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¿Un nuevo país verdugo?
Por Rommel Gonzales - Guatemala, 21 de marzo de 2008

Ola de violencia impulsa a Congreso a revivir pena de muerte

Durante la madrugada del 29 de junio del 2000, Tomás Cerrate y Amílcar Cetino recibieron el castigo máximo, la pena de muerte, por haber asesinado en 1997 a Isabel Botrán mientras la tenían secuestrada.

Esa mañana, los guatemaltecos despertaron quizá más tranquilos e imaginando que la violencia y la ola de raptos que azotaba a Guatemala en ese momento se había desvanecido.

Cerrate y Cetino sirvieron de protagonistas para provocar la catarsis en una población castigada por la criminalidad e inseguridad. Sin embargo, la solución fue más complicada que el problema.

El entonces presidente Alfonso Portillo (2000-2004) envió a toda su familia fuera del país por temor a represalias por parte de la banda de secuestradores a la que pertenecían los recién “ajusticiados”. Unas semanas después renunció ante el Congreso a su facultad de seguir concediendo o no el indulto a los condenados a muerte.

En el 2002, la Corte de Constitucionalidad suspendió legalmente el cumplimiento de la pena de muerte luego que determinara que la ley que la autorizaba no especificaba quién concedía el recurso de gracia. Las ejecuciones quedaron así en el olvido.

Apoyo popular

Ahora, casi ocho años después, Guatemala se vuelve a enfrentar con este tema. El 12 de febrero el Congreso aprobó la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a la Pena de Muerte, que restituye al jefe de Estado la facultad de conceder o rechazar las peticiones de “gracia” presentadas por los condenados a la pena de muerte.

Si es beneficiado, el reo deberá purgar la pena máxima de prisión establecida en la legislación penal guatemalteca, que es de 50 años. La medida afecta directamente a 41 personas actualmente condenadas a la pena capital.

Nuevamente, el motivo para llegar a esta decisión —que muchos analistas consideran apresurada, sin base en conocimientos legales y compromisos internacionales— fue una ola de crímenes.

En febrero, en poco más de dos semanas, fueron asesinados en Ciudad de Guatemala 11 conductores y ayudantes de buses o camionetas de transporte público por haberse negado a pagar extorsiones controladas desde los penales.

En una encuesta telefónica realizada por el diario local Prensa Libre, dos días después de la aprobación de la ley, el 97.4% de los guatemaltecos y guatemaltecas expresó su respaldo a la pena de muerte, y sólo el 2.6% se manifestó en contra.

Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Álvaro Colom —quien asumió el cargo el 8 de enero—, en cuyas manos estaba la decisión de vetar la ley, para que no reinstaure la pena de muerte y que en cambio busque soluciones “más eficaces y duraderas” para superar la crisis de seguridad pública que afecta a Guatemala.

Sebastián Elgueta, de AI, recordó que Guatemala votó en diciembre en las Naciones Unidas por la abolición de la pena de muerte, lo cual contradice la decisión que acaba de tomar el Congreso.

Asimismo, numerosos analistas políticos concuerdan en que la pena de muerte viola la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Guatemala, ya que en su artículo 4 establece que los países que tuvieron activa la pena de muerte y la suspendieron no pueden volver a utilizarla.

Frank La Rue, ex secretario de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, escribió en su columna de opinión en el diario Prensa Libre que restablecer el recurso de gracia es un paso necesario, pero sólo en función de establecer una nueva política de Estado de carácter más humanitario.

A su vez, Nineth Montenegro, legisladora del partido centroizquierdista Encuentro por Guatemala (EG) ¯el único partido político que votó en contra de la ley y que llevó como candidata presidencial en el 2007 a la Premio Nobel Rigoberta Menchú pidió al gobierno, y a la ciudadanía, reflexionar sobre el tema.

“De nada sirve endurecer las penas o incentivar una cultura de muerte sin un sistema de justicia que camine bien, ni una Policía Nacional Civil o un Ministerio Público que trabaje efectivamente”, dijo.

Fuente: www.noticiasaliadas.org - 190308


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