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La lucha por los derechos humanos
Por Lorena Seijo - Guatemala,9 de diciembre de 2007

El 2007 ha sido un año con altibajos en la lucha por la justicia y la igualdad en el país, y la sombra de las ejecuciones extrajudiciales lo ha cubierto todo

“Dignidad y justicia para todos y todas” es el lema y la meta de Naciones Unidas. Ya han pasado 60 años desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, y Guatemala sigue muy lejos de alcanzar este objetivo. Los índices de desigualdad han aumentado, y la eficacia de las instituciones de justicia es paupérrima.

Una violación a los derechos humanos no se produce solo cuando se cometen abusos físicos contra una persona, sino también cuando el Estado no garantiza el derecho a la educación, a la alimentación o a la libertad.

Según el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, en el país se violan casi todas las tipologías de derechos humanos, a pesar de que en los últimos años ha habido un esfuerzo de la propia sociedad civil y de algunas instituciones de gobierno de ir revirtiendo esta situación.

Lamentablemente para el propio país, y más todavía, para las instituciones de gobierno, este año será recordado como uno de los más dramáticos en el punto de ejecuciones extrajudiciales.

Según Claudia Samayoa, de la Convergencia por los Derechos Humanos, en el país se perpetran dos ejecuciones diarias, y la mayoría tienen como víctimas a jóvenes de barrios marginales.

El último caso conocido públicamente fue el asesinato, a manos de agentes de la Policía Nacional Civil, de cinco jóvenes -uno de ellos, menor de edad-, supuestos traficantes de droga del barrio El Gallito, zona 3.

“Este año ha sido dramático en este sentido, pues empezamos por el caso del asesinato de los diputados salvadoreños y terminamos con el de El Gallito. Esto demostró la vinculación de los cuerpos de seguridad del Estado en el secuestro, tortura y asesinato de personas, que ellos supuestamente relacionan con actos delictivos”, afirmó Samayoa.

Aunque este año se han reducido los ataques contra defensores de derechos humanos, de 278 en el 2006, a 184, la impunidad sobre estos casos sigue siendo la norma.

“Es cierto que los ataques han disminuido, pero no podemos olvidar que dentro de los 160 casos hay ocho asesinatos de activistas”, puntualizó Samayoa.

Además del derecho a vivir sin violencia, la Declaración Universal también establece como obligación del Estado trabajar para que las personas puedan vivir con dignidad.

El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a Guatemala en el penúltimo puesto en el índice de desarrollo humano del continente americano. La falta de acceso a la educación, a la salud y la exclusión son la base sobre la que se asienta esta mala calificación.

Los retos para el próximo gobierno, según la Convergencia por los Derechos Humanos, son el combate de la violencia y de la impunidad, además de garantizar la alimentación y la salud a todos los guatemaltecos.

Frank La Rue, comisionado presidencial para los Derechos Humanos, se pronunció en la misma línea: “Guatemala tiene el índice de desnutrición crónica infantil más alto del continente, por lo que nunca se podrá hablar de derechos humanos mientras los niños estén padeciendo este mal”.

Según Samayoa, el gobierno de Álvaro Colom establece en su programa medidas para la lucha contra la desnutrición y el acceso a la salud, pero sus planteamientos son mucho más débiles en el tema de la seguridad.

“La gran conclusión es que necesitamos un modelo económico distinto, pero especialmente, el fortalecimiento del Estado, ya que éste no satisface las necesidades básicas de la población”, concluyó La Rue.

Entre los avances de este año en materia de derechos humanos se cuentan la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y los intentos de regulación de las adopciones internacionales en el país.

Copredeh: Mejoras cuestionables

Frank La Rue, comisionado presidencial de los Derechos Humanos, reconoció que el crimen contra tres parlamentarios salvadoreños, la posterior ejecución de policías en prisión y el asesinato de cinco jóvenes de El Gallito, zona 3, a manos de las fuerzas de seguridad, fueron un duro golpe.

“Esto sacó a la luz el nivel de descomposición de la Policía Nacional Civil y la existencia de aparatos clandestinos”, dijo. Aunque este punto es evidentemente negativo, La Rue destacó que este gobierno tuvo la actitud de reconocer la verdad, sobre el presente y sobre el pasado. El comisionado remarcó que los altos niveles de impunidad y la debilidad de las investigaciones son problemas muy preocupantes.

“En materia socioeconómica, creo que a pesar de que el país ha tenido un crecimiento económico muy marcado, esto no siempre va vinculado a la mejora de la calidad de vida de los habitantes”, dijo.

Fuente: www.prensalibre.com


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