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Documentan abusos en construcción de Chixoy
Por Gema Palencia - Guatemala, 15 de julio de 2005

Ahogadas bajo las aguas de la represa de Chixoy, Alta Verapaz, quedaron las posesiones de miles de personas y las promesas de una compensación. Veintitrés años después, el Gobierno recibió un informe sobre los daños de la construcción.

Unas tres mil 500 personas fueron forzadas a abandonar sus tierras, y alrededor de seis mil familias sufrieron las consecuencias de la construcción de la hidroeléctrica.

Pobreza extrema, violencia e incumplimiento de compensaciones son algunos de los daños sufridos por esa población, revela el informe de la antropóloga Bárbara Johnston, del Centro para la Ecología Política, de EE.UU.

“No podemos olvidar a las víctimas. Este es un ejemplo de cómo un proyecto positivo se convirtió en causa de muerte, represión y violencia. El Estado tiene la obligación de reparar el daño”, indicó Frank La Rue, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).

El funcionario señaló que en breve se pondrá en marcha una comisión de verificación de los daños ocasionados por la represa, la cual estará integrada por representantes del Gobierno, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los dos últimos financiaron la construcción de Chixoy.

Las consecuencias

Jonhston destacó que no se tomó en cuenta a todos los afectados. Se obligó a la gente a dejar sus tierras a punta de pistola, y no se les compensó.

“Hay comunidades que están al lado de la represa y no tienen ni siquiera energía eléctrica o accesos”, refirió.

Veintitrés años después, los afectados pidieron al Gobierno que haga justicia. En febrero de este año interpusieron una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra los Estados de Guatemala y de Estados Unidos, y los bancos que financiaron el proyecto.

“No estamos en contra del desarrollo, sólo queremos que nos compensen y que no se repitan los errores del pasado”, dijo Juan de Dios García, afectado.

En detalle: Hallazgos y recomendaciones

Conclusiones del informe:

Se perdieron cientos de vidas humanas, tierras y formas de sustento.

No se hizo un censo real de afectados ni recibieron compensación.

El Inde no era propietario de los terrenos.

No hubo plan de reasentamiento.

Recomiendan: dotar de servicios básicos (agua, luz y vivienda) a las comunidades más pobres.

Restaurar las tierras perdidas.

Compensaciones por violencia.

Plan de desarrollo económico, de salud y educativo.

Protección jurídica.

Historia: Masacrados

En 1975 se presentó el proyecto de construcción de Chixoy. A partir de entonces comenzaron las evacuaciones forzosas.

El 13 de marzo de 1982, durante el gobierno de Romeo Lucas, se produjo la masacre de la aldea Río Negro, Baja Verapaz.

El Ejército mató a 177 indígenas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Un mes antes, 74 personas fueron masacradas en la aldea Xococ. También hubo crímenes en Los Encuentros y en Agua Fría: unos 450 muertos.

La CEH reconoció que la oposición a la presa fue una de las causas.

Algunos pobladores fueron trasladados a aldeas bajo control militar.

Fuente: www.prensalibre.com - 140705


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