Racismo oprime a la mitad de la población
Por Cristina Bonillo- Guatemala, 22 de marzo de 2010
Decir que en Guatemala un indígena tiene las mismas oportunidades que un ladino sigue siendo una utopía. Existen casos como el de Candelaria Acabal, de 24 años, una indígena k‘iché que logró huir de la casa donde permanecía esclavizada desde los 14 años, en Santa Cruz del Quiché, el cual —aunque extremo— demuestra que el racismo sigue más vigente que nunca en el país.
El Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación de las Naciones Unidas insiste en que Guatemala no cuenta con datos confiables acerca de la composición demográfica de los ciudadanos.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Discriminación Racial, pero en Guatemala no hay mucho que celebrar. El racismo no solo se traduce en maltratos, como en el caso de Candelaria; existen otros tipos, insertos incluso en las expresiones del habla popular, que pasan desapercibidos a diario.
Según se desprende de las observaciones y recomendaciones efectuadas recientemente por el Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación de las Naciones Unidas (CERD), los esfuerzos del Estado por acabar con prácticas racistas no han sido suficientes.
A pesar de que han pasado 23 años desde que Guatemala firmó la Convención para la Eliminación de la Discriminación y el Racismo, las organizaciones indígenas estiman que de 1994 al 2007 solamente se cumplió el 4 por ciento de las recomendaciones emitidas por la ONU. Estas dos serían la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Política Nacional contra el Racismo.
La CERD continúa manifestando preocupación por la escasez de avances en aspectos como el acceso a la justicia, la aprobación de leyes sobre derechos de los pueblos indígenas, la falta de tipificación del delito de racismo o el continuo desplazamiento de indígenas de sus territorios en favor de megaproyectos.
Dos visiones opuestas
En febrero último, el Estado de Guatemala presentó en la Comisión sus informes 12 y 13 (con dos años de retraso) sobre las medidas tomadas para acabar con el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas, garífunas y xincas en el país. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil presentaban un informe alternativo, que poco tiene que ver con el oficial.
Mientras el texto oficial habla de avances, como la aprobación de la Política Nacional contra la Discriminación y el Racismo, así como de varios acuerdos ministeriales y gubernativos, o la introducción del eje de pueblos indígenas en varias leyes, las organizaciones consideran que solo se destacan pequeños “éxitos” que “no conducen a erradicar el racismo, no lo confrontan directamente y son más formales que sustanciales”.
Un informe alternativo, preparado por indígenas, señaló“preocupación por los informes del Estado, ya que se enfocan exclusivamente en el trabajo de algunas instituciones del Estado que atienden temas relacionados con los pueblos indígenas, cuyos presupuestos para funcionar son insignificantes y no presentan información sustancial sobre la erradicación de la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala”.
Los datos dan la razón a las organizaciones en las cuestiones de acceso a justicia y representación política: de 412 casos de discriminación recibidos por el Ministerio Público, solo cuatro tuvieron sentencia; se calcula que al menos tres millones de indígenas no tienen acceso a la justicia; el Congreso tiene 138 diputados ladinos, frente a 20 indígenas, y de 660 jueces, solo 50 hablan un idioma maya.
También las cifras corroboran la situación de exclusión social que viven los pueblos: la pobreza en indígenas es del 74 por ciento, frente al 38 por ciento en ladinos, y el 61 por ciento del analfabetismo corresponde al primer grupo.
Lo que dice la ONU
En sus observaciones, esta vez la Comisión hizo énfasis en la ausencia de datos respecto de la composición demográfica de la población guatemalteca, reiteró su preocupación por la falta de legislación que tipifique como acto punible el racismo y lamentó que en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, efectuada a finales del 2009, no fue favorecido ningún indígena.
Además, considera graves los ataques contra defensores de derechos de los pueblos indígenas, y el déficit en la participación en los puestos clave del Estado.
Especialmente preocupante le parece a la Comisión la tensión en territorios indígenas relacionada con la explotación de recursos naturales: “El Estado parte sigue permitiendo el despojo de las tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas, aunque estas se encuentren debidamente inscritas en los registros públicos”. En la actualidad, según el informe alternativo, existen 459 concesiones (259 de explotación, 136 de exploración de minerales y 64 proyectos hidroeléctricos).
Una vez más, los hechos, los datos (escasos) y las historias personales demuestran que el instrumento ratificado por el Estado de Guatemala hace más de dos décadas ha servido solo para engrosar las gavetas de documentos.
“El racismo más difícil y sofisticado es el que asumimos como cotidiano, como parte de la costumbre de que así ha sido, así es y no hay por qué cambiar”, señala la antropóloga Irmalicia Velásquez.
Este racismo, presente cada día, se basa fundamentalmente en estereotipos que colocan a los indígenas como seres inferiores, se refleja en actitudes de desprecio, y es el que enfrentan las trabajadoras domésticas (más de un millón en la capital) o los niños en las escuelas, cuando les dicen “no seas indio”, explica Velásquez.
Pero, según esta antropóloga, “lo que más molesta y más indigna, y lo que más duele es que ni siquiera esta situación hace que se levante la voz, que nada de eso indigne; es la indiferencia de la sociedad”.
Fuente: www.prensalibre.com - 210310 |
