Ni siquiera ha empezado la fase de explotación en la mina Marlin y ya ocurrió el primer accidente, el domingo 25, cuando un tráiler que transportaba químicos volcó al tratar de atravesar un puente angosto en el municipio de Malacatancito, Huehuetenango.

Los químicos se derramaron y, gracias a las fuertes lluvias, fueron a parar al río Pucal, del cual se abastecen varias comunidades de esa región. “El tráiler no es de la compañía, es de otra, que nos presta el servicio” fue la explicación de uno de los personeros de Montana.

Otro, nos aseguró que los elementos que se derramaron son inocuos. Según él, “no hay razón para preocuparse, ni el borax ni el nalco son tóxicos y el área se limpió inmediatamente”.

Ambos parecían sorprendidos de que nosotros el martes ya estuviéramos informados del hecho, el cual -dicen ellos- reportaron inmediatamente al Ministerio de Energía y Minas. Esta vez tuvimos suerte, pero ¿y si el tráiler hubiera llevado cianuro?

Cuando preguntamos a la experta ambiental de Montana -durante nuestra reciente visita a la mina- qué harían en caso de un accidente así, ella respondió que la responsabilidad por el transporte del cianuro no es de la compañía minera, sino del fabricante.

Que el cianuro se transporta en forma seca, en forma de ladrillos, envueltos en bolsas plásticas, dentro de cajas que a su vez están dentro de un contenedor. Ante nuestra insistencia dijo que en caso de accidente “se seguirían los estándares del código de seguridad internacional”.

Lo que no dijo es que, si el cianuro toca el agua, como sucedió en el accidente de Baia Mare, en Rumania, donde el río arrastró su carga mortífera cientos de kilómetros hasta llegar al Danubio, no hay absolutamente nada efectivo que se pueda hacer para evitar la contaminación.

Este prematuro accidente refuerza nuestros peores temores. Confirma: a) que los accidentes ocurren. Las características de los caminos son de extrema dificultad, con curvas cerradas y empinadísimas cuestas en terrenos resbalosos; así que las probabilidades de accidentes son muy alta; b) que la compañía nunca va a asumir la responsabilidad; y c) que, al igual que ocurrió con la respuesta de la experta ambiental, siempre dicen sólo medias verdades.

Nuestras preguntas son las de siempre: ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿Quién va a sufrir las consecuencias? ¿Son realmente inofensivos estos elementos químicos, en cualquier cantidad? ¿Va a facilitar la información real el MEM o va a encubrir a la compañía minera? ¿Hay alguna autoridad, en este gobierno a quien le preocupe esta situación? ¿Qué institución tiene la capacidad para realizar una investigación rápida, objetiva e independiente?