Bajo una insistente presión de Estados Unidos y algunos países europeos, el gobierno de Guatemala se esfuerza en investigar la multimillonaria y controversial “industria” de proveer niños recién nacidos para adopciones.

Los señalamientos contra este particular “negocio” local van desde que los niños son procreados exclusivamente con tal fin hasta que las madres son objeto de presiones físicas para entregar a sus hijos o que los menores son directamente robados.

La presión aumentó en las últimas semanas para que Guatemala adoptara el Convenio de La Haya que regula las adopciones internacionales y el Congreso pase una ley que endurezca las políticas en el tema.

El sábado, agentes de la fiscalía allanaron decenas de guarderías en varias partes del país en busca de menores robados o que no tuvieran toda la documentación en regla. Entre ellas estaba la Casa Quivira, una agencia de adopciones en la que hallaron al menos 45 niños.

Allí la policía capturó a dos abogadas y puso a los menores bajo la custodia del Estado. La institución es propiedad del estadounidense Clifford Philips y la guatemalteca Sandra González.

“Estamos conmocionados por el allanamiento ilegal en Casa Quivira, estamos trabajando para que los 45 niños bajo nuestro cuidado continúen recibiendo el cuidado profesional y de alta calidad que les damos”, dijo Philips en un comunicado distribuido por correo electrónico el martes.

El allanamiento “es todo un show político, la Procuraduría General de la Nación (entidad que autoriza las adopciones) quiere demostrar que puede ser la autoridad central cuando entre en vigor el Convenio de La Haya” en el 2008, dijo a la AP una de las detenidas durante la redada, la mandataria legal de Casa Quivira, Sandra Leonardo López.

La Embajada de Estados Unidos en su página de internet indicó que Casa Quivira habría violado una ley de 2003 que exige que sea un juez el que autorice el traspaso de los niños y afirmó que ahí “no se hallaron estas ordenes judiciales para ninguno de los menores en la casa”.

De convertirse en una practica generalizada por parte de la Procuraduría, los nuevos controles podrían acabar con la “industria” de las adopciones puesto que al requerir una orden judicial, cada caso podría tardar muchos más meses de los que actualmente son necesarios.

El Convenio de La Haya fue aprobado por el Congreso en mayo y entre las medidas que Guatemala deberá implementar para contar con la aprobación para enviar niños a otros países está la de crear una entidad central que supervise cada caso.

Mientras tanto en Guatemala, los rumores sobre los robos de niños han provocado que solo en julio en al menos 11 ocasiones en diversos poblados de todo el país, los vecinos intentaran linchar a personas a quienes acusaban de secuestrar a los menores.

Por cada adopción que tramitan, los notarios pueden llegar a cobrar entre 17,000 y 23,000 dólares, aunque se han reportado casos en que los padres pagan hasta 40,000 dólares.

A partir de agosto también, tras los rumores de robos de niños para enviarlos a Estados Unidos, el gobierno de ese país exige dos exámenes de ADN para disipar las sospechas de que menores robados puedan ser dados en adopción.

Los rumores sobre robos de niños crecieron en junio cuando dos mujeres armadas con pistolas atacaron a Cristina Sol y, tras golpearla, le robaron a su hijo Johnatan. Un mes más tarde, el niño fue encontrado en una casa cuna donde ya le habían tramitado la documentación necesaria para comenzar el proceso de adopción.