ONU señala falta de seguridad y justicia
Por Leonardo Cereser - Guatemala, 26 de marzo de 2009
La implementación de fuerzas combinadas para proteger a los ciudadanos no ha dado los resultados esperados por las autoridades.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) hizo una fuerte crítica al sistema de seguridad y justicia de Guatemala, por medio de su informe anual, divulgado ayer.
En el documento destaca que persisten las ejecuciones extrajudiciales y acciones de grupos de limpieza social integrados por civiles; reconoce avances como la aprobación de la Ley contra el Femicidio y ve positivos los cambios en la Policía y de fiscal general.
Además, la Oacnudh plantea 15 recomendaciones para los poderes del Estado y el Ministerio Público, que, de ponerse en práctica, ayudarían a combatir la impunidad y fomentarían un Estado que respete los derechos humanos.
El informe fue presentado por Amerigo Incalcaterra, representante interino de la Oacnudh, y Juan Monge, jefe adjunto de esa oficina, expuso sobre las cifras de violencia y otros sucesos en el país.
El reporte sobre la situación de los derechos humanos en el 2008 señala que ese año se registraron seis mil 244 muertes violentas, lo que significa incremento de 8 por ciento, al comparar los cinco mil 781 homicidios del 2007.
“Guatemala presentó en el 2008 una tasa de 48 homicidios por cada cien mil habitantes, una de las más altas entre los países del mundo, oficialmente, en paz”, expresó Monge.
Parte del documento señala que la muerte violenta de mujeres aumentó a 722, en comparación con las 590 del 2007.
El informe, presentado ayer al Consejo de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó: “La impunidad es un problema estructural que favorece los altos niveles de violencia. El Organismo Judicial tiene resultados limitados y poco perceptibles para quienes buscan justicia”.
Añade que durante el 2008 murieron 22 personas en linchamientos y que nadie fue capturado como responsable.
Hace énfasis en que persisten los aparatos clandestinos de seguridad insertos en instituciones del Estado, y como ejemplo citó el asesinato de Víctor Rivera, ex asesor antisecuestros del Ministerio de Gobernación.
Pena de muerte
La Oacnudh pidió aprovechar la moratoria en cuanto a la pena de muerte, para abolirla, con el argumento de que no tiene efecto disuasivo para los criminales.
La Oficina advierte que aún está pendiente el reconocimiento por las instituciones del delito de desaparición forzada, en especial para juzgar crímenes durante el conflicto armado.
Señala la interposición de recursos legales para evitar que detectives tengan acceso a información militar relevante en pesquisas sobre genocidio, y dilaciones procesales que evidencian obstaculización a la justicia.
Incluso menciona que “el anuncio presidencial del 25 de febrero del 2008 sobre acceso público a los archivos militares fue desafiado por el argumento de seguridad nacional utilizado por el Ministro de la Defensa”.
Exhorta al Estado a implementar de manera coordinada, coherente y eficaz las sugerencias del documento. Los expositores expresaron que a pesar de algunos avances, aún queda mucho por hacer.
Este es el tercer informe que presenta la Oacnudh desde su instalación en el país, a finales del 2005.
Ruth Del Valle, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), aceptó los señalamientos y dijo que el Gobierno tiene una política de cumplimiento de los derechos humanos y tomará en cuenta la recomendaciones.
Fuente: www.prensalibre.com |
