto de 36 años concluyó cuando en diciembre de 1996, las entonces organizaciones guerrilleras nucleadas en la URNG firmaron el gobierno los acuerdos de Esquipulas, concluyendo unas negociaciones que se habían desarrollado durante cuatro gobiernos. A diferencia de los acuerdos de paz en otros países, los Acuerdos de Esquipulas abordaban las causas del conflicto y trazaban lineamientos para superarlas.

Aramilla destaca que el fin de conflicto armado, y la instauración de una democracia formal, fue un espacio para empezar a discutir como superar los problemas básicos del país, concretar las reivindicaciones de la sociedad. Sin embargo, pese a que los Acuerdos de Paz abordaban soluciones de fondo, éstas no se concretan, y con la llegada al gobierno del partido impulsado por el ex dictador, general Efraín Ríos Montt, en 1999, el crimen organizado desborda a los poderes del Estado.

"El neoliberalismo debilitó al Estado, y el crimen organizado lo superó", explicó la directora de la agencia Cerigua.

Lamentablemente, destacó, algunos ex dirigentes de izquierda se prestan para dar credibilidad y respeto al gobierno derechista, provocando confusión y división en la izquierda.

Los sucesivos gobiernos empresariales siguieron eludiendo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, por lo que las causas que provocaron la guerra continúan.

"Los Acuerdos de Paz fueron una oportunidad no aprovechada" para construir una sociedad más justa, enfatizó Aramilla.

Destacó que la situación de los derechos humanos sigue siendo muy grave, no sólo por los incumplimientos de los acuerdos de paz, sino por la situación de violencia en la sociedad, producto de la pobreza y marginación de amplios sectores. Tan es así que Guatemala cuenta con una Oficina de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para vigilar estos aspectos.

56% de la población pobre
Guatemala tiene 12 millones de habitantes, el 60% vive en el área rural. El 56% de la población es pobre, y un 21% se puede considerar en extrema pobreza. El mapa de la pobreza coincide además con la zonas habitadas por la población indígena.

Con una gran tasa de población rural, el país tiene una alta concentración de la tenencia de la tierra. El 2% de la población posee el 65% de la tierra cultivable.

Este fenómeno de exclusión social provoca pobreza y emigración. El destino de la emigración es Estados Unidos. Sólo en 2005, los emigrantes guatemaltecos enviaron al país 3.500 millones de dólares en remesas.

Sin embargo, alli son deportados. Semanalmente Estados Unidos deporta 200 ciudadanos guatemaltecos.

La miseria y marginalidad es caldo de cultivo para el desarrollo de otras lacras sociales como la violencia intrafamiliar, el infanticidio, el tráfico de niños, el asesinato de mujeres, la discriminación.

Asi Guatemala tiene hoy uno de los índices más alto del mundo de mujeres asesinados. En los últimos cinco años, 2.800 mujeres fueron asesinadas. El país enfrenta también el fenómeno de las pandillas juveniles, conocidas como "maras" y que según algunas estimaciones incluyen hoy a 170.000 jóvenes.

El Estado no tiene recursos ni políticas para combatir este fenómeno, destaca Alamilla. El debilitamiento del Estado abarca también a la justicia, que es rebazada por la delincuencia organizada. Ello provoca desconfianza en las fuerzas públicas, y en los últimos años se advierte un incremento de quienes pretender aplicar "justicia" por mano propia. De esa manera, vecinos enerdecidos han linchado a sospechosos de crímenes o robos. Sólo el año pasado se reportaron 400 linchamientos.

Esa debilidad del Estado, vaciado por las políticas neoliberales, ha permitido el crecimiento de la delincuencia.

Existe una estado de indefección general, destaca. El país se ha convertido en un centro de tráfico de drogas en la región. Algunas estimaciones sostienen que en el país existen más de 300 pistas clandestinas.

En el panorama político, con elecciones presidenciales el próximo año, pese a los intentos de sectores de la izquierda de reorganizar sus filas, se preve una preponderancia de los partidos de derechas.

La URNG, desde su inserción en la vida democrática, ha perdido identidad, se ha ido disgregando y perdiendo confianza entre la gente. La falta de programas y propuestas concretas también han repercutido en la escasa representación parlamentaria de la izquierda. Hoy la izquierda está dividida aunque se expresa en múltiples organizaciones sociales.

Los sindicatos, reprimidos y con sus dirigentes asesinados en los gobiernos militares no se han recuperado. En los últimos meses sin embargo hay un resurgir de la lucha campesina e indígena por la tenencia de la tierra, el derecho de identididad de los pueblos indígenas.

Feminicidio
Anabella Noriega, integrante de la Procuraduría de Derechos Humanos (una Organización No gubernamental) se refirió fundamentalmente a la situación de la mujer en Guatemala, y denunció la existencia de un "feminicidio".

Las mujeres son el 51,2% de la población, el 39% de ellas son indígenas y viven también mayoritariamente en el área rural.

El 53% de los mayores de 15 años son analfabetos. En la población rural, el 86% es analfabeta, y este índice se eleva al 95% entre las mujeres indígenas.

La mujer también debe soportar una penosa situación en el tema de la vivienda. El 24% de las mujeres en áreas urbanas viven en situación de hacinamiento, mientras que el 53% de las mujeres del área rural están en esa situación.

También soportan una dificil situación en el acceso a la salud y tener seguridad alimentaria. La mortalidad materna es del 7,4 por mil, uno de los índices más altos de Latinoamérica. El 65,4% de los casos corresponde a mujeres indígenas. Los hospitales sólo atienden el 40% de los partos, en su mayoría, en los centros urbanos.

Asimismo, la situación de las mujeres enfermas de Sida es crítica. Según datos oficiales, 70 mil personas padecen la enfermedad en el país -aunque se sospecha que el número real es más alto debido a que no se denuncian todos los casos- y el 42% de los casos corresponde a mujeres. La falta de atención del Estado, la carencia de una política de atención sanitaria, de entrega de medicamentos, otorga sólo 12 meses de esperanza de vida a los enfermos de Sida una vez detectada la enfermedad.

El panorama laboral tampoco es muy auspicioso. Las mujeres que son más de la mitad de la población del país, apenas representan el 36% de la población económicamente activa.

Las mujeres reciben trabajos de pocas horas y de corta duración, por lo que muchas son obligadas a mantener más de un trabajo para subsistir, estirando las horas ocupadas. En el área las mujeres trabajan más de 8 horas.

En general, las mujeres reciben en promedio salarios inferiores al de los hombres.

La Procuraduría ha efectuado también un estudio sobre la situación de las mujeres presas. El 99% de las presas ha denunciado abusos de la policía en el momento de la detención, desde golpes, violaciones y otros maltratos. El 68% de las detenidas son jóvenes entre 18 y 28 años. El 70% de las presas son madres solteras, y el 62% tienen un año o menos de educación. El 84% de las presas son pobres.

Noriega denunció que en los últimos años se ha incrementado la violencia intrafamiliar. En el último año se registraron 17.000 denuncias. En los últimos 5 años se estima que 2.800 mujeres han sido asesinadas.

En todos los casos de asesinatos o de violencia contra mujeres, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema han detectado que los violentos utilizan las mismas prácticas de los aparatos represivos y los paramilitares durante las dictaduras: secuestros, torturas, violaciones, mutilaciones.

Las víctimas de esta violencia abarcan un amplio abanico de la sociedad, y no involucra sólo a las mujeres que integran las pandillas, como interesadamente se ha pretendido señalar.

Otro aspecto que destacó Noriega, es la casi total impunidad de estos crímenes contra mujeres. Prácticamente no existen sanciones a los agresores, por la falta de eficacia e interés de los órganos de seguridad estatales para actual, la inoperancia de la justicia, y por la falta de una legislación adecuada.

En ese sentido, la integrante de la Procuraduría denunció la debilidad de Estado para prevenir e investigar las denuncias, la falta de políticas concretas y hasta la escases de efectivos policiales. Además, subrayó el proceso de revictimización de las familias. Agredidas por la violencia, después amenazas para que no efectúen la denuncia, sumado después a la falta de un proceso judicial, y de sanciones a los agresores.

Destacó la inexistencia de un plan nacional para combatir la violencia y evitar el feminicidio, que se suma a la corrupción de los policías, cuando no son los agresores.

Noriega coincidió con Aramilla en el poder que ha adquirido el crimen organizado, y en la debilidad del Estado para enfrentarlo.

Indígenas por su identidad
Por su parte, Consuelo Cabrera, maestra, e integrante del Partido Alianza Nueva Nación (ANN), denunció la discriminación de las mujeres indígenas, y la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz que consagran la identidad indígena y reconocen al país como una nación multicultural y multiétnica.

Los acuerdos de paz reconocían a Guatemala como una nación integrada por los pueblos maya, garifuna, xinca y mestizos, pero en los hechos, prosigue la discriminación y la falta de derecho para los pueblos autóctonos.

Cabrera definió a ANN como un partido de izquierda, pluricultural, multilingüe y multiétnico, donde los indígenas quieren presentar sus propios candidatos. El partido ya cumplió con el requisito de presentar el número de adhesiones necesarias para ser inscripto en el registro electoral y participar de las próximas elecciones.

La dirigente femenina indígena denunció que en los últimos meses se ha incentivado la explotación de minas por parte de empresas trasnacionales, que desplazan a los campesinos e indígenas de sus tierras, dejando problemas de contaminación ambiental, problemas de salud, y sin generar el trabajo prometido.

Señaló que los supuestos beneficios de estas explotaciones mineras para los habitantes del lugar no se han producido, lo que ha provocado la protesta de los pueblos indígenas, donde la tierra no es sólo un medio para producir o explotar.

Cabrera también denunció el perjucio para Guatemala que provocará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En ese sentido destacó que con el ingreso de productos del país del norte, ya no será rentable producir maíz, café o arroz. "La opción que nos dejan es emigrar" explicó.

Por otra parte destacó que uno de los principales problemas es la alta concentración de la propiedad de la tierra en un país con la mayoría de la población en áreas rurales. Las tierras aptas para la agricultura se concentran en pocas manos, lo que ha obligado al movimiento campesino a realizar tomas de tierras para forzar al menos la discusión de una reforma agraria -uno de los postulados incorporados a los acuerdos de paz de 1996-.

En estas ocupaciones de tierras, los campesinos e indígenas han sido desalojados violentamente, en algunos casos con muertos.

La dirigente de ANN cuestionó si con este panorama existe paz y justicia en el país. "La guerra armada puede haber concluido, pero sigue la lucha política" insistió. "El poder lo siguen teniendo los ricos" añadió.

Muchos de los problemas que subsisten desde el fin del conflicto armado, aclaró, se debe a que no se han cumplido los acuerdos de paz que establecía compromisos para el Estado. En ese plano se refirió en especial al acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas. Más allá de los acordado y firmado, se mantiene la discriminación, los indígenas no participan y sólo son usados a la hora de obtener votos para las elecciones.

Recordó que en todos estos años los movimientos indígenas y de las mujeres indígenas -donde más participó- han presentado innumerables propuestas al parlamento y al gobierno, pero ninguna ha sido atendida. Entre estas propuestas recordó la iniciativa de leyes para reglamentar el trabajo doméstico, los derechos de las mujeres, la participación política, todos encajonados en el parlamento.

"No existe voluntad política para avanzar" y subrayó que "es necesario buscar alternativas". En ese sentido se refirió a la necesidad de trabajar por una reforma agraria, de legislar para beneficio de la mayoría, y no sólo de sectores.

Reclamó un trabajo de la izquierda por la unidad, presentando un proyecto serio y unificado, y de respeto a los derechos de los indígenas a participar y decidir por si mismos.

Por otra parte destacó las últimas movilizaciones campesinas e indígenas que tras paralizar el país días atrás, lograron abrir un diálogo con el vicepresidente de la república, Eduardo Stein.

En esas negociación se acordó abrir mesas de discusión que aborden diversos temas, entre los que destacó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos Indígenas, que plantea el acceso a la tierra, la salud y la educación, la urgente atención a 15 conflictos agrarios y la reactivación de la economía de los pequeños productores campesinos, además el compromiso del gobierno de hacer consultas antes de aprobar la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que es resistido por la población.

Tanto Cabrera como Aramilla y Noriega, coincidieron en señalar la importancia de esta negociación, especialmente al ser abordada por el vicepresidente Stein, al que identifican con un sector del empresariado más democrático que el representado por el presidente Oscar Berger.