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Yolanda Pérez: “Decisión de la CC fue política”
Por Lorena Seijo - Guatemala, 21 de diciembre de 2007

Dictamen puede traer consecuencias

“La CC ha dado cuatro fallos distintos sobre este tema, así que todavía no se ha sentado jurisprudencia al respecto”. Yolanda Pérez, ex magistrada de la CSJ.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que deja sin lugar las órdenes de captura contra cinco generales y dos civiles procesados por genocidio, podría traerle al país consecuencias diplomáticas y la reducción de apoyo internacional.

La CC considera en su resolución del 17 de diciembre que el juzgamiento de los militares en situación de retiro por un tribunal español vulnera la Constitución guatemalteca y representa una injerencia jurídica.

Para Yolanda Pérez, ex magistrada de la CC y ex presidenta del Colegio de Abogados, este argumento de tintes patrióticos es más político que jurídico.

“La CC ha fallado de forma distinta cuatro veces, cuando se le ha consultado sobre la preponderancia de la Carta Magna sobre los convenios internacionales”, afirmó Pérez.

De hecho, cuando dieron una opinión consultiva sobre la suscripción por parte de Guatemala del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI), afirmaron que ese tipo de mecanismos son adecuados y no chocan con la normativa interna del país.

¿Por qué esa Corte sí es válida, y la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad no lo es? Es simple, la CPI no entrará a conocer crímenes del pasado, y la jurisdicción universal, sí.

Efectos

Para Pérez, esa resolución perjudicó la imagen del país.

“Guatemala es signataria de diversos instrumentos en los que queda establecida la jurisdicción universal, pero esta resolución no lo tiene en cuenta”, afirmó.

Sin embargo, la legislación internacional no establece sanciones para ese tipo de incumplimientos.

Aún así, podría haber un aislamiento diplomático, la reducción de las donaciones o el veto al país para que no llegue a ocupar puestos en instancias internacionales de defensa de los derechos humanos.

“Estas son formas de presión indirecta que el próximo gobierno tendrá que asumir”, comentó Pérez.

La ex magistrada añadió que los alcances de esa decisión van mucho más allá de las posibles sanciones. “La percepción internacional sobre que el Estado guatemalteco no tiene intención de luchar contra la impunidad había cambiado algo con la aprobación de la Cicig, pero ahora retrocedimos”, aseguró.

Pérez dijo que los guatemaltecos ya se han acostumbrado a este tipo de maniobras, por lo cual tampoco les extrañan esos fallos ni que Efraín Ríos Montt, uno de los principales inculpados, se presentara a diputado sólo para garantizarse la inmunidad y ahora no quiera asumir su curul.

Una nueva integración de la CC podría revertir el fallo, ya que aún no se ha sentado jurisprudencia, pero eso depende más de la voluntad política que de la interpretación jurídica.

Lesa humanidad

Los delitos

El Derecho Internacional Humanitario ordena que los Estados deben castigar los crímenes de lesa humanidad, sin importar la nacionalidad de los inculpados ni el tiempo que haya pasado de los hechos.

Las Naciones Unidas, guiándose por los propósitos de la Carta del Tribunal de Nuremberg (1945), primera en la que se establecieron los crímenes de lesa humanidad, proclama principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables.

Los crímenes de lesa humanidad son: asesinato, exterminio, deportación forzada, tortura, violación, persecución de un grupo por motivos políticos, étnicos o religiosos y la desaparición forzada.

Internacional

Antecedentes

Argentina es el país que más avanzó en los juzgamientos de los responsables de violaciones a los derechos humanos en América Latina, y para encontrar antecedentes internacionales hay que remontarse a juicios como el de Nuremberg, donde los vencedores de la Segunda Guerra Mundial juzgaron a los jerarcas nazis.

Pero la anulación de la amnistía para los militares argentinos vino motivada por la vergüenza nacional que supuso que la justicia española condenara al ex represor Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel, por crímenes de lesa humanidad.

Otro antecedente importante es el juicio en contra de Slobodan Milosevic, ex presidente de Yugoslavia, en el Tribunal Penal Internacional. El proceso no llegó a sentencia porque él murió en la cárcel, en el 2006.

Fuente: www.prensalibre.com


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