Viven sin nombre y sin derechos
Por Lorena Seijo - Guatemala, 24 de septiembre de 2007
Menores de 5 años no han sido inscritos en el registro
Se calcula que en Guatemala más del 18 por ciento de niños menores de 5 años no han sido inscritos en el registro, por lo que oficialmente no existen ni tienen derechos.
Elsa* lleva casi 20 años viviendo en Guatemala, tiempo durante el cual ha tenido seis hijos; la mayor tiene 12 años, y el más pequeño, 9 meses. Llegó de El Salvador a vivir al país, pero la precariedad económica, la falta de educación y el desconocimiento del sistema legal generó que nunca consiguiera sus papeles. Sus niños, hijos de padre guatemalteco, nunca fueron reconocidos por éste.
La falta de registro de la madre y la irresponsabilidad del papá son los causantes de que sus hijos carezcan de identidad. El hecho de que oficialmente no existan los coloca en una posición de indefensión y falta de derechos, difícil de superar.
Elsa asegura que nadie le ha dicho nunca qué puede hacer para solucionar esta situación, y cada vez tiene más miedo de pedir ayuda. Ninguno de sus hijos ha ido a la escuela. No viaja muy lejos de su casa con ellos, por miedo a que se los quiten o los deporten.
Preocupada por la situación de sus hijos, se armó de valor un día y fue al Registro Civil. Allí le dijeron que la única posibilidad que tenía era ir a El Salvador, renunciar a su nacionalidad y volver con los papeles a Guatemala, para comenzar el trámite de inscripción de todos; sin embargo, esta solución es demasiado cara para ella.
El caso de esta familia, pobre y excluida, no es una excepción. En el país más del 18 por ciento de niños y niñas menores de 5 años carecen de registro civil, según afirma el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Aunque en Guatemala no se ha hecho un estudio profundo, la media proviene de una evaluación a nivel latinoamericano. Los países con más población indígena son los que poseen mayor subregistro.
“La exclusión, la falta de oportunidades, el machismo y la pobreza son algunas de las causas que inciden en que las niñas indígenas sean las más ignoradas, las que no poseen ni fe de edad”, afirma Justo Solórzano, de Unicef.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 8, de manera expresa, el derecho a la identidad , y en el 7, al nombre y a la nacionalidad. Pero en Guatemala no existe una política pública que regule esa norma.
Pero el país no es el único donde se da este problema. En naciones como Bolivia o Haití, más del 20 por ciento de los menores de 5 años “no existen”.
De acuerdo con Solórzano, es complicado dimensionar lo que implica “no existir”. Los niños y niñas que no tienen partida de nacimiento o fe de edad no pueden asistir a la escuela, ir a un hospital o ser acogidos por el sistema de protección oficial.
Normalmente, los padres no acuden a registrar a sus hijos a tiempo, por razones económicas. Tomar transporte público, pagar el documento y la comida fuera de casa puede suponer unos Q70, dinero del que no todas las familias guatemaltecas disponen.
La cosa empeora cuando se trata de una familia indígena pobre, en la que la madre también carece de cédula, por lo que no puede acudir sola a registrar a su bebé, y además no sabe hablar español, así que necesita a alguien que le traduzca lo que el registrador civil le pregunta.
“En algunas familias sí hacen el esfuerzo de ir a inscribirlos, pero sólo si son niños; si son niñas, no, porque ya han decidido que no van a ir a la escuela, y además no van a trabajar fuera de su hogar”, añade Solórzano.
Si un niño no es inscrito en el Registro Civil 30 días después de nacido, su padre tendrá que pagar una multa por el retraso.
Solórzano sentencia que “los sin nombre” están condenados al subdesarrollo y a repetir el círculo de pobreza que en estos momentos socava a Guatemala, por lo que exhorta a las autoridades competentes a que pongan manos a la obra para revertir esta situación.
Los riesgos de no estar inscrito
Los menores ven restringidos sus derechos, por no tener documentos.
No pueden ir a la escuela porque no se les permite registrarse.
No pueden ir a los hospitales porque se les pide documentación para certificar su identidad.
No pueden ser acogidos por el sistema de protección estatal, porque oficialmente no existen.
Como no tienen registro de nacimiento, tampoco de defunción, por lo que no cuentan para las estadísticas.
Su identidad puede ser alterada con documentos falsos, con fines de venderlos o adoptarlos.
De adultos no podrán tener un contrato de trabajo.
No podrán comprar o vender una propiedad.
No podrán heredar.
No podrán votar ni ser electos.
No podrán viajar legalmente a ningún otro país.
No podrán acceder a un crédito o ayuda oficial.
Política pública
Según Justo Solórzano, las soluciones a este problema no son difíciles de aplicar. Primero haría falta un proceso de cedulización de las madres, para que puedan inscribir a sus hijos. La inscripción debería ser gratuita, y los registros deben ser tecnificados, para evitar los riesgos de que los documentos permanezcan en libros, fáciles de destruir.
Recomienda también hacer un estudio sobre el subregistro, para determinar claramente la dimensión del problema. Lo más importante sería aprobar una política pública nacional que englobe todas estas soluciones.
Fuente: www.prensalibre.com |
