¡A quetzal, a quetzal el pegamento!, así comienza su día el pequeño Daniel en una camioneta de ciudad Guatemala, donde se gana el pisto (dinero) para ayudar a su familia.

Mientras trata de convencer a los pasajeros de que compren su mercancía barata, la madre lava ropa y su hermana cuida a la "patoja", de tres años de edad.

A casi 200 kilómetros de la capital, en una esquina del frío departamento de Totonicapán, Marisa monta desde muy temprano una mesa con canastas llenas de "manías" (maní) y habas.

¿No vas a la escuela, pregunto?, y su respuesta es convincente: "Tengo que cuidar la venta".

Cuando no está en la mañana en su puesto, acompaña a su mamá en la tarde con la hermana más pequeña envuelta en un "perraje" (manta para cargar a los bebés sobre la espalda).

Montaña arriba, en el concurrido mercado de Momostenango, Luis Tzul vocea en busca de clientes para lustrarle los zapatos. Aunque llevo tenis, mi identidad de "extranjera" delata y me tira del vestido con la esperanza de obtener una buena recompensa.

Cuando termina su jornada puede que llegue a unos cinco quetzales, suficiente "para comer tortillas o atol" porque la competencia de otros limpiabotas es fuerte.

Para estos niños, la escuela es un sueño imposible. Desde pequeños trabajan duramente para ayudar a completar el ingreso hogareño.

El estado de pobreza y pobreza extrema en que viven seis de cada 10 familias guatemaltecas hace de la niñez un potencial económico para la supervivencia.

A ello se suma una cultura autoritaria, machista y discriminatoria que visualiza al niño y, más aún a la niña, como seres con mínimos derechos.

En las zonas rurales, por ejemplo, la incidencia de la pobreza es casi tres veces mayor que en el área urbana, lo cual se traduce en exclusión social, étnica, económica y cultural.

Y aunque es una tradición que desde edades tempranas los hijos ayuden en el campo o carguen pesados bultos de leña, la precaria situación actual obliga a los padres a emplearlos en oficios duros y peligrosos como algo natural.

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dan cuenta de que aproximadamente un millón de infantes, entre cinco y 17 años, conforman el 20 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en Guatemala.

Si bien existe una ley que prohíbe la contratación de menores de 14 años, estos laboran en sectores que van desde la agricultura, manipulando pesticidas, en la minería expuestos al plomo, o picando piedras en las orillas de los ríos.

También se les ve manipulando pólvora en las coheterías clandestinas, o compitiendo en los basureros con perros y zopilotes por un bocado de comida.

Otros lavan carros en los escasos minutos que les da el semáforo; venden en tiendas, mercados y esquinas; se disfrazan de payasos y actúan en buses o los emplean como "brochas" (ayudantes que viajan colgados de la puerta voceando la ruta en busca de mayor cantidad de usuarios).

En todos los casos se exponen a riesgos físicos y peligros que atentan contra su vida, crecimiento e integridad psicológica, principalmente cuando se conoce que más de dos mil niños son explotados sexualmente en casas clandestinas.

Los tentáculos de estas redes están extendidos por todo el país y proliferan, según la OIT, en sus más diversas variantes: pornografía, espectáculos públicos y privados de índole sexual o erótica y sexo remunerado.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el fenómeno es cada día más alarmante porque la pornografía no es un delito tipificado en el Código Penal, lo cual impide castigos severos contra ese tipo de flagelo.

Las fuentes para este lucrativo negocio provienen del tráfico de menores, en buena parte robados, o de aquellos que abandonan sus hogares víctimas del maltrato. Una vez en la calle, se exponen a las pandillas, la droga y todo tipo de abusos.

Un reflejo de ello es el alarmante incremento de los asesinatos de niños y adolescentes que se resume en el término infanticidio en los informes anuales de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.

La niñez no escapa a la violencia generalizada que vive el país y al estado de desconfianza hacia las instituciones encargadas de poner freno a lo que ya se considera una epidemia que alcanza a todos los estratos y sectores sociales.

En el 2005, perdieron la vida unos 500 menores a consecuencia de las armas de fuego y en el 2006 la cifra continúa en ascenso.

Detrás de cada historia asoma la cara de la pobreza con sus tentáculos: desnutrición crónica, mortalidad de 40 por cada mil nacidos vivos (46 en la población indígena), 20 por ciento de la población fuera del sistema de salud y elevada deserción escolar.

Y aunque varias instituciones como Casa Alianza, la Agencia de Noticias a favor de la Niñez y la Adolescencia (La Nana) y UNICEF abogan por el respeto a los derechos de la niñez y la juventud, la respuesta a nivel de Estado y de los medios de comunicación es insuficiente.

Un monitoreo de la prensa en el 2004 realizado por La Nana demostró que el espacio noticioso donde más aparecen los niños y adolescentes corresponde al de sucesos (crónica roja), casi siempre como víctimas o victimarios pero muy poco como protagonistas.

Son los grandes olvidados de la agenda noticiosa y también del Gobierno. Guatemala le da la espalda a su mayor tesoro, que en buena medida vive y crece excluido e invisible.

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