La corrupción denunciada por los medios informativos en las últimas semanas suma ya Q890 millones, dinero con el cual se podrían haber solventado deficiencias en salud, seguridad y educación.

La Alianza Nueva Nación (ANN) presentó ayer un informe en el que revela el costo de oportunidad -lo que se dejó de hacer- que tuvo para el país el mal uso de los fondos públicos.

Según el documento, los Q500 millones del robo en el IGSS, Q40 millones del saqueo en la SAT, Q300 de la malversación en Guatel y Q10.4 millones triangulados, de los cuales una parte fue a dos partidos políticos, suman Q850.4 millones.

Si a esto se agregan Q1.3 millones de los viáticos del ex fiscal Carlos de León, Q14 millones de despilfarro en Economía y Q25 millones de viajes injustificados de Evelyn de Portillo, el monto total de lo defraudado asciende a Q890.7 millones.

Nineth Montenegro, diputada de la ANN, señaló que es importante que la población entienda que la corrupción le resta oportunidades de acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad.

“Hicimos una especie de recuento de los daños. Con ese dinero se habrían podido hacer muchas cosas, y eso que sólo incluimos los últimos casos de corrupción denunciados”, dijo.

Prioridades olvidadas

Según la ANN, si el dinero se hubiera invertido en educación, habría alcanzado para cubrir un año completo de alimentación escolar a 1.3 millones de estudiantes -Q780 millones-, contratar a 10 mil maestros con un sueldo de Q4 mil mensuales, y equipar laboratorios de computación en escuelas e institutos.

De haberse invertido esos Q890.7 millones en seguridad, el dinero habría alcanzado para comprar dos mil autopatrullas nuevos y modernizar la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC). También para fortalecer la Oficina de Responsabilidad Profesional, implementar comisarías nuevas en zonas de riesgo y profesionalizar a los agentes de la PNC.

En salud, se habría mejorado la deficiente red hospitalaria nacional y construido nuevos centros de atención en el área rural. Además, alcanzaría para mejorar las condiciones de los salubristas y comprar 200 ambulancias.

Montenegro indicó que seguirá con la fiscalización y que la próxima semana citará a la ministra de Finanzas, María Antonieta de Bonilla, para que informe sobre el destino que ha tenido el dinero de las transferencias presupuestarias y de los traslados sospechosos de fondos que se hicieron en el 2003.