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Récord de agresiones
Por Lorena Seijo - Guatemala, 18 de abril de 2005

Defensores de derechos humanos piden mayor atención a sus casos

Durante 2005, los defensores de derechos humanos han sufrido 44 ataques. La mayoría de ellos son registrados como violencia común, aunque las evidencias demuestren otro móvil.

El 3 de febrero recién pasado, varios hombres armados entraron al cuarto donde dormía Sara Poroj. Le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que tuviera cuidado.

Poroj es la coordinadora del proyecto de exhumaciones del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en Ixcán, Quiché.

Al día siguiente, cuando se disponía a salir del hotel donde se hospedaba, los mismos hombres rodeaban el edificio. Tuvo que esperar varias horas, hasta que llegó la Policía y los individuos se retiraron.

No hubo ningún detenido ni mayor investigación sobre el caso. Ahora, cada vez que Poroj viaja a Ixcán lleva protección.

Allanamientos y agresiones

Los allanamientos son comunes. El Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica ha sido allanado dos veces.

En las incursiones, de supuestos ladrones, según la Policía, sólo se llevaron los discos duros de las computadoras, aunque en el lugar se encontraba otro tipo de equipo electrónico y dinero en efectivo.

Esta organización evangélica trabaja para erradicar la violencia contra la mujer.

Pero la organización de derechos humanos que se ha llevado el “premio gordo” de agresiones este año es el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

En 2005 ya han sido agredidos seis veces, aunque en 2004 fueron 22 los ataques. Las acciones van desde amenazas telefónicas hasta robo de vehículos y persecución en las calles.

“Hemos detectado a personas que siguen a nuestros trabajadores en taxi, en camioneta y caminando”, cuenta Miguel Ángel Albizures, vocero de Caldh.

Además, personas con pasamontañas, trabajadores de una empresa de seguridad, se han presentado varias veces en las oficinas asegurando que han recibido órdenes de revisar las instalaciones.

En menos de un años les han robado tres autos, justo de los que la organización utiliza para sus desplazamientos a las comunidades rurales.

Indígenas

La alcaldesa indígena de Sololá, Dominga Vásquez, su esposo Alfonso Guárquez y el director de Fundamaya, Carlos Guárquez, han sufrido acoso constante desde los disturbios del 11 de enero en contra la minería.

Además del acoso judicial, están acusados de cometer 10 delitos en esa manifestación, también han recibido amenazas de muerte por teléfono y en volantes.

El 25 de marzo recién pasado, el auto de Carlos Guárquez fue quemado. Alrededor del vehículo estaban dos botes de gasolina vacíos y panfletos con amenazas de muerte.

Dos vehículos más de activistas de derechos humanos fueron rociados con gasolina el año pasado, mientras ellos estaban dentro.

En las audiencias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue expuesta la crítica situación que vive Guatemala y, sobre todo, la falta de atención por parte de las autoridades.

Nebaj: Lucha judicial

Los problemas de los defensores de derechos humanos crecen cuando viven en algún departamento del país.

Aura Lolita Chávez y Juana Bacá, representantes de mujeres de Quiché, han sido permanentemente acosadas desde que dos personas, relacionadas con el alcalde de Nebaj, Virgilio Bernal, asaltaron en julio de 2004 a varias mujeres para robarles el dinero de las organizaciones de desarrollo del municipio.

En ese momento, las dos empezaron un proceso judicial que tocaba de cerca a Bernal. Ambas han perdido su trabajo y son seguidas para tenerlas bajo control.

“Nosotras nos hemos resignado a seguir con el proceso pase lo que pase”, dice Chávez.

Pero lo cierto es que temen por su vida. La hija de Bacá ya ha sufrido dos intentos de agresión y secuestro.

Sus casas han sido pintarrajeadas y baleadas por desconocidos. Lo más importante es que las 350 mujeres que conforman las organizaciones femeninas ixiles han cerrado filas en torno a ellas.

Tomado de Prensa Libre - www.prensalibre.com


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