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Juez Santiago Pedraz deja pesquisas por genocidio
Por L. Cereser y O. López - Guatemala, 17 de enero de 2008

Señala al Estado por acciones dilatorias y negativa de autoridades

La decisión de Pedraz se derivó del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual resolvió , el 11 de diciembre último, que España no tiene jurisdicción para juzgar a cinco generales y dos civiles acusados de delitos cometidos en Guatemala.

El juez Santiago Pedraz, por medio de una resolución de la Audiencia Nacional española, renunció a seguir trabajando con la justicia guatemalteca para esclarecer los casos de genocidio, por considerar que existe negativa de las autoridades en colaborar con la investigación.

En el documento, Pedraz afirma que el Estado de Guatemala ha asumido una actitud dilatoria, pese a los múltiples intentos de España en el trámite de comisiones rogatorias.

Ante ello, el juez deja sin efecto esas diligencias y pide colaboración a los demás países centroamericanos y de regiones vecinas, para que reciban las declaraciones de testigos de actos de genocidio cometidas en Guatemala.

Respecto de la falta de colaboración de las autoridades guatemaltecas, Pedraz cita como ejemplo el intento de entrevistar a testigos y de indagar a sindicados en el país, pero que las diligencias fueron suspendidas por la justicia local. Señala al Estado de violar los compromisos adquiridos internacionalmente de perseguir el genocidio .

En la resolución, el juez da a conocer su renuncia a seguir sus investigaciones en Guatemala, sobre genocidio, con el argumento de que las autoridades locales se han negado a colaborar.

La decisión de Pedraz se derivó del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual resolvió , el 11 de diciembre último, que España no tiene jurisdicción para juzgar a cinco generales y dos civiles acusados de delitos cometidos en Guatemala.

Con esa resolución se dejó sin efecto, en el país, la orden de captura, con fines de extradición, de los generales Aníbal Guevara, Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona, Benedicto Lucas y Óscar Humberto Mejía Víctores, y de los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo.

No obstante, Pedraz asegura en su resolución que las órdenes de captura internacional siguen vigentes, y pidió que testigos utilicen juzgados de países vecinos para declarar sobre el genocidio que se cometió en Guatemala.

También asevera que con la decisión de la CC se confirma la falta de voluntad de Guatemala para “investigar los delitos referidos, dando clara cobertura a la impunidad”, y se coloca en la “órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos” .

Añadió: “Guatemala, como Estado, incurre en una violación de la obligación de prevenir y sancionar el delito de genocidio”.

En el documento, el juez solicita a los medios de comunicación de Guatemala y de los demás países del área, México, Belice y Estados Unidos, que publiquen una nota en la que se pida colaboración a sus ciudadanos, para esclarecer los crímenes de una guerra que duró 36 años.

Pedraz refiere que se calcula que durante el conflicto armado en Guatemala hubo más de 250 mil muertos, 443 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado 667 masacres. También, más de 45 mil personas siguen desaparecidas, y unas 150 mil buscaron refugio en México.

“Deja mal al país”
“Esta resolución nos abre una puerta a las víctimas, porque podremos declarar en cualquier juzgado de otro país que no sea Guatemala. Deja mal a la Nación, porque no hay voluntad política para juzgar el genocidio, y hace cómplices a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de las atrocidades cometidas. Además, deja ver que hay otro fondo, posiblemente racial, para la negativa”, expresó Rigoberta Menchú.

“Fallo está en ley”
El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Mario Pérez Guerra, afirmó que se resolvió con apego al Derecho, y que fue una decisión unánime. Añadió que el fallo se publicará en el diario oficial, para que la población conozca los argumentos.

Respecto del llamado que hiciera Pedraz a las víctimas de genocidio para que acudan a juzgados de otros países, Pérez dijo: “Las personas tienen todo el derecho de acudir a las instancias necesarias”.

Sin competencia
“El juez (Santiago Pedraz) puede seguir haciendo sus investigaciones en otro lado, pero en Guatemala no tiene competencia, como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad”, aseveró Francisco Palomo, abogado de Efraín Ríos Montt.

Agregó que así como los tribunales guatemaltecos no pueden ordenar a España archivar la investigación, ese país no tiene competencia para investigar aquí.

Fuente: www.prensalibre.com


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